La conexión Puerto Rico El Sur de Acapulco

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Raymundo Riva Palacio

La trama involucra a mafias rusas y rumanas, a más de una decena de gobiernos, a cárteles de las drogas mexicanas, a guerrillas colombianas, a funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al embajador en Canadá y ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y a un agente de inteligencia venezolano con ciudadanía mexicana, en una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas. Esto no es un thriller, sino una realidad que supera la ficción y que forma parte de una investigación de cuatro agencias de Estados Unidos, que descubrieron en el hackeo de millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la punta de la madeja.
La investigación en curso es llevada en Estados Unidos por la CIA, el FBI, la Agencia para el control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, así como por el Departamento de Seguridad Territorial, que están armando un rompecabezas complejo que presume que el lavado de dinero, que tiene como eje a San Juan, Puerto Rico, por la laxitud de sus controles financieros, con ramificaciones importantes en Cancún, Punta Cana (República Dominicana), Los Roques (Venezuela), y en menor medida Belice, Colombia, Nicaragua, Brasil y Panamá, tiene como propósito financiar la llamada revolución bolivariana y acciones terroristas.
Las agencias estadunidenses comenzaron la investigación en 2019 siguiendo las rutas del lavado de dinero, pero hasta que aparecieron los Guacamaya Leaks el año pasado, como se llama al hackeo que realizó un grupo misterioso a la Secretaría de la Defensa Nacional, se alcanzó a ver su dimensión. Una primera fotografía de esta investigación la aportó la reportera María Idalia Gómez en un trabajo dividido en dos partes en Eje Central, donde reprodujo varios de los correos electrónicos del Ejército que muestran cómo en toda esta trama figuran funcionarios del gobierno de López Obrador que están apostando, por dinero o ideología, a los fines bolivarianos chavistas.
Las figuras claves en el caso mexicano son Juan Manuel Calderón Jaimes, nombrado en marzo de 2019 por el presidente como cónsul general en Puerto Rico, y Jorge Luis Brizuela Guevara, a quien se conoce en Quintana Roo como el venezolano, que se presenta como empresario. Previamente a su designación en Puerto Rico, Calderón Jaimes, un diplomático de carrera, fue agregado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de la Embajada de México en Venezuela, donde de acuerdo a los informes de la Defensa, fue “cooptado” por los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Brizuela Guevara, tiene un pasaporte mexicano expedido por un consulado general de Florida, y de acuerdo con un correo de la Defensa del 4 de agosto de 2020, “es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” del gobierno de Nicolás Maduro. En ese mismo correo se le identificó como enlace entre los miembros de la mafia rumana en Cancún y los servicios de inteligencia venezolanos, así como el gozne entre el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y “organizaciones criminales trasnacionales”.
Otro correo enviado por un coronel de inteligencia mexicano en Belice el 31 de enero de 2022 sobre las operaciones financieras del Belize Bank Limited, mencionó a Brizuela Guevara como el arquitecto de una estructura a través de varios bancos beliceños hacia Puerto Rico con transferencias de ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y rumanos, que servían para “movilizar recursos de procedencia ilícita de las estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas”.
Brizuela Guevara estuvo involucrado en varios problemas violentos en Quintana Roo, aparentemente por un fraude por una subcontratación de carpas Covid, asignada por el entonces gobernador. Nada se ha sabido de esos contratos. Lo único cierto es que pese a los correos de la Secretaría de la Defensa, no hay ninguna investigación sobre Brizuela Guevara, ni afectó para que Joaquín González llegara a Ottawa, pese a las alertas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se empezó a recibir información de actividades irregulares e ilícitas de mexicanos y empresas nacionales vinculadas con el gobierno de Maduro que se cruzaban con los venezolanos en la Riviera Maya.
Un correo del 24 de febrero del año pasado monitoreado por los servicios de inteligencia militares, menciona que Calderón Jaimes le comunicó al subsecretario para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe, Maximiliano Reyes, que “existe información muy delicada que indica que Joaquín (N) está usando Facebank para sus operaciones”. Facebank es un banco venezolano que forma parte de las instituciones que son sujetas a la investigación de las agencias estadunidenses sobre el presunto lavado de dinero.
“Joaquín” es Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo, que a mediados de 2020, junto con una empresa asociada, Schlager Business Group, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de esa nación mediante el comercio con petróleo venezolano.
Un correo de la Defensa del 22 de noviembre de 2019, revela la existencia de dos contratos entre México y Venezuela, denominados “Petróleo por Alimentos”, donde le daban 210 mil toneladas de maíz –aparentemente de los faltantes del fraude en Segamlex– y mil cisternas de agua potable, a cambio de dos millones de barriles de petróleo diario, que se incrementó a 30, que fueron transportados por las dos empresas mexicanas, que se convirtieron en los principales clientes de la empresa petrolera venezolana.
La conexión Puerto Rico no parece estar lejos de ser dada a conocer, en todos sus detalles, por las autoridades estadunidenses, donde la vertiente mexicana de todo este entramado criminal va a surgir. Hay un número no precisado de funcionarios del gobierno de López Obrador involucrados, aunque por la vigilancia que tiene inteligencia militar sobre la cancillería mexicana, se presume que la mayoría puedan encontrarse en esa dependencia. Pero no son los únicos. Funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, por el tipo de operación que se realizó con Venezuela, podrían también figurar en la triada criminal, terrorista e ideológica, del entramado que están terminando de armar en Estados Unidos.

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