La reforma fiscal frente a la agresividad del SAT y la informalidad SDP Noticias

En el coliseo legislativo se confrontan dos visiones: la del coordinador de Morena en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que coloca una posible reforma fiscal como prioridad de la agenda en septiembre frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que descarta una reforma de esa naturaleza a pesar de la necesidad recaudatoria para sostener los programas sociales, emblema de la Cuarta Transformación y obras.

En los últimos años, el SAT ha ido superando su capacidad recaudatoria mediante estrategias agresivas que combinan inteligencia artificial sin algoritmos claros que alimentan listas negras de posibles infractores fiscales a partir de comportamientos discrecionales que se consideran riesgosos y cálculos distorsionados qué aumentan las cantidades de pago cuando un usuario cualquiera no se apoya en un contador para presentar sus declaraciones, es decir, en las versiones pre-cargadas qué ofrece su página de internet; también en estrategias para impedir ciertas deducciones y devoluciones así como en la capacidad para lograr que se cobren multas o que por errores, haya cambios de un régimen amigable, como el RESICO, hacia regímenes tributarios qué recauden más.

Sin embargo, para la misión de fortalecer la política social y asegurar ingresos públicos sostenibles, un dato clave debería encender las alarmas de quienes diseñan esta estrategia: según el INEGI, en mayo, el 54.9% de las personas ocupadas en el país trabajaban en la informalidad. Esta cifra no solo representa el nivel más alto desde octubre del año pasado, también refleja una tendencia al alza constante en lo que va de 2024.

¿Y qué significa esto en palabras simples? Que más de la mitad de quienes trabajan en México lo hacen sin prestaciones, sin seguridad social, sin estabilidad laboral, y en condiciones muchas veces precarias. Lo más preocupante es que este aumento en el empleo informal no proviene de los típicos puestos o carritos sandwicheros ni de las “nenis” que imaginamos cuando hablamos de informalidad. Hoy, el trabajo informal crece dentro de empresas formales, bodegas o empresas chinas que emplean en zonas comerciales del centro histórico y plantas industriales e incluso en dependencias de gobierno.

Más de 308 mil personas se sumaron a este tipo de ocupación informal dentro de estructuras que, en teoría, deberían operar bajo la ley. Es decir, empresas legalmente constituidas están contratando trabajadores fuera de los esquemas de protección legal. Este modelo de evasión se ha vuelto un atajo peligroso para mantener bajos los costos laborales, pero a un altísimo costo social.

En contraste, el empleo formal retrocedió: más de 117 mil personas perdieron su fuente de trabajo con seguridad social y prestaciones. A pesar de que la población ocupada creció ligeramente, fue el autoempleo –es decir, personas que trabajan por su cuenta, muchas veces sin garantía de ingresos fijos ni derechos laborales– el que más creció, con casi 290 mil nuevos casos.

Todo esto ocurre en un contexto en que el ritmo de generación de empleos se está frenando. La cifra de nuevos puestos en mayo fue la más baja del año. Y si bien sectores como la construcción y la energía dieron un respiro con nuevas plazas, el golpe en la industria manufacturera fue más fuerte, con una pérdida de más de 283 mil empleos.

Frente a este panorama, la gran pregunta es: ¿cómo se puede pensar en una reforma fiscal que aumente la recaudación si más de la mitad del país trabaja fuera del radar del SAT? Encima de eso ¿Realmente hace falta una reforma fiscal cuando mediante la miscelánea fiscal, el SAT impone nuevas reglas que tienen naturaleza impositiva sin discusión popular?

La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. Si el gobierno quiere tener más recursos para financiar programas sociales, tiene que mirar de frente a la informalidad. Pues encima de eso, los incentivos para la formalidad no son atractivos para los trabajadores de a pie, ni siquiera para quienes encuentran en el autoempleo la salida... Por ejemplo, durante las protestas de trabajadores de plataformas de comida y transporte, los conductores cuestionaron para qué tener seguro social si en hospitales no hay atención rápida ni medicamentos y ante un accidente, seguramente terminarían en algún consultorio de similares en caso de que la gravedad se los permita. Cuestionan si es útil buscar una pensión si en algún momento, podrían acceder a la pensión del bienestar. Los incentivos para la formalidad son urgentes. No con castigos o amenazas, sino con beneficios reales para que miles de personas y pequeñas empresas den el salto sin que eso implique más costos a secas. Todo eso es incompatible con la agresividad del SAT, que envía cartas y requerimientos a quienes se atreven mínimamente a ganar poco más de 15 mil pesos.

Hoy por hoy, muchas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) sobreviven con lo mínimo, y una reforma fiscal mal planteada –que les imponga cargas sin ofrecerles beneficios claros– podría no solo ahuyentarlas de la formalidad, sino incluso empujarlas a desaparecer.

La clave está en construir un sistema fiscal justo, accesible y atractivo, con perspectiva de género y clase que promueva la inversión, simplifique trámites, ofrezca beneficios visibles al cumplir con la ley y combata, al mismo tiempo, los abusos de grandes empleadores que disfrazan la informalidad en contratos precarios dentro de estructuras legales.

Por otro lado, aunque en teoría, lo mejor sería que las contribuciones y reglas fiscales fueran discutidas en el Congreso, en realidad el debate no es lo que ha reinado en estas legislaturas. El uso de la voz para reservas se limita a mensajes propagandísticos o ataques entre oficialistas y opositores así que termina siendo casi igual que los cambios fiscales se impongan mediante la resolución miscelánea fiscal que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación por parte del Servicio de Administración Tributaria, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus disposiciones son generales y técnicas, prácticamente destinada a contadores y abogados que puedan interpretarlas correctamente. Tal vez eso sea lo mejor. Mil veces mejor que los errores legislativos qué han empañado con ineficiencia procesos como la renovación del poder judicial.

La política social necesita recursos, sí. Pero si queremos un Estado más fuerte y justo, no basta con buscar cobrar más: hay que hacerlo de manera inteligente, progresiva y humana. Porque si seguimos ignorando que la informalidad es el pan de cada día para millones de personas, cualquier reforma fiscal se quedará corta. Y, peor aún, puede terminar siendo un obstáculo para las pequeñas economías que sostienen al país. También hay que aprender a escuchar y leer entre líneas: qué no haya planes de reforma fiscal para la presidenta Claudia Sheinbaum no significa la ausencia de políticas fiscales cada vez más ambiciosas para mayor recaudación, lo único que implica es que quienes estarán atados a pagar más son quienes ya se encuentran registrados y cautivos ante el SAT mediante empleos formales, aunque aquellos duren poco o hagan precarios aún más los ingresos. Por eso mirar a la informalidad es revolucionario y hasta patriótico: recaudar mientras se ofrecen mejores condiciones de vida, el sueño.

X: @ifridaita