De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, en el último año de gobierno de Javier Duarte el 90 por ciento de los fondos educativos federales otorgados a Veracruz fueron desviados a cuentas bancarias desconocidas.
El gobierno federal entregó a la administración de Duarte en 2016 la cantidad de mil 204 millones de pesos para infraestructura educativa y asistencia social de la Universidad Veracruzana, el Instituto de Espacios Educativos y el DIF estatal, aunque sólo 141 millones quedaron en las arcas del gobierno.
La Auditoria Superior de la Federación detectó que la Secretaría de Finanzas del estado de Veracruz aportó a esos organismos 11 millones de pesos.
Según indica el organismo fiscalizador, al menos 132 millones 204 mil 200 pesos fueron retenidos en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y ahí continúan.
La ASF dictaminó que “mil 62 millones 654 mil 200 pesos (incluye intereses) se transfirieron a otras cuentas bancarias y, a la fecha de la auditoría no han sido reintegrados en la cuenta del fondo".
Por lo anterior, la ASF instruyó a la Contraloría del Gobierno del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, a revisar el informe y que eventualmente presente una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
La Auditoría Superior de la Federación detectó también otros 3 mil 200 millones de pesos desviados por Duarte de Ochoa en su último año de gobierno, en donde el desfalco al erario es el doble de los mil 670 millones de pesos por los que el ex mandatario veracruzano se encuentra en detenido.
De las nueve auditorías aplicadas al gobierno estatal en 2016, en dos se detectó que el gobierno de Duarte desvió fondos federales destinados a programas de la SEP, la Semarnat, la Segob, Inmujeres y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el estado.
Las investigaciones de la PGR señalan que la administración priista desvió una suma aproximada de mol 670 millones de pesos por orquestar una maquinaria de corrupción en la que el gobierno estatal contrataba empresas “factureras” para simular contratos.
Además, la PGR detectó que cuatro constructoras constituidas de manera legal y con historial de contratos recibidos durante el sexenio de Duarte, también depositaron mil 170 millones de pesos a empresas fantasma que blanqueaban dinero al ex gobernador de Veracruz.