CNDH emite recomendación a Sedena por agresión a jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas Calle México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 95VG/2023 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones inherentes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero.
En la Recomendación 95VG/2023, la CNDH solicitó al secretario de la Defensa Nacional que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las siete personas agraviadas, incluyendo a los integrantes de sus núcleos familiares, a fin de que se proceda a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas.
Además, se debe otorgar la atención médica, psicológica y tanatológica que las víctimas directas sobrevivientes e indirectas requieran, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y ajeno a la Sedena y otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación, física, psíquica y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y mental, y sus especificidades de género.
También pidió que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que la Comisión Nacional presente ante el Órgano Interno de Control en la Sedena en contra del personal que sin justificación legal alguna accionó sus armas de fuego en agravio de las siete víctimas directas, así como en la integración de la Causa Penal 1, y en el proceso penal derivado de las Carpetas de Investigación 2 y 3, a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los cuatro elementos castrenses señalados como responsables y demás personal militar que la autoridad jurisdiccional y ministerial, en cada caso, determinen como responsables de los hechos en agravio de las siete víctimas.
Finalmente, la CNDH solicitó y ofreció su participación, a fin de aplicar un plan amplio de capacitación y formación que incluya el apoyo psicológico y de las condiciones en que desarrolla sus labores el personal militar, así como la impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos sobre el uso de la fuerza pública y el uso legítimo de las armas de fuego, dirigido al personal militar involucrado en los hechos.
(milenio.com)
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