Estafa Maestra: cuánto dinero fue desviado del caso que relaciona a Rosario Robles Infobae

El pasado 20 de octubre, el juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Alejandro Villar Ceballos, determinó que Rosario Robles Berlanga continuara tras las rejas de la cárcel de Santa Marta Acatitla.

Argumentó esta decisión diciendo que había un alto riesgo de fuga si se le concedía a Robles prisión domiciliaria.

Tras esto, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), declaró en una entrevista para Grupo Fórmula, que no se sentía derrotada, sino triste.

“No estoy derrotada, estoy triste, asustada, pero veo las injusticias. Y entonces digo, si el canciller (Marcelo Ebrard) con el que yo coincido plenamente dice ‘A mí no me tocaba estar viendo los tornillos’ (por el accidente de la Línea 12 del Metro), yo era la secretaria de Estado, a mí no me tocaba estar viendo los tornillos. Es el mismo criterio”, declaró Robles.

También explicó que tenía mucha expectativa de que se hiciera justicia y que pudiera llevar en libertad su proceso, tal y como lo amerita el delito por el que es acusada, pero que la decisión del juez le generó desesperanza, impotencia y tristeza, pero también ganas de seguir luchando.

La exfuncionaria, a quien se le relaciona con el desvío de recursos de la dependencia a la que estuvo al mando, en una triangulación con universidades públicas conocida como La Estafa Maestra, dijo que el tiempo que ha estado en prisión le ha servido para aprender muchísimo de sí misma, pero también ha analizado mucho la situación por la que está pasando.

“Es una venganza (...) El presidente dice y yo le tomo la palabra que de su parte no es (una venganza), entonces, ¿de parte de quién es? Pero de que hay venganza, sí”, afirmó.

Robles Berlanga, también aseguró que se le pidió inculpar al expresidente Peña Nieto y a quien fuera el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de su sexenio, Luis Videgaray.

Fue el 13 de agosto de 2019 cuando Rosario Robles fue encarcelada, y es la única relacionada con el tema de la Estafa Maestra tras las rejas. A Robles se le acusa de “omisión” por no informar a su superior jerárquico, en este caso EPN, del desvío de 5,073 millones de pesos, en Sedesol y Sedatu, cuando ella era titular de cada una de las dependencia.

A pesar de ello, la mujer se encuentra encarcelada por no declarar 2,000 pesos y por una licencia falsa.

La Estafa Maestra

Se le conoce como la Estafa Maestra a una investigación periodística dada a conocer en septiembre de 2017, en donde se revelaron algunas estrategias de cómo se llevó a cabo la corrupción en el país durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, utilizó un mecanismo en el que se desviaron millones de pesos. La investigación, hecha por los medios Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revisaron las Cuentas Públicas de algunos años del sexenio pasado, y detectaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos. De ese dinero, se desconoce en donde quedaron 3,433 millones de pesos.

Los 7,670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, pues no tienen ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente, porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

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