Responsabilidades en Teuchitlán El Sur de Acapulco

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Teuchitlán socializó a nivel nacional la tragedia que vive México desde hace años. Las imágenes de la ropa y los zapatos, las bolsas y las mochilas, las cartas y las fotografías de sus cercanos en un rancho donde había operado hasta muy recientemente un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y tres hornos crematorios, vincularon a las víctimas que murieron ahí con los temores y angustias de miles. No fue el primero ni el más grande centro de capacitación de sicarios y aniquilamiento en el país, pero fue el primero al que su exposición pública sacudió a la nación. Hasta el día de ayer, la búsqueda en Google de “Teuchitlán exterminio”, alcanzaba casi un millón 300 mil consultas.
La consternación también llegó a Palacio Nacional, y la presidenta Claudia Sheinbaum se ha referido repetidamente esta semana al horror vivido en ese rancho. Tiene que saberse qué pasó, dijo, para que a partir de la información y la investigación se deslinden responsabilidades. “Es un tema muy crítico, y muy grave”, calificó el martes el fiscal general Alejandro Gertz Manero. “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”.
Sheinbaum reveló que desde la intervención del rancho en septiembre del año pasado, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco lo tenía bajo resguardo, enfilando los señalamientos de responsabilidad en las autoridades del gobierno de Enrique Alfaro. Hay un poco de confusión en sus señalamientos, porque el rancho “Izaguirre” en Teuchitlán, al que se refiere, no es el mismo que se intervino en septiembre, en la comunidad de La Estanzuela en el mismo municipio, pero a dos kilómetros de distancia.
No obstante, es cierto, hay que ir más al fondo. Los señalamientos de Sheinbaum y Gertz Manero acotan en el gobierno de Alfaro y el municipal de Teuchitlán a los posibles responsables de probable omisión, o negligencia, o encubrimiento o eventualmente complicidades. Pero también hay funcionarios y exfuncionarios federales que pueden ayudar a comprender qué sucedió, porqué sucedió, o quién o quiénes, si fuera el caso, ordenaron silenciar la monstruosidad de los campos de exterminio y las fosas masivas clandestinas. Los primeros en esa lista que deberían ser llamados a declarar podrían ser:
1.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en ese momento secretaria de Seguridad Pública, que era la cabeza del sector que tenía bajo su responsabilidad formal a la Guardia Nacional, cuyos elementos intervinieron junto con la Fiscalía de Jalisco el rancho en La Estanzuela en septiembre. Su Secretaría tenía amplia información sobre ese tipo de campamentos en Jalisco y en el resto del país.
2.- El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, en ese entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, y quien en era el jefe de facto de la Guardia Nacional.
3.- El general de Brigada Luis Rodríguez Bucio, primer comandante de la Guardia Nacional, en cuyo periodo sus guardias encontraron restos óseos en Teuchitlán.
4.- El general de División David Córdoba Campos, que estaba al frente de la Guardia Nacional durante la intervención del rancho en La Estanzuela en septiembre pasado.
5.- El general de División, Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional desde el 5 de octubre, junto con todo el gabinete de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el 29 de enero de este año aseguraron en Teuchitlán un campo de adiestramiento vinculado con “un grupo delictivo” –en esa zona solo opera el CJNG–, donde detuvieron a 37 personas, cuatro equipos de radio comunicación, equipo táctico y precursores químicos.
Teuchitlán es el microcosmos de la gran tragedia mexicana. Nadie sabe todavía cuántas personas murieron ahí o cuántas fueron reportadas como desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobernación ha contabilizado casi 113 mil personas desaparecidas o no localizadas hasta mediados de esta semana, más de la mitad de ellas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con un reporte de César Martínez para la organización A dónde van los desaparecidos, que integran periodistas en todo el país dedicados a evitar que este tipo de fenómenos desaparezca de la memoria, el fenómeno se ha agravado en el gobierno de Sheinbaum. En los primeros 100 días de su administración, señaló Martínez, se registraron en promedio 40 desapariciones por día, que significó un aumento del 60 por ciento en comparación con el sexenio de López Obrador, cuando el promedio diario fue de 25. Del 1 de octubre al 8 de enero, han desaparecido otras cuatro mil 10 personas.
Sobre el total de fosas clandestinas como las halladas en Teuchitlán, no hay información reciente. El último mapa que publicó a Comisión Nacional de Búsqueda abarca del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2023, donde se tenían registradas dos mil 863 fosas. En esa fecha terminó de actualizarse, que coincide con los problemas que estaba teniendo dentro del gobierno Karla Quintana, que encabezaba la Comisión, por las quejas de varios gobernantes de que el trabajo que estaba realizando estaba exponiendo el incremento de las desapariciones en sus entidades, incluida la Ciudad de México. López Obrador la maltrató y la obligó a modificar su metodología para desaparecer a los desaparecidos, a lo que se negó. En agosto de ese año renunció.
Ese episodio tenso y clarificador de cómo quería el gobierno federal ocultar el tema de los desaparecidos, no puede limitarse a Teuchitlán y ayudaría a comprender el contexto. Tres declaraciones ministeriales adicionales serían de gran valor. La de López Obrador, que tiene que explicar cómo se le desbordó el fenómeno; el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hoy alto funcionario en el gobierno de la Ciudad de México, que era el jefe de Quintana, para reconstruir esa crisis, y Quintana, que lo que no la dejaron hacer en México, está haciendo en Siria, comisionada por la ONU.
La presidenta ha pedido que se investigue lo que sucedió en el rancho Izaguirre, pero no puede haber reduccionismo si en realidad se quiere comprender el problema y evitar más teuchitlanazos.

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