Fiscalía concluyó que soldado que causó accidente en el que murieron tres personas en Granada, Meta, estaba alcoholizado Infobae
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alex Fabián Sierra Lozada, soldado profesional activo del Ejército Nacional, por su responsabilidad en un accidente de tránsito registrado el 25 de mayo de 2025 en Granada, Meta, que dejó un saldo de tres personas fallecidas y cinco heridas.
Tal como informó Caracol Radio, la Fiscalía concluyó que el militar conducía bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
El accidente se registró en la madrugada, en la intersección de la carrera 13 con calle 12, frente a la discoteca Monasterio, una zona conocida por su actividad nocturna. Sierra Lozada manejaba una camioneta oficial con placas OJT261 cuando impactó contra dos vehículos, provocando el trágico desenlace. Según explicaron en el mismo medio, la Fiscalía señaló que el soldado presentaba un grado uno de alcoholemia en el momento del choque.
La Policía Nacional capturó al militar en flagrancia y lo puso a disposición de la Fiscalía para las audiencias preliminares. Durante estas diligencias, un fiscal de la Seccional Meta imputó a Sierra Lozada los delitos de homicidio culposo con dolo eventual y lesiones personales. Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos formulados en su contra.
Tras la imputación, un juez de control de garantías determinó imponerle una medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Y es que este caso ha generado atención debido al uso de un vehículo oficial en el incidente y al estado de embriaguez del conductor, lo que podría agravar las implicaciones legales para el militar.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.
Es importante mencionar que las víctimas mortales fueron identificadas como Noely Juliet Colmenares Bravo, de 21 años, Yusmell Coromoto Gutiérrez Araújo, de 31, y Emir Daniel Herrera Rojas, de 29, todos de nacionalidad venezolana.
Además, según explicó el alcalde de Granada, Juan Carlos Mendoza, a Semana, el sindicado habría impactado en al menos tres puntos distintos antes de terminar su recorrido en la calle 13 con 13.
“Nos hablan de tres puntos (donde habría chocado) antes del impacto final: el cementerio de Granada, en el autoservicio La Canasta y una bodega de cerveza, y el último impacto fue en la calle 13 con 13, en donde embistió a los jóvenes”, indicó.
No obstante, a pesar de que el uniformado habría confesado haber manejado en estado de embriaguez, la prueba inicial de embriaguez realizada por el personal médico no fue concluyente. “El médico hizo una valoración a primera vista: caminar en línea recta, revisar pupilas y aliento. Según el médico, la prueba había salido negativa”, explicó el alcalde.
Conductores en estado de embriaguez, una de las grandes problemáticas en el país
La conducción en estado de embriaguez es una de las principales causas de accidentes de tránsito en Colombia, representando el 6,9% del total de siniestros viales en el país. Aunque esta cifra es menor en comparación con otras causas como el exceso de velocidad o la desobediencia de señales de tránsito, el impacto de los accidentes relacionados con el alcohol es significativo debido a la alta probabilidad de resultar en lesiones graves o muertes.
Las sanciones para quienes son sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol en Colombia son severas y se incrementan según el grado de alcoholemia y la reincidencia. Por ejemplo, para 2025, una primera infracción con un tercer grado de embriaguez puede acarrear una multa de aproximadamente $34.164.000, suspensión de la licencia por 10 años y la inmovilización del vehículo por 10 días hábiles. En casos de reincidencia, las multas pueden ascender hasta $68.328.000 y la cancelación definitiva de la licencia de conducción.
A pesar de la existencia de estas sanciones, la efectividad en la aplicación de justicia en casos de muertes viales es preocupante. Solo el 4% de estos casos llegan a juicio, lo que implica que la mayoría de los incidentes carecen de consecuencias penales efectivas. Esta falta de responsabilidad judicial perpetúa la impunidad y no contribuye a la disminución de la siniestralidad vial en el país.
