Desaparecidos, casi 300 deportados por EU; alerta ONU Excelsior

C.
GonzálezEl paradero de casi 300 extranjeros venezolanos y salvadoreños deportados por Estados Unidos a una cárcel de El Salvador sigue sin esclarecerse, alertó la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó desde marzo la Ley de enemigos extranjeros de 1798 para enviar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento de El Salvador (Cecot), una prisión de máxima seguridad.
El republicano recurrió a esta ley después de declarar en febrero organizaciones “terroristas” a seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la pandilla MS-13.
Unas 142 mil personas fueron deportadas de Estados Unidos entre el 20 de enero y el 29 de abril, indicó la oficina de Derechos Humanos de la ONU, citando cifras estadunidenses.
Sin embargo, el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador sigue incierto.
Hasta la fecha, las autoridades estadunidenses o salvadoreñas no han publicado ninguna lista oficial de los detenidos, denunció el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, en un comunicado.
Muchos de los familiares entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos expresaron su profunda angustia por no saber dónde y en qué condiciones están detenidos sus seres queridos.
Algunos de ellos solamente se enteraron cuando reconocieron a sus familiares en videos publicados en redes sociales en los que aparecían en el Centro de Confinamiento o siendo trasladados hacia este.
El elevado número de extranjeros deportados desde Estados Unidos, en particular cientos de venezolanos y otros migrantes enviados a una cárcel de El Salvador, es alarmante para Türk.
“Esta situación plantea serias preocupaciones respecto a un amplio abanico de derechos, que son fundamentales tanto en Estados Unidos como para la legislación internacional”, indicó el alto comisionado.
De acuerdo a Türk, la forma en que algunas personas fueron detenidas y deportadas -incluso utilizando cadenas-, así como la “retórica humillante” utilizada contra los migrantes, son también “profundamente preocupantes”.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señala que muchos de los detenidos no fueron informados de la intención del gobierno estadunidense de deportarlos para ser detenidos en un tercer país, tampoco tuvieron acceso a un abogado y no pudieron recurrir la legalidad de su deportación antes de ser expulsados del país.
“Las familias con las que hemos hablado expresaron un sentimiento de impotencia frente a lo que pasó y su dolor de ver a sus seres queridos etiquetados y tratados como delincuentes violentos, o incluso terroristas, sin que ningún tribunal se haya pronunciado sobre la validez de lo que se les acusa”, afirmó Türk.
El Salvador aceptó encarcelar a estas personas en el Cecot —una megaprisión de alta seguridad con capacidad para 40 mil presos, creada por el presidente Nayib Bukele para los pandilleros—, a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
“Contactamos a las autoridades salvadoreñas y pedimos que nos den acceso al Cecot para poder determinar las condiciones en las que están detenidas estas personas”, dijo Liz Throssell, portavoz de la Oficina del alto comisionado, en una rueda de prensa en Ginebra.
“Dadas las circunstancias y el riesgo de violaciones de los derechos humanos, puede haber preocupación sobre desapariciones forzadas”, subrayó Throssell.
Un juez federal de Texas consideró a inicios de mayo “ilegal” el uso que Trump hace de la Ley de 1798.
La Corte Suprema y varios tribunales de distrito han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de esta ley alegando falta de garantías procesales.
Türk aplaudió el papel esencial que el poder judicial, la comunidad jurídica y la sociedad civil de Estados Unidos están desempeñando para garantizar la protección de los derechos humanos en este contexto.
Türk también instó al gobierno estadunidense a garantizar el debido proceso y poner fin a la expulsión de cualquier persona a cualquier país en el que corra algún riesgo.
 142 mil expulsados por Estados Unidos, entre el 20 de enero y el 29 de abril, señala la oficina de Naciones Unidas.
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