Seguridad y educación dos temas presentes en mi agenda legislativa Diario.mx

Durante la semana tuve la oportunidad de participar en el diseño de dos propuestas legislativas que pueden mejorar significativamente la seguridad pública en nuestro país.

La primera corresponde a una iniciativa que he presentado ante el Senado de la República para cubrir en lo inmediato un vacío legal de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) que por largos años no ha penalizado las conductas delictivas relacionadas con la introducción de armas, al territorio nacional; cuando, en general, no se puede probar que, el o los presuntos responsables las han internado de forma clandestina; o cuando, en particular, las armas se introducen en partes, con la evidente intención de ensamblarlas ya dentro de nuestro territorio.

Mi segunda participación se dio en el marco del foro regional de consulta pública, celebrado en el campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, para elaborar la Ley de Educación Media Superior, que será la base de una reconstrucción radical de este ciclo educativo; que desde hace tiempo representa la fase formativa más desarticulada y olvidada del sistema educativo nacional.

Aunque a primera vista parezcan asuntos sin conexión; en realidad, Morena, nuestro partido, siempre ha sostenido que el mejor instrumento para combatir las conductas delictivas es la educación, lo que es claro cuando hablamos de la formación de los jóvenes que viven su adolescencia o temprana juventud.

Respecto a la iniciativa para penalizar a quienes aprovechan el vacío legal que les permite introducir armas a través de nuestras fronteras sin recibir un castigo proporcional y justo, al daño que causan, conviene precisar que este trasiego es el que mayor daño nos causa, pues incrementa la capacidad destructiva del crimen organizado y es causa directa de la violencia homicida que tantas vidas le costado a las familias mexicanas.

Esta asociación entre el tráfico de armas y los homicidios es contundente. En el 2023 se estimó que son 15 millones las armas las que circulan en el país, de las cuales el 85 por ciento se ingresaron ilegalmente y con ellas se cometieron siete de cada diez homicidios.

Este flujo de armas que tiene como destino principal a la delincuencia organizada tiene efectos materiales; además del perjuicio causado a las víctimas, el Estado debe hacer inversiones cuantiosas para mejorar sus servicios de inteligencia policial, aumentar el personal de las instituciones de seguridad pública, capacitarlo y dotarlo de los medios para hacer frente a la creciente sofisticación de estos medios de violencia en manos de las bandas criminales.

Conociendo el origen de ese tráfico, durante su gobierno AMLO interpuso una demanda internacional contra ocho empresas fabricantes y sus distribuidores, dedicados a la venta de armas dentro de Estados Unidos, acusándolos de “comercio negligente e ilícito”; por la enorme facilidad con la que ponen en manos de las bandas criminales estos instrumentos de violencia.

A pesar de que los tribunales protegen con sobrada parcialidad a estas empresas, nuestra presidenta ha mantenido la demanda y ante la clasificación de terroristas que Trump ha dado a los carteles de la droga; su reacción fue oportuna e inteligente, señalando que ahora las empresas demandadas son cómplices de terrorismo; a lo que yo agregaría que también beneficiarias.

Para contribuir a esta jornada para limitar la entrada ilícita de armas, como legislador realicé una lectura minuciosa de la normatividad que es aplicable a la internación de armas a través de la frontera con Estados Unidos y encontré dos vacíos legales en la LFAFE que representan un resquicio que ha sido aprovechado por los traficantes de armas para evadir las penas que corresponde al daño que provocan en la sociedad.

En el primer caso han encontrado la forma de evadir las penas tipificadas en los artículos 84 y 84 bis de la mencionada LFAFE, relacionadas con la “introducción al territorio nacional en forma clandestina de armas municiones, cartuchos, explosivos y material de uso exclusivo” en el primero, y de “uso reservado” en el segundo; recurriendo su defensa al argumento absurdo, de que cuando no se prueba la absoluta clandestinidad del material introducido no se les puede castigar bajo el tipo penal amparado en estos preceptos.

Con base en ello las resoluciones de los jueces se han limitado al pago de sanciones que no contemplan penas privativas de la libertad.

