Los controles de niños inmigrantes por agentes de Seguridad Nacional siembran el miedo Diario.mx

Washington.- Durante más de una década, los menores no acompañados que huyen de las penurias en sus países han viajado al norte desde Centroamérica para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. A muchos se les ha permitido quedarse en Estados Unidos, y el gobierno ha evitado que la mayoría de ellos experimente todo el peso de la aplicación de las leyes de inmigración.

En el gobierno de Donald Trump, cada vez más de esos niños se encuentran cara a cara con agentes federales.

De Nueva York a Hawái, los agentes se han presentado sin previo aviso en escuelas, hogares y albergues de inmigrantes para entrevistar a los niños.

El gobierno de Trump ha calificado estas visitas sorpresa como “controles de bienestar” destinados a garantizar que los niños están escolarizados y reciben los cuidados necesarios. Pero los agentes que hacen las visitas no son trabajadores sociales ni especialistas en bienestar infantil, ni inspectores de trabajo ni agentes de ausentismo escolar. Más bien, son agentes que pertenecen principalmente a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, un ente especializado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que combate el contrabando de drogas y armas, los ciberdelitos y los delitos financieros.

Cuando los agentes federales que buscaban niños llegaron sin previo aviso a dos escuelas primarias de Los Ángeles el mes pasado, fueron rechazados.

“Mi primera pregunta empieza ahí”, dijo el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, en una conferencia de prensa. “¿Qué interés debería tener un agente de Seguridad Nacional en un alumno de primer curso o de segundo? ¿O en un niño de tercero o cuarto?”.

Desde hace mucho tiempo, los niños que llegan solos a Estados Unidos se enfrentan a riesgos y, a medida que aumentaba su número, crecía la preocupación por su bienestar. La mayoría de los menores viven a salvo con familiares, pero algunos han sido víctimas de traficantes de mano de obra y otros tipos de explotación.

Sin embargo, el uso por parte del gobierno de Trump de investigadores criminales para estos controles ha despertado la ansiedad entre los inmigrantes y ha alarmado a educadores, defensores y abogados, quienes ven las visitas como una táctica para acelerar las deportaciones.

“Estos llamados controles de bienestar en realidad tienen que ver con la aplicación de la ley de inmigración”, dijo Marisa Chumil, del Young Center for Immigrant Children’s Rights, quien los describió como “un pretexto para localizar, interrogar y deportar a niños y familias”.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que, en el transcurso de estos controles, los agentes han detenido a algunos cuidadores que están en el país de manera ilegal. En los casos en los que no había otros adultos autorizados para cuidar de los niños, los agentes los han puesto al cuidado del gobierno, según McLaughlin, que no especificó cuántos adultos o niños habían sido detenidos como consecuencia de las visitas ni si alguno de ellos había sido deportado.

Dijo que los esfuerzos del gobierno estaban motivados por la preocupación de que los menores no acompañados corrieran el riesgo de ser víctimas del tráfico sexual y otros tipos de explotación. Citó dos casos, entre ellos el de un hombre buscado por “tentativa de homicidio con agravantes” en Guatemala, a quien se le aprobó que fuera patrocinador de un familiar de 14 años.

Las visitas están lideradas por la unidad de investigaciones de Seguridad Nacional pero, al igual que muchos aspectos de las medidas enérgicas del gobierno de Trump contra los inmigrantes, las comprobaciones se están haciendo con la ayuda de otras agencias federales, como el FBI y la Administración para el Control de Drogas.

Lo más preocupante para los críticos de los controles es la implicación de una agencia federal de servicios sociales que hasta ahora operaba con independencia de ICE y de otras entidades policiales. Se trata de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y tiene la principal responsabilidad legal sobre el bienestar de los menores no acompañados.

La detención y deportación de inmigrantes no ha formado parte de la misión de la agencia de reasentamiento, pero los documentos revisados por The New York Times muestran que esa oficina ha contratado al menos a siete especialistas en detención y deportación en las últimas semanas.

Andrew Nixon, portavoz de Salud y Servicios Humanos, dijo que el gobierno de Trump se había alejado de la postura del gobierno de Biden contraria a la colaboración entre la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

“Nuestra máxima prioridad es proteger a los niños vulnerables y defender el Estado de derecho”, dijo Nixon.

Los menores no acompañados empezaron a llegar a Estados Unidos en cantidades significativas hace aproximadamente una década, procedentes principalmente de Guatemala y Honduras, dos países azotados por altos niveles de pobreza y delincuencia violenta. Con la ayuda de abogados, muchos de estos niños se han ganado el derecho a quedarse en Estados Unidos de manera permanente demostrando que fueron abandonados o perseguidos en sus países de origen.

Unos 800.000 menores no acompañados han sido acogidos en albergues supervisados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en la última década, lo que ha implicado una enorme presión para la agencia. Cuando las llegadas se dispararon en los últimos años, los niños fueron liberados rápidamente para evitar el hacinamiento y, en algunos casos, no se investigó a fondo a los patrocinadores adultos que firmaron para cuidar a los niños liberados.

