Coparmex sugiere mejorar la estrategia de seguridad El Siglo de Torreón

El documento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública tiene pocas estrategias en materia de procuración de justicia, aun cuando acepta que cada año se cometen más de 31 millones de delitos y 99 por ciento de ellos queda impune.
“(En ese documento) difícilmente se puede entender una estrategia de seguridad que no involucre a la Fiscalía General de la Republica (FGR) y al Sistema de Justicia”, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
A esa conclusión llegó la cúpula empresarial luego que el secretario federal de Seguridad Publica y Paz Social, Alfonso Durazo, presentó ante el Senado de la República la estrategia el pasado 25 de abril.
Ese documento, a través de adiciones a los artículos 69 y 76 constitucionales, obliga al titular del Poder Ejecutivo a presentar su estrategia de seguridad sexenal.
Señaló que el documento tampoco contiene tiempos de implementación de las estrategias propuestas ni los responsables de ejecutarlas, aunado a que adolece de la asignación de partidas presupuestales para su ejecución.
Con una inversión de solo 0.
8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad interna y sistema judicial, México ocupa el último lugar en inversión en seguridad entre los 33 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es ciertamente un documento perfectible”, reconoció el organismo a cargo de Gustavo de Hoyos.
En sus 71 hojas, indicó, la Estrategia tienen como objetivo atacar el origen de la delincuencia a través del fortalecimiento del tejido social en ocho ejes que van desde la erradicación de la corrupción como causa principal de la inseguridad, la garantía de empleo, educación, salud y bienestar para los mexicanos hasta la regeneración de la ética social y la reinserción social en los centros penitenciarios.
También se enfoca en la estrategia policial, con la contemplación de un modelo incluyente a las policías municipales y estatales con la Guardia Nacional, así como en la prevención del delito incluyendo el combate a las adicciones.
Otra de las medidas es la correcta distribución de los recursos federales a los estados en materia de capacitación y adiestramiento policial, estrategias de combate al robo de hidrocarburos, lavado de dinero, robo de transporte, tráfico de armas y la aplicación efectiva de la extinción de dominio.
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