La abogacía propone que pueda desalojarse en 48 horas una vivienda ocupada ilegalmente Infobae
Barcelona, 28 ene (EFE).- Los colegios de abogacía de Barcelona, Málaga y Madrid han presentado este martes una propuesta conjunta para hacer frente mediante una reforma legal a la ocupación delincuencial, que incluye que un juez de guardia pueda dictar una medida cautelar de desalojo de un inmueble en 48 horas.
Los decanos de Barcelona y Madrid, Jesús M. Sánchez y Eugenio Ribón, respectivamente, y el secretario de la junta de gobierno del de Málaga, Rafael Soto, han inaugurado en la capital catalana el 2º Congreso de Ocupación Ilegal, donde han presentado la propuesta conjunta para una reforma legislativa.
Los representantes de los tres colegios profesionales han presentado así una batería de reformas legislativas, tanto civiles como penales, que tienen como objetivo reforzar el derecho a la propiedad y facilitar los desalojos por ocupaciones delincuenciales.
La propuesta pretende que un juez, una vez interpuesta una denuncia por un delito de violación de domicilio o uno leve de usurpación, pueda requerir al ocupante que acredite en un plazo de 48 horas la posesión legítima del inmueble.
En caso de que no pudiera acreditarlo, el juez responsable, con el auxilio policial que sea necesario, podrá decretar el desalojo inmediato del inmueble y la entrega de la posesión al legítimo propietario.
Además, el órgano judicial, el mismo día en que reciba la denuncia, lo remitirá también a la Administración competente en materia de vivienda, a la que alertará de la inminente fecha del desalojo, a fin de que tome, cuando sea necesario, las medidas oportunas de realojo para personas vulnerables.
"En ningún país del mundo hay un derecho a ocupar, porque el derecho a ocupar como se entiende en este país supone automáticamente la vulneración del derecho de otra persona", ha denunciado Jesús M. Sánchez.
Por su parte, el decano de Madrid ha manifestado que los letrados están "siendo parte activa de la solución de un problema" que afecta a la sociedad, y ha añadido que "la vulnerabilidad social no puede echarse sobre las espaldas de los legítimos propietarios", porque "para esto están las administraciones".
En cuanto al representante del colegio de Málaga, ha destacado que están hablando de casos donde los ocupantes entran en las viviendas sin ninguna legitimidad, y no de impagos de alquiler o personas a las que se les acaba el contrato de arrendamiento.
Los responsables de los colegios profesionales también han detallado que la reforma que proponen conjuntamente prevé que la comunidad de propietarios pueda sustituir al dueño para presentar la correspondiente denuncia, en casos en que esta situación genere graves problemas a los vecinos.
"Podrán presentar ante los Mossos esta denuncia y que se pueda tramitar ante el juez de guardia", ha explicado el decano de Barcelona, puesto que el proyecto prevé que sean los presidentes de comunidad, en representación de los vecinos, los que puedan instar a los desalojos, cuando el propietario se desentienda.
Entre otras medidas, la propuesta legislativa también prevé derogar la competencia del tribunal del jurado sobre el delito de violación de domicilio. EFE
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