La misma historia la tenemos cuando los traficantes, con el conocimiento pleno de que la introducción de fusiles o pistolas en piezas tampoco está tipificada; recurren a este método para después, ensamblar sus componentes en territorio mexicano; sin mayor pena que en el caso de ser detenidos una multa sea suficiente para liberarlos.

Ante ello, la iniciativa presentada cubre ambos vacíos, proponiendo un texto para el artículo 84 que tipifica como delito no solo la introducción “clandestina”, sino además la “introducción ilícita” de armas, cartuchos, municiones y explosivos; de modo que puedan castigarse todas las modalidades bajo las cuales ocurra el tráfico de materiales y armas de fuego.

El texto también comprende la tipificación de una pena a quien recurre al contrabando de armas y explosivos en piezas o componentes, para su en montaje posterior; generando con ello un instrumento legal para disuadir la práctica de cualquier modalidad que tome el cruce ilícito de armamento a través de nuestras fronteras.

La modificación propuesta para el artículo 84 bis es semejante, sólo que también propone penalizar al protagonista de esta acción ilícita y a quienes participen en su realización.

En vista de que los vacíos mencionados han constituido un estímulo implícito para el tráfico masivo de estos instrumentos de muerte y violencia; esta reforma que estoy proponiendo que próximamente aprobará el Congreso de la Unión, puede contribuir, junto con otras medidas que ya está tomando el gobierno, a limitar las capacidades de la delincuencia organizada para generar violencia en nuestro país.

Durante mi participación en el foro de consulta regional, para elaborar una ley que reglamente las actividades de la Educación Media Superior, comente que para nuestra presidenta este era un compromiso trascendental, porque a lo largo de su vida ha expresado que la educación tiene un valor central en la transformación de la sociedad.

Y aproveché para destacar la importancia de mejorar nuestro sistema de bachillerato que, como es sabido: es el ciclo educativo que tiene grandes problemas de articulación con los otros niveles educativos y una grave dispersión en los contenidos de sus planes y programas de estudio.

Respecto a la reforma del bachillerato, actualmente cursado por 4.3 millones de estudiantes, expuse que su desarticulación es consecuencia directa de la dispersión que caracteriza al perfil y contenido de sus 32 planes de estudio diferentes.

Sin embargo, debemos reconocer que la presidenta nos está convocando a dar un golpe de timón que nos permita homologar los contenidos educativos y sus estrategias de aprendizaje; reduciéndolo a sólo dos grandes subsistemas: uno denominado Bachillerato General y otro Bachillerato General Técnico.

Se trata de una nueva estrategia para elevar la formación de nuestros jóvenes que no viene sola, viene tutelada, apadrinada por todas las instituciones de educación superior con que cuenta nuestro país.

Con cual se abre la oportunidad de que las universidades y el Tecnológico Nacional participen en la especialización de los profesores de bachillerato y con ello se tenga una mejor plataforma para alcanzar una educación de excelencia.

Finalmente, sólo enumero asignaturas que deben considerarse ahora que tendremos la oportunidad de unificar los planes y programas de estudio.

En cuanto a la formación general, el aprendizaje obligatorio de un segundo idioma, en particular el inglés; un programa de aprendizaje solvente para que los estudiantes organicen sus conocimientos de plataformas digitales, software libre e inteligencia artificial

Otorgar mayor espacio al aprendizaje y disfrute del arte, la cultura física y el deporte y abrir un debate para desarrollar conductas relativas a los enfoques de género; la emergencia de una ética solidaria y altruista; y las identidades de nuestras naciones originarias.

En cuanto a la formación básica: propiciar que el aprendizaje inicial de las ciencias y las humanidades pierda su carácter libresco y se funde en experiencias cada vez más próximas a la realidad.

Ya para concluir: la actualización de los programas de estudio de lógica, matemáticas, química, física; el ancho mundo de las ciencias sociales y el de las humanidades; debe darse en estrecha colaboración con las academias y grupos de investigación de las instituciones de educación superior.

Finalmente, estoy convencido que estamos transitando por el mejor de los caminos para hacer de nuestro bachillerato una experiencia de aprendizaje extraordinaria.