Alcaldesa de Silao denuncia incumplimiento de concesión de basura que afecta a la ciudad Periódico Correo
Silao, Gto.- Al reconocer el grave problema de recolección de basura que enfrenta Silao, la alcaldesa Melanie Murillo Chávez aseguró que “estamos amarrados a una concesión que perjudica nuestra ciudad”, pero aseguró que se han tomado medidas para impactar económicamente lo menos posible al Municipio.
Y es que desde el primer año de la administración de Carlos García Villaseñor se evidenciaron los conflictos en el barrido, recolección y confinamiento de los residuos sólidos urbanos -que en ese entonces era prestado por la empresa Veolia- bajo el argumento del presunto incumplimiento de pagos durante ocho meses al finalizar el trienio de José Antonio Trejo Valdepeña.
Los problemas se mantuvieron
Sin embargo, la facturación se regularizó y los problemas se mantuvieron pese a que en mayo de 2022 los derechos del título de concesión fueron vendidos por Veolia a NKN del Centro.
Murillo Chávez recordó que en el trienio 200-2003 en que Carlos García fue alcalde por primera ocasión se otorgó la concesión a la empresa Setasa (que luego entregó la estafeta a Veolia), la cual fue revocada por el entonces presidente Guillermo Aguirre Velázquez.
A partir de ahí se generó un litigio que concluyó en 2014, en el último año de gestión de Enrique Benjamín Solís Arzola, momento en el que se le devolvió la concesión a Veolia por los próximos 15 años, plazo que finalizará hasta 2029.
“Estamos amarrados, y así lo digo…a una concesión que perjudica a nuestra ciudad porque (NKN) no está cumpliendo, porque son ellos dueños del barrido, de la recolección de basura y de todo lo que entra al relleno sanitario”, dijo la Alcaldesa.
Al mismo tiempo expuso que Servicios Públicos ha integrado un informe en el que se registraron y notificaron a NKN del Centro los faltantes, incumplimientos y demás situaciones relacionadas con la prestación de este servicio público, y que además se han hecho reducciones en las facturas presentadas por la compañía.
“A pesar de que lamentablemente esto es un problema social y de salud muy importante, no basta con eso para que nosotros podamos revocar una concesión… (quitar de tajo esa concesión) al pueblo le costaría 374 millones de pesos. No tenemos el dinero para hacer eso ni tenemos por qué hacerlo cuando es un servicio que no ha cumplido”.
Sin dar detalles, la Presidenta Municipal agregó que se deberá realizar lo legalmente procedente y en el orden que se deba hacer para que exista una solución al persistente problema.
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