Reponer la representación política Excelsior

  Por Rodrigo Morales M.
Un dilema frecuente en toda democracia es cómo garantizar que los votos depositados en las urnas se reflejen bien en la composición de los órganos legislativos.
En México, ensayamos muchas maneras para ir ensanchando la pluralidad y, después, para ir conformando las bancadas parlamentarias lo más apegado al mandato de las urnas.
Hoy sin embargo, existe una distorsión que es imperativo corregir.
La representación política no se corresponde de manera adecuada con la voluntad de los electores.
En nuestro país hay dos fórmulas para integrar la Cámara de Diputados: mayoría relativa y representación proporcional (RP).
Para el primer caso, el territorio nacional se divide en 300 distritos electorales y en cada uno de ellos se elige a un diputado.
Cada tanto tiempo, hay que revisar el trazo de esos distritos porque inexorablemente la dinámica demográfica irá generando distorsiones.
A ese ejercicio se le conoce como distritación, que actualiza los trazos con la información del censo de población para que cada diputado de mayoría relativa represente a un número equivalente de personas.
De esa manera se equilibra el componente poblacional.
Pero pensemos por un momento que un solo partido gana los 300 distritos, así sea por un punto de diferencia con el segundo lugar; si no existiera algún mecanismo de compensación, ese partido tendría la totalidad de los diputados.
Es por ello que se introdujo el principio de representación proporcional.
Es mediante la repartición de los 200 diputados llamados plurinominales que se pretende que la votación de cada partido se corresponda de la mejor manera con los escaños en la Cámara.
Este principio funcionó muy bien por mucho tiempo, la relación entre la votación y los escaños fue muy razonable, no se generaba ni sobre ni subrepresentación de las fuerzas políticas.
Sin embargo, con la reforma de 2007 se empezó a diferenciar los partidos de las coaliciones por buenas razones; se trataba de evitar que siguiera existiendo un acuerdo cupular entre partidos que ocultara la voluntad del electorado.
Con la regulación anterior no sabíamos por cuál de los partidos coaligados se había sufragado; había un pacto entre partidos que, con independencia de lo que cada uno de ellos aportaba a la votación general, predeterminaba un número de diputados.
Ello se corrigió, y ahora sí sabemos lo que aporta cada partido en lo individual.
Sin embargo, la regulación para asignar escaños por el principio de representación proporcional ha abierto la puerta para que exista una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
En 2012 fue marginal; en 2015, la diferencia entre el porcentaje de votación y el porcentaje de diputados a favor de la coalición PRI-PVEM fue de 9.
7 por ciento.
Para la elección federal de 2018, esta distorsión alcanzó el 15.
7% a favor de la coalición Juntos Haremos Historia.
Ello a pesar de que el artículo 54 constitucional establece un límite de 8% de sobrerrepresentación.
El problema es que ahora se sigue distribuyendo la RP con base en la votación de cada partido, y se hace caso omiso de la votación de las coaliciones.
Esa fórmula ha ido produciendo sucesivas distorsiones en la composición de la Cámara que ahora es imperativo corregir.
Hay que volver a lo básico: que los escaños se repartan respetando la voluntad del electorado.
Para los 300 distritos de mayoría lo exigible es que guarden el mayor equilibrio poblacional posible, y para los 200 de representación proporcional, preservando la corrección a la representación, tanto en la votación de los partidos como de las coaliciones.
El INE puede y debe corregir la distorsión y dar certeza a la contienda y sus resultados.
  Columnista: Opinión del experto nacionalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0