Amparo y amnistía El Financiero
Como un serio retroceso son evaluadas ambas reformas jurídicas por parte del Senado y la Cámara de Diputados por múltiples abogados y académicos en derecho.
En el caso del amparo, figura jurídica estudiada y admirada en el mundo, el legislativo logró la aprobación en las dos Cámaras por Morena, el PT y el Verde, con la votación generalizada en contra por la oposición.
La reforma pretende que los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de casos generales, retiren a los jueces la facultad de dictar suspensiones.
Si un ciudadano se ampara en contra de una obra gubernamental que afecta sus derechos territoriales, el juez responsable carecerá de elementos para proteger al ciudadano y determinar una suspensión del acto de autoridad mientras este se investiga.
En síntesis, representa un grave retroceso a derechos y garantías constitucionales, que incluso forman parte de acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos. El Senado y la Cámara de Diputados, avalan con este dictamen, el debilitamiento del amparo y del Estado de derecho.
Peor aún, los más afectados, resultan los sectores de la población más vulnerable, que recurren al amparo como medida extrema para proteger sus derechos.
Si un ciudadano se ampara por la restricción de derechos de agua, por una decisión gubernamental que otorga usos del líquido a empresas particulares o gobiernos locales, el juez responsable del caso no puede suspender el acto de autoridad para proteger al ciudadano. Los más vulnerables se quedan indefensos sin la protección de la ley.
Resulta un absurdo y una contradicción ir en sentido contrario a los derechos garantizados en nuestras leyes.
En el caso de la Amnistía, la reforma aprobada ya en el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados, llama la atención el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la República. Con esta reforma, el titular del ejecutivo podrá sin trámite ni negociación alguna con presos sentenciados y consignados, ordenar su inmediata liberación sin efectos jurídicos en contra del individuo.
¿Por qué quiere el presidente liberar a criminales sentenciados por jueces y tribunales?
¿A quién quiere proteger en el presente o el futuro?
Ha argumentado que pretende utilizar la facultad a cambio de información que inculpe a otros personajes. Una vez más, AMLO está utilizando la justicia con intención política.
Ya existe una Ley de Amnistía, que establece con precisión los casos, condiciones y categorías en los que el presidente y el gobierno pueden otorgar perdón absoluto.
Ahora, López Obrador quiere poder absoluto en esta materia y dejar en la Ley para sus sucesores.
La restricción de las facultades presidenciales en México, las legales y las metaconstitucionales, representó un proceso de casi tres décadas. Limitar los excesos, abusos, atropellos cometidos desde el gobierno en contra de ciudadanos, es tal vez, el logro más significativo de la transición democrática.
Para el presidencialismo imperial, los organismos autónomos, las restricciones legales, los contrapesos jurídicos, significaron la gradual consolidación de un régimen democrático.
Hoy el Senado y la Cámara, controlados por Morena y sus aliados con mayoría simple, ratifican una regresión del estado de derecho en México, al regresar facultades y poderes extraordinarios al presidente. Una vergüenza absoluta.
Legisladores que aprueban estas iniciativas en contra de los intereses del pueblo de México -que ellos tanto pregonan- para fortalecer a la figura presidencial.
Ricardo Monreal, líder del Senado, que se presenta como doctor en derecho y académico defensor del marco jurídico, impulsa esta aberración como prueba de su servilismo político.
Las leyes que seguramente serán promulgadas por el ejecutivo en los siguientes días, enfrentarán impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia promovidos por la oposición. Son claramente violatorias de la constitución y con altas probabilidades de ser detenidas en la Corte.
Una vez más, habrá que estar atentos al comportamiento y voto de ministros, que al servicio de la 4T aprueben estas iniciativas en flagrante traición al Estado de Derecho y la constitución mexicana.
Un ministro que vota en contra de la constitución es un traidor a la Carta Magna, a su función y al Poder Judicial de la Federación.
