Candidatos ilegibles por vínculos mafiosos Excelsior

El riesgo fue previsible, nunca hubo duda de que en la singular elección de integrantes del Poder Judicial podrían filtrarse candidatos vinculados con grupos de poder.
Varios de ellos, hombres y mujeres, no sólo son señalados, sino, además, ellos mismos se jactan de pertenecer a Morena o de estar relacionados con algún actor político o con poder económico cercano a la política.
Pero el colmo de la comedia fue que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, declaró que hay candidatos vinculados a grupos criminales.
Esto resulta muy grave, porque precisamente fue responsabilidad de los Comités de Evaluación que eso no sucediera, especialmente el del Poder Legislativo, y muy particularmente el del Senado.
En primer lugar, fueron los senadores los que dieron el visto bueno final a los candidatos de todos los comités y, en segundo lugar, porque también  fueron ellos los que irregularmente decidieron elegir por medio de tómbola las candidaturas que le correspondían aprobar al comité de evaluación  del Poder Judicial, ¿qué control pudo haber en la selección de candidatos mediante una rifa?Después de la confesión de Fernández Noroña, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Tribunal Electoral descalificar a los aspirantes vinculados al crimen organizado, incluso si sus nombres ya aparecen en las boletas.
No obstante, en el caso de candidatos a jueces o magistrados con posibles vínculos con la delincuencia organizada, no existe un procedimiento establecido en la ley que permiten iniciar un proceso para excluir a esa persona del proceso de selección o elección.
Si bien es cierto, pudiera ser pública la relación laboral que tiene algún aspirante con algún criminal, se deben presentar todas las pruebas de dicha vinculación.
¿Es prueba suficiente que haya prestado sus servicios como abogado o que, si es juez, conforme a la ley, haya dictado alguna sentencia que haya favorecido a algún criminal? ¿Dicho aspirante no podría argumentar que es parte de su trabajo profesional, así como justificó el expresidente López Obrador haber saludado a la mamá de El Chapo Guzmán?Entonces, para poder demostrar los vínculos de algún candidato a juez o magistrado con la delincuencia organizada, no puede ser sólo por sus labores profesionales, se tendría que presentar denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía General de la República o Fiscalía local), bajo los fundamentos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, o Código Nacional de Procedimientos Penales, o Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Pero el proceso no es corto, tendrían que reunir pruebas o indicios razonables para presentar la denuncia ante la Fiscalía y notificar al órgano responsable del proceso, activar el procedimiento de control de confianza o revisión extraordinaria y determinar la inelegibilidad o exclusión del proceso, con base en los requisitos legales y principios de idoneidad, probidad y seguridad institucional, ¿quién va a realizar este procedimiento? Los legisladores no lo previeron en las reformas legales que aprobaron para realizar la elección popular de jueces y magistrados, por lo tanto, si bien es cierto, los artículos 95, 96 y 97 de la Constitución marcan los requisitos de elegibilidad, éstos deberían haber sido revisados por los Comités de Evaluación, los que, al parecer, fallaron tal y como va a fallar la elección, porque la selección de personas no idóneas para ejercer esos cargos no es el único error.
Hay otros problemas que están enfrentado las y los candidatos con una elección que no es tal, porque en una elección hay competencia, en ésta no; porque un candidato sin fama en las redes sociales, sin recursos, sin compadres institucionales, sin vínculos con el poder político de Morena o de algún partido oficialista, no tiene nada que hacer en la boleta.
Por eso será una elección fallida y, además, sin legitimidad, porque los árbitros electorales han dejado de serlos, ya sea por cuestiones presupuestales o por colonización de sus estructuras o por sometimiento de algunos de sus miembros a los intereses de quienes tienen el poder político.
  Columnista: Ruth Zavaleta SalgadoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0