La Corte Suprema apuesta por la cautela durante la administración Trump Expansión

La Corte Suprema de Estados Unidos dio al presidente Donald Trump tres de victorias en los últimos días, pues permitió al gobierno usar una ley del siglo XVIII para expulsar sin un juicio previo a inmigrantes indocumentados, indicó que la repatriación de un individuo deportado bajo este principio no es necesaria, y frenó la recontratación de empleados federales a los que se despidió previamente pata recortar fondos. Sin embargo, los fallos de la corte, más que darle la razón al gobierno del republicano, argumentan fallos técnicos en las demandas presentadas contra las órdenes ejecutivas.

Durante las primeras semanas de este nuevo gobierno, la Corte Suprema dictó una serie de fallos estrechos y legalistas que parecen calculados para evitar los problemas más grandes presentados por el mandatario republicano. El nuevo enfoque de los jueces puede tener múltiples objetivos, como mantenerse al margen de las disputas políticas en Washington, mantener su legitimidad y evitar un enfrentamiento con un presidente que ha desafía la legitimidad de los tribunales. “La Corte Suprema no solo tiene un control jurídico, sino político, pues se oponen algunas visiones. Los magistrados interpretan la constitución de acuerdo con su ideología”, indica Gildardo López, profesor de la Escuela de gobierno y economía de la Universidad Panamericana (UP). La administración Trump buscó ya en varias ocasiones que las órdenes ejecutivas que sufrieron desafíos legales, sean juzgadas por la Corte Suprema, que esta semana ya emitió varios fallos sobre estos asuntos. El presidente pidió a finales de marzo que el máximo tribunal estadounidense resolviera el "problema" que para él suponen los jueces federales. Michael Dorf, profesor de derecho en la Universidad de Cornell, dijo a The New York Times que las tácticas de litigio de la administración alentaron el "mezquino asco" por parte de los jueces.

"Al defenderse contra la multitud de demandas que desafían las acciones de la administración Trump, el Departamento de Justicia ha hecho con frecuencia objeciones procesales quisquillosas y dudosas", dijo. "El gobierno dice que los demandantes se presentaron en el distrito equivocado, buscaron el remedio equivocado o demandaron al funcionario equivocado”.

La Corte dejó claro además que estos migrantes tienen derecho a algún tipo de debido proceso. "Deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a deportación bajo la Ley" y "tener la oportunidad de impugnar" su expulsión, declaró el tribunal. "La única pregunta es qué Corte resolverá dicha impugnación”. Este fallo "invita a más problemas por parte de una administración que actúa de mala fe”, dijo Dorf al Times. Hay otras órdenes que la Corte tiene pendientes analizar, como la que deroga el derecho a la ciudadania estadounidense por nacimiento, un derecho consagrado en la constitución. Horas antes, la Corte suspendió una orden de una jueza que exigía al gobierno repatriar a un migrante salvadoreño deportado por error el mes pasado. Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue enviado junto a más de 200 personas, en su mayoría venezolanas, a la megacárcel de El Salvador. La jueza de distrito Paula Xinis ordenó el viernes que sea repatriado a Estados Unidos antes de las 23:59 del lunes, después de que los abogados del Departamento de Justicia reconocieran un "error administrativo" en la expulsión. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, pidió a los abogados de Ábrego García que presentaran sus argumentos antes de las 17:00 horas del martes. La Corte le dio una nueva victoria al presidente el martes cuando bloqueó la orden de un tribunal inferior que obligaba al gobierno de Donald Trump a reincorporar a miles de trabajadores federales despedidos durante su período de prueba.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió que las organizaciones sin fines de lucro que presentaron una demanda para detener los ceses masivos carecían de legitimación para hacerlo. Al analizar la demanda, el juez californiano William Alsup ordenó el mes pasado a seis agencias federales que volvieran a contratar a 16,000 trabajadores en período de prueba despedidos. Alsup afirmó que la justificación del "bajo rendimiento" para su cese era una "farsa" y ordenó a los departamentos del Tesoro, Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía e Interior que los reincorporaran.