Presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, pide que ningún miembro de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vea denuncia en su contra Infobae
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, envió un oficio dirigido a la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) para pedir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que ella preside, no evalúe la denuncia constitucional 451 presentada en su contra por permitir inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).
Como se sabe, el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) denunció constitucionalmente a Salas Arenas por presuntamente haber infringido las normas constitucionales al dar luz verde a la oficialización del partido político vinculado al exconvicto Antauro Humala. De acuerdo con el legislador, la autoridad transgredió los artículos 38, 51, 103, 178 y 181 de la Carta Magna.
“Salas Arenas es el responsable político de admitir a un actor antidemocrático en nuestro sistema electoral, con una inspiración violenta contra aquellos que no comparten sus ideas. Mi objetivo es el de vigilar y garantizar la democracia en el Perú”, comunicó el congresista Cavero a través de su cuenta de X (antes Twitter).
En ese sentido, este martes 5 de marzo, Jorge Salas Arenas envió un oficio en el que explica por qué los integrantes de la SAC no deben evaluar la denuncia constitucional, que puede devenir en una suspensión o inhabilitación del cargo.
En el documento se lee que los miembros de este grupo de trabajo no serán imparciales al momento de decidir si deben o no proceder con la denuncia en su contra, lo que contraviene el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Salas Arenas también mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la que ordena que un magistrado debe contar con “la mayor objetividad para enfrentar el juicio”.
Para sustentar por qué los integrantes de la SAC no serán objetivos al momento de decidir si lo sancionarán, el presidente del JNE citó notas periodísticas en las que se lee que Lady Camones está a favor de la reducción del periodo de los jefes del JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“Debería recortarse el periodo de los tres (funcionarios), no solamente del jefe de la ONPE y JNE, sino también del RENIEC. Hay un gran sector de la población que tiene desconfianza de las autoridades del sistema electoral”, opinó Camones en entrevista con Canal N.
Esta declaración indica que la congresista de Alianza para el Progreso no está conforme con que Salas Arenas presida el JNE, de acuerdo con el oficio.
También mencionó que los congresistas Patricia Juárez (Fuerza Popular), Jorge Montoya (Renovación Popular), Jorge Cueto (Renovación Popular) y Martha Moyano (Fuerza Popular) ya adelantaron opinión al haberse expresado en medios de comunicación y redes sociales en contra de su gestión.
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará denuncia contra Alberto Otárola
La congresista Lady Camones indicó la mañana del martes 5 de marzo que será hasta la semana próxima cuando se aborden las acusaciones constitucionales contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien renunció durante la noche de la mencionada fecha.
La parlamentaria detalló que el grupo de trabajo que preside recibió recientemente la notificación de tres denuncias constitucionales, que no podrán ser evaluadas hasta este viernes 8 de marzo, porque ya hay temas en agenda.
“Vamos a dar cuenta la próxima semana (sobre el ingreso de estas denuncias), luego tendremos el plazo de 10 días hábiles para la elaboración del informe de calificación”, explicó.
Como se sabe, la noche del domingo 3 de marzo, el dominical Panorama reveló un audio de una conversación entre quien sería Otárola y Yaziré Pinedo, joven con quien el exfuncionario público habría mantenido una relación sentimental, además de obtener órdenes de servicio con el Estado por más de S/53.000. De esta forma se comprobó que el expremier mintió al negar vínculos con ella anteriormente.
