No es el INE, es el INAI SDP Noticias

Sólo hay 2 fechas en las que las instituciones electorales han sido clave para la obtención del poder político en México, desde 1929: las elecciones presidenciales de 1988 y las de 2006, porque en ambas ocasiones hubo sospecha de fraude por una parte importante del electorado, y en ambos casos, sobre todo en el segundo, la diferencia era tan pequeña, que fácilmente se pudo haber volteado el resultado si se hubiera accedido a abrir los paquetes electorales.

A contrario sensu, en ninguna otra ocasión la Presidencia de la república ha estado a merced de lo que digan los consejeros y magistrados electorales. Con esto no quiero decir que no importen, sólo que no han sido el factor decisivo.

Por eso llama la atención que tantos actores políticos estén tan obsesionados por mantener ese frente abierto, y ahora el Plan B que, motivado o no, de radical no tiene nada, y la designación de los nuevos consejeros, se ha convertido en el tema más relevante de la política nacional. No lo es.

De entrada porque si la tendencia se mantiene e incluso si ocurre una pérdida masiva de aceptación por parte del electorado al gobierno federal, en 2024 Morena va a ganar las elecciones cómodamente, e inclusive conservará la mayoría simple en ambas cámaras con sus aliados. Mientras tanto, otro de los rubros autónomos emblemáticos, el de la transparencia, ha estado sufriendo una erosión consistente e incremental.

La revista Proceso publicó un reportaje donde infiere que la transparencia se ha reducido en todo el país, a nivel federal y local. Si confiamos en la información comunicada, parecería que todos los gobiernos, estatales y municipales, se han envalentonado contra sus institutos de información, y como estos no tienen verdaderos dientes, no ha pasado gran cosa.

El número de sanciones, nos dicen, es elevado, pero no hay datos acerca de cuántas efectivamente se han ejecutado. Por algo será. En este sentido, y mientras todos pelean por quiénes van a ser los consejeros que le levanten la mano a Morena en 2024, el INAI está a punto de quedar inoperante por crisis constitucional ante la falta de integrantes.

Se nombre o no a los comisionados, esto es una muestra de que en un sistema representativo, todas las autoridades, desde su nombramiento, tienen que pasar por ese sistema de representación tarde o temprano, que siempre es político y siempre es partisano (que ya no partidista).

No hay vuelta de hoja, y por eso los órganos autónomos, al más alto nivel, son también órganos políticos y están sujetos a la negociación política. Sus titulares deberían asumir eso en lugar de una actitud inexplicable de arrogancia erudita, donde creen que están donde están porque saben mucho.

No siempre hay alguien que sabe más y cobra más barato. Ellos están timoneando o gerenciando una institución que debe hacer gala de objetividad y legalidad, sí, pero también de habilidad y oportunidad política si quieren asegurar, para empezar, la propia superviviencia del organismo.

Si a alguien se le ocurriera promover la desaparición o anulación de facto de los órganos de transparencia gubernamental, hay una buena posibilidad de que casi toda la clase política apoyara esta moción, porque a diferencia de los órganos electorales o los reguladores especializados, todo el que tenga poder público tiene en el escrutino público su primer obstáculo y su primer filtro.

Quien debe explicar lo que hizo y porqué lo hizo, es menos proclive a la arbitrariedad, y el poco o mucho poder que alguien tenga, se vuelve mucho mayor desde el minuto mismo en que puede ejercerlo sin reflectores. Hay un principio tan viejo como la política misma: el poder se ejerce más plenamente y tiene más posibilidades de acrecentarse cuando navega en la opacidad. No es el conteo de boletas o votos, sino la capacidad de decidir y ejecutar sin explicaciones, lo que da origen a la concentración y permanencia de poder real. No es el INE, es el INAI.