Una investigación del Times descubrió que no se prestó atención a las señales de advertencia sobre el destino de los niños, y algunos de ellos fueron contratados ilegalmente para realizar trabajos peligrosos, como limpiar mataderos durante la noche.

El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional dijo el pasado mayo que 291.000 menores no acompañados habían desaparecido del radar de la agencia.

Desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero, su “zar de la frontera”, Tom Homan, ha hablado de 300.000 menores “desaparecidos”, sugiriendo que podrían ser víctimas del tráfico sexual y la explotación laboral, y exigiendo que se les encuentre.

Los abogados y otros defensores que trabajan con niños inmigrantes no acompañados afirman que los objetivos declarados por el gobierno se ven desmentidos por su historial con los niños inmigrantes. Durante el primer mandato de Trump, miles de niños fueron separados de sus padres en la frontera en un intento de disuadir la migración. Desde que retomó el poder, su gobierno ha tomado otras medidas, como tratar de poner fin a la financiación federal de la representación legal de los inmigrantes menores de edad.

“Podrían centrarse en los niños para perseguir a los adultos”, dijo Alexa Sendukas, abogada directora del Proyecto de Inmigración Galveston-Houston. “Si detienen a los niños o arrestan a sus padres, será otra separación familiar”.

En una comparecencia ante el Congreso este mes, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dijo que su agencia estaba participando en un intercambio de datos “sin precedentes” con Seguridad Nacional en un esfuerzo por localizar a “cada uno de estos niños”.

Sendukas dijo que los agentes habían realizado visitas no programadas a 21 menores, algunos de tan solo 6 años, que están representados por su organización sin fines de lucro y en proceso de obtener un estatuto legal.

Maria, inmigrante guatemalteca que lleva varios años en Estados Unidos, esperaba a un técnico de aire acondicionado el mes pasado cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con dos hombres altos, recuerda.

Los hombres le preguntaron a Maria si estaba allí el chico de 17 años que aparecía en una foto de un documento que llevaban. El adolescente es un pariente al que Maria patrocinó, y sobre el que un juez de inmigración ha dictaminado que ya no está sujeto a deportación.

“Me quedé petrificada”, dijo Maria, de 28 años, quien no está autorizada para estar en Estados Unidos y habló con la condición de que solo se utilizara su nombre de pila.

Confirmó su identidad a los agentes, y el pariente de 17 años se presentó. Los hombres le hicieron más preguntas en inglés, que ella no entendió, dijo, y luego se marcharon. Momentos después, se dio cuenta de que los agentes hacían fotografías de su apartamento a través de las ventanas.

“No sabía lo que estaba pasando”, dijo Maria. “Pensé que podrían llevarnos”.

Christian Santana, abogado de Tacoma, Washington, recibió a principios de mayo una llamada de un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, solicitándole que organizara una reunión con su cliente, una niña de 9 años. La reunión sucedió en una sala de una biblioteca pública.

Con Santana como intérprete, el agente pidió a la niña que identificara a la mujer que estaba a su lado: su madre. A continuación, el agente preguntó a la madre si su hija estaba escolarizada y si la niña estaba sana. La interacción duró solo unos minutos.

“Este agente parecía tener las mejores intenciones”, dijo Santana, “pero es posible que no siempre sea así en todo el país”.

La ampliación de los controles de bienestar es uno de los muchos cambios políticos y propuestas legislativas con importantes consecuencias para los menores en el sistema de inmigración.

La medida adoptada por el gobierno de Trump a finales de marzo de retirar los fondos asignados por el Congreso a las organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios jurídicos a esos menores ha sido bloqueada en los tribunales, al menos de manera temporal.

Este mes, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó la orden de un tribunal inferior de restablecer la financiación, pero el litigio continúa.

Mientras tanto, muchos niños ya han perdido a sus abogados, y los estudios han revelado que tienen muchas menos probabilidades de tener éxito en sus casos si carecen de representación legal.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha aprobado un texto presupuestario que haría costoso que las personas patrocinen a menores no acompañados. Las propuestas incluyen exigir una fianza de 5000 dólares para garantizar las comparecencias ante el tribunal, una nueva tasa de 3500 dólares para apadrinar a un inmigrante, una tasa de 1000 dólares para solicitar asilo y otros cargos.

Jennifer Podkul, jefa de política global y defensa de Kids in Need of Defense, dijo que el costo impediría que los padres y otros familiares se reunieran con sus hijos, y aumentaría el riesgo de que los niños quedaran abandonados en centros de acogida.

“A corto plazo, significará que los niños que necesitan protección podrían no obtenerla”, dijo Podkul. “Y, en el futuro, creo que lo que significa es que Estados Unidos no será un lugar capaz de recibir y atender a niños no acompañados en movimiento que necesiten desesperadamente protección internacional”.