Avalan diputados aumentar delitos graves; oposición protesta El Siglo de Torreón

El pleno de la Cámara de Diputados avaló por mayoría calificada, con 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones, reformar el Artículo 19 de la Constitución para incluir nueve delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en los términos de la minuta que envió el Senado, entre ellos, robo de hidrocarburos, corrupción y uso de programas sociales con fines electorales.
Entre acusaciones y con el voto dividido de opositores, Morena y los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social, y los diputados que hoy abandonaron las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aprobaron en lo general el dictamen que preveía solo tres delitos.
En las votaciones, 36 panistas se manifestaron a favor, 34 en contra y tres se abstuvieron, además de que uno sólo registró su asistencia y cuatro no acudieron a la sesión; siete priistas avalaron el dictamen, 36 lo rechazaron y uno no sufragó; 13 diputados de Movimiento Ciudadano votaron a favor y 14 en contra, mientras que, de los 19 perredistas, los nueve que renunciaron a la bancada apoyaron la reforma.
En el debate en lo particular, incorporaron seis delitos más que originalmente establecía la minuta, la cual se turnó a las legislaturas locales para sus efectos constitucionales.
Pese a una propuesta alterna de última hora del PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI), PRD y Movimiento Ciudadano para incorporar los delitos a prisión preventiva “justificada”, que no prosperó, las reservas morenistas y sus aliados incluyeron, tras un largo debate de casi siete horas, en lo particular con 19 oradores y 26 propuestas de modificación, los delitos de abuso o violencia sexual contra menores.
"Audiencias de prisión preventiva fueron simulación" Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados criticaron que las audiencias públicas que se organizaron en el Congreso para discutir la reforma al artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa, no se tomaron en cuenta y solo fueron "payasada", "cacareo" y "simulación".
Al presentar el posicionamiento en contra por parte de la bancada del PRI, la diputada María Alemán Muñoz acusó que fue "una pérdida de tiempo" que expertos y sociedad civil acudieran a San Lázaro convocados por los diputados y externaran su opinión en contra de la reforma.
"Lamentamos profundamente la simulación, la payasada que se llevó a cabo con el nombre de parlamento abierto, una vez más.
Una vez más se la hicieron a la sociedad", indicó desde la tribuna.
A nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle lamentó que "después de dos meses y de un cacaraqueado parlamento abierto", los términos de la minuta que envió el Senado en diciembre hayan quedado iguales.
"No vengan a decir que escuchan a la ciudadanía porque ustedes no escuchan.
Se está buscando dar por su lado a la necedad del Presidente de la República.
Y lo digo con todas sus letras, se trata de necedad, obcecación, de casarse con una idea y no sacarlo de ahí", señaló.
La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara baja, Verónica Juárez Piña, aseguró que Morena y sus aliados "mienten" cuando dicen que escucharon todas las voces durante las audiencias públicas, pues sus recomendaciones no fueron plasmadas en reformas al dictamen.
"Mienten quienes dicen aquí que el parlamento abierto es solo escuchar.
En el parlamento abierto se debe actuar y dar repuesta, cosa que omitió la mayoría de Morena y todos sus aliados", expuso.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván sentenció, a nombre del Partido Acción Nacional (PAN), que la reforma solo llega a ser un "mejoralito" al plan de justicia que realmente se necesita para frenar los delitos que afectan al país y hoy pretenden añadirse al 19 constitucional.
"No estamos atacando el fondo, ni va a cambiar la realidad, es un mejoralito que nos va a ayudar a disminuir un poquitito el dolor, pero un poquitito.
Créanme, no va a cambiar la realidad", advirtió.
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Marco Adame Castillo (PAN), declaró que "no debe haber ilusos".
"Con la aprobación de esta reforma habrá más personas en prisión y, lamentablemente, serán los que menos tienen", precisó.
Además, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; feminicidio, robo casa habitación, delitos en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Fue un acalorado debate que subió su nivel, cuando el Pärtido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano pusieron en duda la votación económica para aceptar una propuesta de modificación de la morenista Lorena Villavicencio, a fin de que el Ministerio Público tenga la obligación de solicitar a un juez la prisión preventiva.
