Infancias y adolescencias en conflicto: de ‘carne de cañón’ para el crimen organizado al reto de su reinserción social Milenio

Lucía tenía 17 años cuando ingresó por primera vez a la cárcel.
Desde los 13 ejercía el trabajo sexual y aquella noche, luego de que uno de sus clientes la golpeó y se negó a pagar sus servicios, regresó junto con un amigo para reclamarle.
En conjunto, los jóvenes le propinaron una brutal golpiza al hombre y metieron su cuerpo a un horno de panadería.
Aunque la agresión le provocó múltiples quemaduras, sobrevivió.
Homicidio en grado de tentativa fue el delito por el que Lucía fue juzgada.
Pese a ser menor de edad, el amplio historial de su presencia en separos y su vínculo con pandillas callejeras de Mexicali, Baja California resultaron suficientes para que fuera tratada como adulta.
Lo que en ese momento las autoridades no vieron fue que desde sus primeros años de vida, aquella joven estuvo expuesta a múltiples violencias por parte de su madre, quien para costear su dependencia a sustancias explotaba sexualmente a Lucía y a sus hermanas.
Su padre, por su parte, era alcohólico y emigró a Estados Unidos, dejando a aquella familia a su suerte.
El abandono de ambos padres le abrió a Lucía el camino no sólo a las drogas sino también al pandillerismo y posteriormente a la delincuencia organizada.
Un entorno que a través de un sentido de pertenencia cubrió la vulnerabilidad que la marcó desde su infancia.
A Lucía le costó un intento de feminicidio y múltiples ingresos a centros penitenciarios y de rehabilitación cambiar el rumbo de su vida.
Ahora, su historia forma parte de un estudio sobre niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuyo objetivo se centró no sólo en dimensionar la problemática sino también en proponer acciones de carácter integral y transversal para combatirla.
Desde el sistema de justicia penal mexicano se ha estructurado todo un mecanismo para abordar el tema de adolescentes infractores cuyas historias de vida no se limitan únicamente a los hechos delictivos, sino que se han convertido en un claro ejemplo del desgaste del tejido social que se vive en México.
¿Cómo se juzga a un menor de edad que comete un delito? Cualquier proceso al que un menor de edad sea sometido por su presunto involucramiento en algún hecho delictivo tiene como base la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Desde su primer artículo, dicha normativa estipula que será aplicable a aquellas personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad a las que se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales.
Cada una de las conductas o los hechos delictivos contemplados en el Código Penal son aplicables y pudieran derivar en el inicio de un proceso en dado caso de que un menor de edad incurra en ellos, no obstante, en ningún caso podrán ser juzgados en el sistema de justicia para adultos.
"Tenemos un sistema modalizado, es decir, si bien es un sistema que aplica medidas sancionadoras, lo cierto es que en ningún momento establece o se puede equiparar al sistema de adultos [.
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] en este sistema modalizado se buscan medidas de corte socioeducativo, reintegrar al adolescente a su familia, posteriormente a la sociedad y evitar que vuelva a delinquir", explicó en entrevista con MILENIO el Mtro.
Julio César Chávez Magaña, especialista en justicia penal para adolescentes.
Un ejemplo de dicha diferencia entre sistemas es, por ejemplo, la imposición de medidas cautelares pues, mientras existen casos de adultos sentenciados a 20, 50 o hasta 70 años en prisión, para los adolescentes el tiempo máximo de internamiento es de cinco años.
Este tipo de medidas ha desatado múltiples debates y críticas entre la opinión pública cuya visión punitivista aboga por sanciones más duras para menores de edad que incurren en hechos delictivos.
Al respecto, el Mtro.
Julio César Chávez Magaña enfatizó que es imposible juzgarlos con la misma rigurosidad que a un adulto ya que no cuentan con la misma madurez.
Como primer punto de partida trasciende el desarrollo del lóbulo frontal que los seres humanos atraviesan durante dicho periodo de tiempo, del cual depende la toma de decisiones racionales.
Asimismo y de acuerdo a múltiples tratados y convenciones internacionales de protección de la infancia, se debe tener a consideración la vulnerabilidad del entorno en el que los menores de edad se han desenvuelto y en el cual, en ocasiones, el mismo Estado interviene.
Éste último punto es considerado como uno de los principios generales del sistema integral de justicia penal para adolescentes, el cual toma el interés superior de la niñez como norma de procedimiento.
"Al final del día el adolescente se encuentra en desarrollo.
Si bien puede entender lo que está bien y lo que está mal, tal vez la manera en cómo entienden las consecuencias de los actos puede verse limitada.
Por eso nuestro sistema se basa en una experiencia de legalidad, es decir, que el adolescente pueda reconocer que es titular de derechos humanos, mismos que pueden verse limitados pero que sus acciones también pueden limitar los derechos de terceras personas, en este caso, las víctimas", abundó en entrevista con MILENIO el Mtro.
Julio César Chávez Magaña.
Con dichos precedentes, más allá de limitarse a un castigo, el sistema de justicia penal para adolescentes en México busca atender las circunstancias que llevaron a que el menor de edad entrara en conflicto con la ley penal para, de este modo, brindarle herramientas de calidad que eviten que reincida en estas conductas.
