Un sexenio perdido, define la directora de AI México a presente administración El Siglo de Torreón

México es un "cementerio de norte a sur" afirmó Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI), al hacer un balance del número de defensores de derechos humanos y periodistas asesinados en el país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que pese a que hay avances importantes en el sexenio, como la aprobación de las leyes contra la tortura, y para la búsqueda de personas desaparecidas, quedan muchos pendientes para la próxima administración, como fortalecer el Sistema de Justicia Penal y reconocer que en un país con la mitad de población en pobreza "no se puede hablar de un Estado democrático", por lo que se refirió a la actual gestión federal como "un sexenio perdido".
Calificó como una gran falta el debate de derechos humanos por los candidatos a la Presidencia de la República, debido a que consideró que las garantías no sólo son la balanza en el poder, sino que tendrían valores éticos y jurídicos que tienen que ser considerados en cualquier plan de gobierno.
El candidato que gane la Presidencia es necesario que tenga un dialogo con la sociedad civil.
El año 2017 fue muy violento, ¿cuál sería su opinión sobre este alto índices de asesinatos? —Es una combinación de impunidad, falta de investigaciones y de violencia social.
Hay tres elementos que se conjugan, pero además son factores que se conjugan no desde este año.
Estábamos revisando los informes de AI desde 1977 a la fecha y es increíble como los informes desde 1977 nos dan cuenta de los mismos problemas: tortura, desapariciones, un sistema penitenciario colapsado, es decir, la fotografía no ha cambiado, sino que ha empeorado.
¿En qué es lo que ha fallado el Estado mexicano para la defensa de los periodistas y defensores de derechos humanos? —Ha faltado no sólo voluntad política, sino que el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tenga presupuesto, muchísimo más personal, y también analizar que en ocasiones, este tipo de instrumentos son el colofón, el último escalón en un contexto de violencia, de impunidad y ésta da un mensaje poco alentador, porque no es que no sólo no se investigue bien, sino que los hechos pueden volver a pasar sin ninguna consecuencia.
Cuando hablamos de impunidad, no sólo es la falta de castigo, es también todo lo que compone: hipertramitación, hiperjudicialización de casos, y falta de investigación que dan por resultado la falta de castigo.
¿Veracruz puede considerarse el cementerio de los periodistas? —En general, México es un cementerio de periodistas, de defensores de derechos humanos, de migrantes, de personas que no sabemos dónde está su paradero y hasta que no sepamos su paradero no podemos decir que están muertas, pero sin duda, con los hallazgos que a veces hace la justicia de fosas clandestinas, podemos decir que México es un cementerio de norte a sur.
El caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿puede ser considerado como el gran pendiente de este sexenio? —No sólo es el gran pendiente del sexenio, es una mentira histórica.
¿Ven avances desde 2014? —Se ha mantenido la interlocución con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es positivo, se le da seguimiento al caso, pero si nos preocupa que no hay seguimiento concreto sobre las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En septiembre hubo dos sismos que afectaron varios estados, ¿el gobierno actuó rápido? —A nosotros nos parecen tres cosas, lo primero es la falta de coordinación de los servicios de rescate, la falta de comunicación y de centralización.
Mucha de la discusión se concentró en la Ciudad de México, la ayuda fue en la capital y hoy no sabemos a ciencia cierta de qué pasó en Morelos y qué está pasando en Oaxaca.
¿Por qué lo hemos vinculado esto con violaciones a derechos sociales y culturales? Porque cuando una persona pierde su vivienda se afectan otros derechos: la seguridad, a la paz y estabilidad.
En el caso de los niños que perdieron su casa y escuela, el derecho a la educación.
Se evidenció que ante una tragedia natural, las instancias de gobierno aún tienen que aprender a coordinarse mejor.
El año 2018 es electoral, los candidatos presidenciales no han mencionado a los derechos humanos, ¿las garantías no atraen votos, se relega el tema? —En el contexto de la inseguridad y la violencia, no considerar los derechos humanos como un tema de la agenda, es una gran falta.
Las garantías no sólo son la balanza en el poder, sino que tendrían que ser valores éticos y jurídicos que deben ser considerados en cualquier plan de gobierno.
En cambio, lo que seguimos viendo es atacar la inseguridad con violencia, sólo con discursos de mano dura, con la narrativa de sanción y no con entender la inseguridad desde una perspectiva integral y ahí los derechos humanos tienen mucho que decir, y la comprensión de las garantías individuales no ha alcanzado a quienes hacen campaña.
Queremos que los candidatos nos digan ¿qué van a hacer por los derechos humanos?, ¿dónde está el derecho a una vida libre de violencia a la mujeres?, ¿dónde queda el derecho a la seguridad de cada una de personas que vivimos y transitamos en este país?, ¿dónde está el derecho a tener una vida digna, una vivienda digna, un salario digno? ¿dónde está el derecho a no ser pobres? ¿A qué cree que se deba que no esté en sus propuestas? —Puede ser que sea un discurso que no trae votos, que está muy vinculado con los derechos humanos, y muchas veces ligados con la defensa de delincuentes, eso es lo que a botepronto la gente te dice, no porque yo lo crea, sino porque la gente te dice eso.
Probablemente no sea un discurso atractivo para los fines electorales, pero es indispensable para la construcción de la ciudadanía.
¿Influirá en el tema de los derechos humanos la persona que llegue a la Presidencia? —Es un desafió al que no me quiero adelantar, esperemos que cualquier persona que llegue entienda que la interlocución con la sociedad civil no sólo es indispensable en un Estado democrático, es necesario escuchar las agendas de la sociedad.
La interlocución no sólo puede ser una buena señal democrática, sino indispensable para entender los problemas desde otra perspectiva.
¿Cuáles serían los pendientes para el próximo gobierno? —Hay dos, el primero está vinculado con el Sistema de Justicia Penal.
Muchos de los problemas que nos aquejan caen en el método, fortalecer la fiscalía y tener servicios periciales independientes.
El otro es la medición adecuada de la pobreza y reconocer que en un país donde 50% de personas están en pobreza no se puede hablar de un Estado democrático.
¿Hay algo que reconocer al gobierno de Enrique Peña Nieto? —Creo que en derechos humanos hay cosas que reconocer, aunque llegaron tarde, la aprobación de las leyes contra la tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas.
Hay que reconocer que se dejaron las bases para construir todo un sistema de búsqueda, y para evitar la tortura.
Si pudieras definir con una palabra el tema de derechos humanos en la presente administración federal, ¿cuál sería? —Un sexenio perdido.
¿Por qué? —Porque nos parece que los avances han estado básicamente desde la perspectiva normativa, pero en el resultado de las cifras, de los asesinatos, de la agenda de los derechos humanos, está ahí la evidencia.
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