Detienen al destituido presidente de Corea del Sur Entrelineas
La Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (OIC) de Corea del Sur ejecutó esta jornada la orden de detención contra el destituido presidente Yoon Suk-yeol, apartado del poder por su decisión de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre, informó la agencia de noticias Yonhap.
Yoon ha sido transferido a la OIC y pronto se abrirá una investigación completa al presidente apartado, acusado de liderar un intento de insurrección, informa Yonhap.
De esta forma, Yoon se convierte en el primer presidente surcoreano, aunque apartado, en afrontar un arresto.
La detención se produjo tras horas de negociaciones entre los investigadores de la OIC y la Policía -que llegaron a la residencia presidencial en Seúl para ejecutar la orden de detención- y el servicio de seguridad presidencial y militares leales a Yoon.
La operación para detener al presidente destituido se vio obstaculizada por los intentos de los militares y del servicio de seguridad de impedir el paso a los investigadores, mediante el levantamiento de barricadas con vehículos y otros métodos, que acabaron siendo superadas con ayuda de escaleras y mediante negociaciones.
En el curso de las conversaciones finales, Yoon trató, por medio de su abogado, de acordar una comparecencia voluntaria ante el OIC, pero el organismo investigador rechazó la propuesta.
La entrada en el recinto de los investigadores apoyados por policías tuvo lugar en medio de la movilización de partidarios de Yoon frente a la residencia, que sumaban unas 6.500 personas, según las estimaciones iniciales de la Policía.
Paralelamente, en los accesos a la sede oficial fueron desplegados unos 3.000 policías que, en cierto momento, procedieron a dispersar por la fuerza a los simpatizantes de Yoon, según medios.
Poco después, Yonhap comunicó que Yoon se niega a testificar ante la OIC.
Un espinoso camino hacia la detención
La detención de Yoon tiene lugar casi dos semanas después de una primera tentativa fallida en la misma residencia capitalina y 43 días después de que impusiera brevemente la ley marcial en ese país asiático.
A finales de diciembre, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la capital del país, emitió contra Yoon una orden de detención y de registro de sus oficinas, en el marco de la investigación por cargos de sublevación y abuso de poder.
El 7 de enero, el Tribunal concedió la prórroga de la orden de detención, a petición de la OIC.
La solicitud fue presentada tras el fallido intento de arresto el 2 de enero, cuando el personal de la OIC se enfrentó a una resistencia de militares al ingresar en la residencia presidencial para detenerlo y la posterior negativa policial a ejecutar la orden de forma independiente.
Además, el 2 de enero miles de personas se congregaron frente a la residencia de Yoon para impedir su arresto. Ese mismo día, Yoon proclamó su intención de «luchar hasta el final» ante la inminente detención.
El 5 del mismo mes, la agencia Yonhap supo por el jefe del equipo encargado de investigar el presunto golpe de Estado, Choo Mi-ae, que el director del Servicio de Seguridad Presidencial surcoreano, Park Chong-jun, habría ordenado disparar granadas aturdidoras y balas reales en ciertas condiciones, si no lograba resistir en una pelea física. Choo denunció también que algunos ejecutivos de ese servicio no solo guardan lealtad al presidente suspendido, sino que «siguen ciegamente a Yoon Suk-yeol y a [el exministro de Defensa] Kim Yong-hyun».
El día 14, la 55.ª Brigada de Seguridad del Comando de Defensa de la Capital del Ejército, que está a cargo de proteger el perímetro exterior de la residencia presidencial, advirtió que no obstaculizaría el acceso a la misma de los miembros de la OIC y la Oficina Nacional de Investigaciones para ejecutar una orden de arresto contra Yoon. La decisión de los uniformados de abrir las puertas de la residencia oficial hizo mucho más fácil el segundo intento de ejecución, designado para este 15 de enero.
Anteriormente, el político ignoró varias citaciones para comparecer ante la Justicia y ser interrogado en relación con los cargos.
Yoon todavía goza de inmunidad contra investigaciones, aunque eso no afecta a los cargos de insurrección o de traición. A su vez, la defensa del mandatario destituido argumenta que la OIC no tiene autoridad legal para investigar los cargos de insurrección.
El político sigue apartado del cargo desde que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, votara el 14 de diciembre para destituirlo debido a la breve imposición de la ley marcial, revocada a las seis horas por la presión del Parlamento.
Desde el 14 de diciembre, la Corte Constitucional tiene 180 días para decidir si aprueba la destitución definitiva o reinstaura al político en sus funciones.