Plan Bukele en Perú: ¿Cuál es el interés del gobierno de Dina Boluarte para implementar el método autoritario de El Salvador en el país? Infobae

Durante el 2023 la idea de que era necesario un ‘Plan Bukele’ para enfrentar la delincuencia se difundió y el gobierno, que en su momento tenía como representante a Alberto Otárola en el Consejo de Ministros, recogió esta idea y la transformó en un ‘Plan Boluarte’.

Aunque la propia presidenta Dina Boluarte indicó en noviembre del 2023 que en el Perú “hay un clima de seguridad y estabilidad. (…) Yo veo paz, hay libertad de prensa y hay inseguridad” y que “no existe un ‘Plan Boluarte’” en diciembre de ese año, la forma más evidente de su interés en acercarse a las acciones de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, llegó en febrero del 2024 cuando envió a una delegación -ministro de Justicia incluido- al país centroamericano “para intercambiar experiencias en materia de seguridad pública”.

Pero, ¿qué interés puede tener Dina Boluarte en una eventual implementación de un ‘Plan Bukele’ en el Perú? y, sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener en la política interna del país? Lo cierto es que, más allá de la seguridad ciudadana, una política como la que se aplica en El Salvador implementa estrategias que vulneran derechos humanos y es propia de un gobierno autoritario.

Infobae Perú pudo conversar con expertos que comentaron cómo se vive la implementación de un ‘Plan Bukele’ y cómo este tipo de acciones no solo deberían evitarse en el Perú, sino a nivel latinoamericano.

Reemplazar el miedo al criminal por el miedo al Estado

La periodista Krissia Girón indicó que en El Salvador, Bukele ofrece a los ciudadanos “una percepción de seguridad, sin embargo esta no es plena (...) cuando la violencia contra la mujer no está en esos planes. La narrativa está tan bien hecha y sus estrategias están conectando con la gente y eso es lo que lo hace popular”.

Una particularidad de Bukele, por ejemplo, es que llegó al gobierno luego de pasar por dos alcaldías. Algo que ya lo diferencia de Boluarte, que llegó a la Presidencia porque el mandato constitucional le dio el cargo luego de que el expresidente Castillo intentara disolver al Congreso de forma irregular.

Este punto es clave pues el ahora presidente de El Salvador no era una figura emergente en política y ya se sabía que la seguridad ciudadana era una de sus insignias principales.

Girón también indicó que el programa de Bukele consistió en capitalizar el enojo de los ciudadanos en contra de los partidos tradicionales “que no han resuelto uno de los principales problemas que tenía El Salvador, que era justamente la inseguridad, violencia en las calles, las altas tasas de homicidios, etc”. La implementación de las ideas de Bukele en este contexto produjeron resultados, pero estos tienen un costo altísimo para los civiles.

El ‘régimen de excepción’ -como se conoce a una especie de ‘estado de emergencia’ en El Salvador- le dio facultades a la policía desde el 2022 para detener a cualquier persona en cualquier contexto por cualquier motivo que consideren los agentes. Esto llevó a que se realicen capturas arbitrarias, condenas que no respetan el debido proceso, violación de derechos humanos y abuso de poder.

“Si bien es cierto hay ahora una percepción de seguridad, hay entre 3 mil y 5 mil personas que fueron capturadas sin tener ningún vínculo con pandillas”, indicó Girón. Aunque estas no representan la gran mayoría de las detenciones, sí existe el temor de caer en estos operativos pues hay un riesgo adicional: perder la vida al interior del CECOT, la prisión a la que El Salvador envía a los acusados de ser parte de una pandilla.

“(...) también hay denuncias de torturas dentro de las cárceles. Hay personas que han fallecido dentro de la cárcel debido a causas desconocidas. Los familiares denuncian que cuando les devuelven el cuerpo tienen signos evidentes de tortura”, aseguró la periodista salvadoreña.

El régimen de excepción en El Salvador, también habilitó una herramienta que, se presume, fue muy mal utilizada por los propios ciudadanos: un número teléfono para realizar denuncias anónimas. Según la serie de podcast ‘El Señor de los Sueños’, la isla El Espíritu Santo empezó a reportar detenciones pese a que en su territorio no había pandillas.

En ese sentido, Krissia Girón manifestó que se han reportado casos de menores de edad detenidos por supuestamente ser parte de una pandilla y pese a que se demuestra lo contrario y que su familia tiene una orden de liberación, estos aún no son devueltos a sus hogares. “Se reemplaza el miedo a las pandillas por el miedo al Gobierno”, argumentó.