Las sanciones y la reinserciónLa sanción más severa que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla es el internamiento, cuya aplicabilidad depende de los hechos delictivos contemplados en su artículo 164:"El internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes que al momento de habérseles comprobado la comisión de hechos señalados como delitos se encuentren en el grupo etario I y III -es decir de 14 y a menos de 18 años-.
El Órgano Jurisdiccional deberá contemplar cuidadosamente las causas y efectos para la imposición de esta medida, procurando imponerla como última opción", se lee en la citada norma.
Entre los delitos cuya incidencia puede derivar en internamiento para menores de edad destacan 1) secuestro, 2) trata de personas, 3)terrorismo, 4)extorsión agravada cuando se comete por asociación delictuosa, 5) contra la salud, 6) posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas y/o de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, 7) homicidio doloso en todas sus modalidades incluyendo feminicidio, 8) violación sexual, 9)lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente y 10) robo cometido con violencia física.
Respecto a los delitos trascendió que el de mayor incidencia fue violación sexual, seguido de robo, homicidio, portación ilegal de armas, lesiones, posesión ilegal de drogas, secuestro, comercio ilegal de drogas y delitos sexuales.
Aunque el internamiento y otras medidas contempladas en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes son sancionadoras, éstas también van acompañadas de muchas herramientas para reeducar al adolescente y evitar la repetición de los hechos delictivos.
Por ejemplo, el Mtro.
Julio César Chávez Magaña describe que en los centros especializados de internamiento preventivo se le ofrecen a las y los adolescentes actividades que pueden elegir que van desde cuestiones educativas hasta de trabajo, sociales o culturales.
Asimismo, una vez terminado su internamiento, los menores de edad siguen estando bajo vigilancia de una unidad de supervisión de medidas cautelares que se encarga de verificar el estado y tránsito del adolescente en todo momento.
A dicho proceso también se suman autoridades administrativas o incluso instituciones o asociaciones civiles.
"Otro tema importantísimo es el del apoyo de los representantes legales, el adolescente tiene que estar acompañado en todo momento por su representante legal, papá, mamá o persona de confianza pues también tienen un impacto en cómo se enfrenta el proceso y en un acompañamiento moral y psicológico al adolescente.
Su presencia también sirve para reeducarlos pues a veces suelen perder su figura de autoridad", explicó el especialista.
En el camino para lareinserción social de un adolescente en conflicto con la ley es indispensable llevar su proceso de forma individual, de este modo, las autoridades analizan sus capacidades, necesidades y las circunstancias que lo llevaron a incurrir en este tipo de conductas.
Una vez realizado dicho análisis, se les proporcionan las herramientas necesarias para abrir su panorama y orientarlos hacia una mejor calidad de vida.
Con dicho trabajo de por medio, el Mtro.
Julio César Chávez Magaña rechaza que cuando los adolescentes cumplen la mayoría de edad sean trasladados a algún reclusorio para ser procesados como adultos toda vez que esto implicaría un cambio radical al proceso que ya han trabajado.
En su lugar, se le crea un plan individualizado adecuado a su edad, acciones y proyecto de vida.
Los retos para la impartición de justicia en adolescentesEl enfoque de reinserción muy poco punitivista que tiene el sistema penal para adolescentes tiene ha hecho tanto de infantes como de menores de edad un foco de interés para organizaciones delictivas las cuales buscan reclutarlos para incluirlos en sus actividades por el bajo riesgo que representan y las sanciones menores a las que son acreedores.
En dichos casos el especialista en justicia penal para adolescentes reitera la importancia de la vulnerabilidad del entorno de los menores de edad, pues más allá del sistema con el que se les juzga, es la atención a las causas las que podrían hacer la diferencia.
"Nosotros creemos que no o la gran mayoría de adolescentes no están inmiscuidos en esto por un tema de realmente decir "quiero hacerlo", sino porque en casa hay necesidades, porque tampoco se han establecido algunas reglas claras o porque ese ha sido su panorama normal toda la vida", puntualiza el Mtro.
Julio César Chávez Magaña.
La responsabilidad del Estado en impulsar políticas públicas para la prevención va de la mano con el trabajo que desde el sistema penal adolescente realizan ministerios públicos, defensores, jueces de control y fiscalías.
No obstante, la capacitación del personal y de fuerzas del orden -como es el caso de policías municipales- también es crucial para poder atender este tipo de casos.
Aún y con factores exógenos de por medio, de acuerdo con cifras del Inegi, durante 2022 y a nivel nacional, el 85.
3% de la población adolescente que cumplía una medida de sanción de internamiento consideró tener una reinserción laboral, mientras que el 84.
6% consideró que podría tener una reinserción escolar.
Son múltiples los factores que influyen en la reinserción de un menor de edad cuya historia de vida lo llevó a ser infractor de la ley, sin embargo, la apuesta por la reinserción más allá del punitivismo brinda a las y los adolescentes una nueva perspectiva sobre la forma en la que pueden reconstruir su vida de una forma digna, un factor que en la mayoría de los casos se les negó durante su infancia.
ATJ