La reducción de la jornada laboral: un paso histórico que exige diálogo responsable Excelsior

Por Andrés Rodríguez RodríguezEl anuncio realizado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, sobre la implementación gradual de una jornada laboral de 40 horas semanales en México marca un punto de inflexión en la historia de las relaciones laborales del país.
La iniciativa, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de sus compromisos de gobierno, representa un cambio estructural que impactará tanto a trabajadores como a empleadores durante los próximos años.
De acuerdo con la información oficial, el proceso de reducción será progresivo y concluirá en 2030.
Las primeras mesas de diálogo comenzarán el 2 de junio y se extenderán hasta el 7 de julio.
En ellas participarán diversos sectores: trabajadores, empresarios, académicos y organizaciones sociales, en un esfuerzo por construir un consenso que garantice una transición ordenada y justa.
Desde una perspectiva jurídica y laboral, esta reforma implica múltiples dimensiones.
Por un lado, responde a una legítima demanda social por mejores condiciones de vida y trabajo.
México es uno de los países con las jornadas más largas entre las economías de la OCDE, y reducirlas podría significar un avance real en términos de salud mental, equilibrio personal y productividad sostenible.
No es casual que esta propuesta haya sido celebrada por centrales sindicales y organismos laborales.
Sin embargo, también surgen interrogantes legítimas, sobre todo desde el punto de vista empresarial y operativo.
¿Cómo se reorganizarán los turnos? ¿Qué implicaciones tendrá en la contratación y en el pago de horas extra? ¿Están todas las industrias en condiciones de adaptarse al mismo ritmo? Recordemos que existen industrias que, por su naturaleza, requieren de jornadas especiales –tales como la minera, petrolera o de energía, transportes y ferrocarrilera– en las que una jornada “ordinaria” no se adapta a la realidad.
No se trata de una simple modificación al artículo 123 constitucional: implica un rediseño paulatino de prácticas, costos y expectativas, tanto en el sector formal como en el informal.
Por ello, el llamado al diálogo social no debe ofrecerse ni tomarse a la ligera.
La experiencia comparada demuestra que este tipo de reformas, cuando se hacen con base en evidencia, planeación y consensos reales, generan beneficios a largo plazo.
Pero cuando se hacen de forma abrupta, con fines electorales, sin tomar en cuenta las diferencias entre sectores y regiones, pueden provocar efectos contraproducentes: desde pérdida de empleos hasta informalidad creciente, lo que acaba dañando más, en principio, precisamente a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables.
También especial atención requiere un indicador esencial: productividad.
Resulta irónico que, como apuntábamos, México tiene de las jornadas más largas entre los países de la OCDE, pero, a la vez, tiene una muy baja posición en productividad laboral dentro de dicha organización, siendo constantemente la nación con menor productividad.
 La productividad laboral en México, medida por el PIB por hora trabajada, no ha recuperado los niveles prepandemia y se ubica en un nivel inferior al de otros países de la OCDE.
 Es prematuro emitir un juicio definitivo sobre esta reforma.
Lo que sí podemos afirmar es que abre una oportunidad para repensar colectivamente el modelo laboral mexicano.
La pregunta no es si debemos trabajar menos, sino cómo lograrlo sin perder competitividad, mejorando notablemente la productividad, sin precarizar a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, y sin comprometer los derechos que ya se han conquistado.
Invito a quienes formamos parte del ecosistema del trabajo –empleadores, trabajadores, sindicatos, asesores en materia legal, de talento, de operaciones y autoridades– a participar activamente en la discusión de esta reforma.
No sólo para opinar, sino también para construir.
La gradualidad propuesta hasta 2030 debe aprovecharse como un periodo de diseño inteligente, no como una excusa para postergar decisiones.
La reducción de la jornada laboral no debe entenderse como una concesión ideológica, sino como una evolución necesaria en un mundo que exige nuevas formas de organización y bienestar.
Pero, como toda evolución, exige responsabilidad, técnica y escucha mutua.
Columnista: Columnista Invitado NacionalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0