Suspenden audiencia para revisar prisión a militares por asesinato de 4 menores en Ecuador Infobae
Guayaquil (Ecuador), 23 ene (EFE).- Un tribunal de Ecuador suspendió este jueves la audiencia de apelación a la prisión preventiva que solicitaron los dieciséis militares implicados en el caso de la desaparición y el posterior asesinato de cuatro menores afroecuatorianos el pasado 8 de diciembre en el sur de la ciudad de Guayaquil.
La diligencia estaba por instalarse de manera virtual con los abogados de los familiares de los menores y de los militares, y representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil cuando el tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, cuya capital es Guayaquil, se reunió para conocer de la excusa de uno de sus miembros.
Según explicó a EFE el abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de las familias de los menores, Abraham Aguirre, el juez ponente del tribunal se excusó de conocer la causa porque es amigo y cliente de uno de los abogados de los procesados.
Ahora, el caso debe sortearse de nuevo para que "otro juez o jueza provincial pueda asumir el conocimiento de la apelación para admitirla o no admitirla", precisó Aguirre.
Aunque la audiencia iba a realizarse de manera virtual, una docena de familiares, conocidos e integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos llegaron hasta los exteriores de la Corte para manifestar su rechazo a la apelación.
"Hemos venido a pedir justicia y que este caso no quede en la impunidad", dijo a EFE Antonio Arroyo, tío de Ismael y Josué Arroyo (de 15 y 14 años), quienes junto a sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueron detenidos por los militares la noche del 8 de diciembre, cerca de un centro comercial del sur de Guayaquil.
Tras la detención, los soldados los subieron a una camioneta blanca y los llevaron rumbo a la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Los militares dijeron que los dejaron libres en el camino.
Horas después, el padre de uno de los niños recibió una llamada de su hijo, quien estaba acompañado por un hombre que le dijo que los vayan a recoger, pero tras alertar a la Policía del hecho no volvieron a saber de ellos.
Sus cuerpos aparecieron calcinados días después en una zona de difícil acceso, pero cercana al sitio donde habían sido dejados por la patrulla militar.
A los militares los procesó la Fiscalía por el delito de desaparición forzada y un juez de Guayaquil ordenó su prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité contra la Desaparición Forzada y relatores del Comité de Derechos del Niño de la ONU han condenado la desaparición y el posterior asesinato de los menores y han instado al Estado ecuatoriano a investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia.
El caso de los cuatro menores se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, en el marco de un "conflicto armado interno", declarado el 9 de enero de 2024 por el presidente, Daniel Noboa, para luchar contra las bandas criminales, a las que ha pasado a llamar "terroristas".
Hasta el momento existen más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura, por lo menos 8 casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales, según reportes de Fiscalía citados por la organización internacional Human Rights Watch (HRW). EFE
