Funcionaria de la Secretaría de la Mujer bajo la lupa por insumos vencidos y posibles restricciones a trabajadoras en Bogotá Infobae
Mientras la Secretaría de la Mujer de Bogotá continúa su labor en favor del empoderamiento femenino, una investigación disciplinaria encendió las alarmas al interior de esta entidad. El nombre de Natali Ardila Ardila, directora de Gestión Administrativa y Financiera de la Subsecretaría de Gestión Corporativa, figura hoy en el centro de una pesquisa liderada por la Procuraduría General de la Nación.
El órgano de control busca esclarecer posibles irregularidades ocurridas durante las vigencias de 2022 y 2023 en la contratación de servicios de aseo y cafetería en las Casas de Igualdad de Oportunidades, espacios creados como puntos de encuentro para mujeres en procesos de fortalecimiento de derechos y liderazgo social.
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El caso es delicado, de acuerdo con el Ministerio Público, existen indicios de “falta de gestión de la funcionaria que llevó a utilizar y almacenar productos e insumos vencidos, tanto para realizar la limpieza, como los destinados al servicio de café y diferentes tipos de bebidas en las Casas de Igualdad de Oportunidades”. Estas prácticas habrían afectado la calidad del servicio en espacios diseñados precisamente para dignificar la experiencia de las mujeres.
Pero la preocupación no termina ahí. La Procuraduría también investiga si, además de las deficiencias en la supervisión contractual, se habría restringido a las trabajadoras de aseo y cafetería el acceso a los mismos servicios ofrecidos por la Secretaría de la Mujer. En otras palabras, se analiza si a las mujeres encargadas de estas labores se les prohibió buscar atención o ayuda institucional, una denuncia que, de comprobarse, comprometería principios fundamentales de inclusión y respeto laboral.
Por ahora, la Secretaría de la Mujer no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación. El silencio institucional generó expectativas sobre la postura que asumirá la entidad frente a un proceso que toca tanto su operación interna como su discurso público.
La Procuraduría ordenó la recolección de pruebas y la verificación detallada de los hechos, con el objetivo de establecer si hubo responsabilidad disciplinaria por parte de Ardila, que fue nombrada en ese cargo según la Resolución 0345 del 13 de septiembre de 2024. La resolución señaló que la funcionaria fue designada “al cumplir con los requisitos y el perfil del empleo previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales”.
El caso avanza mientras se mantiene en reserva el desenlace de las diligencias. Por ahora, lo único cierto es que los focos del control disciplinario están puestos sobre una dependencia clave en la operatividad de la Secretaría de la Mujer, y que el resultado de esta investigación podría tener efectos importantes tanto en términos administrativos como simbólicos.
La Secretaría aumentó esfuerzos en prevención de VBG
Durante su rendición de cuentas, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá presentó los resultados de su gestión en lo corrido de 2024, con una ejecución presupuestal del 98,86% sobre un total de $122.389 millones.
Uno de los ejes centrales fue la atención a mujeres víctimas de violencia, que concentró el 46% del presupuesto. En este frente, se atendieron 15.589 mujeres y se fortaleció el Sistema Articulado de Alertas Tempranas, el cual realizó seguimiento a 1.968 mujeres valoradas en riesgo de feminicidio por Medicina Legal. Además, se firmó un convenio con la Fiscalía General de la Nación por cinco años para garantizar atención jurídica y psicosocial.
También se reportó un aumento del 20% en el presupuesto de las seis Casas Refugio, que permitieron atender a 677 personas. A través de las 20 Casas de Igualdad de Oportunidades y otras estrategias territoriales, se alcanzaron 40.747 mujeres con actividades de sensibilización y se realizaron 41.480 atenciones individuales y 539 jornadas comunitarias.
El Sistema Distrital del Cuidado sumó dos nuevas Manzanas del Cuidado en Suba y Engativá, alcanzando 25 espacios activos. En zonas rurales, la estrategia Caminando Juntas se desplegó para ampliar la cobertura.
Por último, se avanzó en la implementación del Sello En Igualdad con 33 empresas privadas y 46 entidades públicas. También se desarrollaron actividades en educación menstrual, formación flexible y fortalecimiento emocional, beneficiando a más de 700 mujeres.