¿En realidad hay un plan de seguridad ciudadana en El Salvador?

La respuesta más sencilla sería un ‘no’. Pero al consultar con Girón, se dijo que en verdad nadie en el país centroamericano conoce de qué se trata el plan ‘Control Territorial’ de Nayib Bukele, pues hasta el momento no se tiene un documento que indique cuáles son sus directivas u objetivos.

Lo único que se conoce de él es que podría incluir: un alto grado de control de las instituciones del Estado, ’mano dura’ contra la delincuencia, y recurre al estado de excepción para ejecutarse. Los reportes de la prensa salvadoreña señalan que el Gobierno también habría negociado con las pandillas para mantener el orden interno

Entonces si en El Salvador no existe realmente un plan determinado para mantener la seguridad ciudadana, ¿por qué Dina Boluarte está tan interesada en replicar prácticas de un país autoritario? Infobae Perú conversó con José Rodríguez, internacionalista y periodista, para determinar estos posibles motivos.

Las dos caras del ‘método Bukele’

Rodríguez expresó que actualmente en El Salvador hay dos caras: “Se plantea un intercambio entre derechos y libertades para conseguir seguridad”, comentó. Si bien las detenciones, entre marzo del año 2022 hasta la actualidad, son de aproximadamente 75 mil personas y los ciudadanos apoyan a Bukele porque se sienten seguros, hay un lado negativo.

“ Lo que vemos es un desmantelamiento completo de la democracia en El Salvador (...) a la vez también vemos denuncias por violaciones de derechos humanos: detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, torturas en las cárceles, muertos en custodia en situaciones poco claras, desapariciones forzozas. En resumen, lo que vemos es un Estado policial en el que el 2% de la población del país está en la cárcel”, afirmó el internacionalista.

Estos hechos y datos no son discutidos cuando se habla de aplicar el ‘Plan Bukele’ en el Perú, sino que se reduce el debate a la lucha contra la criminalidad. “Hablar de esto se ha convertido en un lugar común que genera popularidad, pero muchas veces no se aterriza a hechos concretos o a logros como en el caso del gobierno peruano”, indica Rodriguez.

El internacionalista considera que lo que puede estar ocurriendo con Dina Boluarte es que estaría buscando tener estos gestos que la acercan a Bukele para aumentar sus cifras de popularidad pues actualmente se encuentran por debajo del 10% a nivel nacional. Sin embargo, en la práctica esto no es posible.

“Los líderes populistas en América Latina últimamente abrazan este concepto (del ‘método Bukele’), pero generalmente lo hacen para tapar su propia incapacidad”, sentencia José Rodriguez.

Para el especialista, las dudas sobre la posibilidad de aplicar este modelo parten de la propia capacidad del Gobierno para llevarlo a cabo: “No hay capacidad técnica, logística y tampoco poder político para implementarlo. Lo que hemos visto es que hay cierto ánimo de imitar esta mano dura, pero en la práctica no se sabe cómo hacerlo”.

Es en ese sentido que se aplican los estados de emergencia como si estos formasen parte de un plan del Gobierno, pero que en realidad serían acciones que no tienen influencia sobre los niveles de criminalidad. Pese a ello, sí hay algunas similitudes entre el Perú y El Salvador: el deterioro de la democracia.

“En El Salvador se concentra el poder en una sola fuerza política, en una sola persona. En el Perú pasa lo contrario. Hay un debilitamiento de la democracia pero por una dispersión del poder”, manifiesta Rodríguez.

La duda está planteada pues, el internacionalista se cuestiona quién podría implementar un modelo como el de Bukele en el Perú cuando en los últimos años el Perú no ha podido tener estabilidad en el Ministerio del Interior. De hecho, solo la presidenta Boluarte ya ha tenido cuatro (César Cervantes, Víctor Rojas, Vicente Romero y Víctor Torres) y si se incluye al periodo del presidente Pedro Castillo se suman otros siete: 11 ministros en menos de tres años.

Es por eso que Rodríguez considera peligroso el intento de ‘copiar’ el modo de gestión de Bukele que “el riesgo que veo al imitar este modelo es que al intentar imitar esto, es que simplemente se logre la cara dañina y tóxica sin siquiera lograr resultados en términos de lucha contra la criminalidad”.