La presidenta de la Mesa Directiva en turno, Dolores Padierna, rechazó que la votación fuera nominal, decisión que respaldó su coordinador parlamentario, Mario Delgado, luego de que legisladores panistas tomaron la tribuna para reclamar que se repitiera la votación.
Incluso los diputados Miguel Alonso Riggs Baeza y Adolfo Torres Ramírez, del partido blanquiazul, quitaron los micrófonos de la secretaría empujando a las diputadas de Morena y del PT que se encontraban en la tribuna.
Desde su curul, el diputado morenista Rubén Cayetano García reclamó por la violencia de dos legisladores contra una de sus compañeras de bancada, mientras que al fundamentar la minuta de dictamen, Miroslava Carrillo Martínez recordó que la minuta del Senado incluía nueve delitos en el catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Argumentó que el Estado debe contar con más instrumentos para proteger la seguridad de las personas, sobre todo ante la situación de violencia e impunidad que afecta al país desde hace más de una década y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Mientras, su compañero de bancada, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que su partido tomó la decisión de apoyar todas las medidas que contribuyan a restablecer la paz social.
Al fijar la postura del PRI, María Alemán lamentó que no se hayan escuchado las propuestas de especialistas en las audiencias públicas que eran mejores a las de hoy, que no violentaban los derechos humanos y sí atacaban de fondo el problema de la delincuencia.
Reprochó que la mayoría le falle a México, por lo que “hoy confirman que no son más que lo que han criticado durante muchísimos años.
Pero bueno, al final esa es una factura que la sociedad mexicana les cobrará, y miren que se lo decimos quienes ya hemos pagado facturas”.
Su compañero de bancada, Enrique Ochoa Reza, dijo que su grupo parlamentario cuenta con una propuesta para reformar el Artículo 19, incluyendo todo ese catálogo de delitos, pero hacerlo de manera que se respete la presunción de inocencia y pasarle la carga al Ministerio Público para que sea una prisión preventiva justificada y que sea el juez el que la otorgue de acuerdo a las pruebas presentadas.
Aseguró que ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa no es la solución, por lo que su bancada presentaría la propuesta de reforma al Artículo 19, donde se cambia la prisión preventiva oficiosa para convertirla en prisión preventiva justificada.
Por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks afirmó que en ningún lugar la prisión preventiva oficiosa ha demostrado eficiencia.
Precisó además la presentación de una propuesta con el aval de cuatro bancadas y advirtió sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y el impacto presupuestal de la medida, no obstante adelantó el voto en libertad de su bancada.
El también panista Marcos Águilar Vega sostuvo que el catálogo de delitos del Artículo 19 con prisión preventiva oficiosa no es la solución al problema que vive el país, pues incluso quienes atendieron las audiencias públicas escucharon de los especialistas que esa figura debe desaparecer de la Constitución y no por el contrario robustecerla como hoy sucede.
Al fijar su posicionamiento, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del PVEM, avaló el dictamen porque no pueden ser omisos en que la maximización de derechos ha generado, en ocasiones, más beneficios al criminal que al ciudadano, y negó que la reforma abra la posibilidad de detenciones arbitrarias, y que criminalizará a los más pobres.
En su turno, Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD, consideró que conceder la ampliación de delitos que merecen presión preventiva oficiosa perpetuaría inoperancia de instituciones y significaría no respetar la presunción de inocencia.
Aseguró que su bancada continuará luchando por la defensa de los derechos humanos desde el Congreso y anunció el voto en contra de su bancada.
Por Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla advirtió que la prisión preventiva oficiosa es condenar sin sentencia, pero dijo que su grupo legislativo dará un voto dividido, unos a favor y otros en contra.
En su turno, Benjamín Robles, del PT, dijo que al acrecentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se dan pasos importantes en temas que, por lo escandaloso de su crecimiento, deben corregirse, y declaró a su bancada lista para votar a favor del dictamen.
Por Encuentro Social, Iván Pérez Negrón explicó que aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa promueve y consolida una estrategia para enfrentar la delincuencia y cierra las posibilidades de la "puerta giratoria".
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