México y EU desoyeron 6 peticiones de padres de los 43 sobre \'El Transformer\' Milenio

Desde 2016, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, a nombre de las familias de los 43 estudiantes de laEscuela Normal Rural de Ayotzinapa, inició una batalla para obtener el testimonio de un conocidomiembro del cártel Guerreros Unidos, El Transformer.
El transformer resultó pieza clave paraconocer el papel del quito camión en la desaparición de los normalistas y el modus operandi deltráfico de heroína entre Iguala y Chicago.
Una vez que Pablo Vega Cuevas fue liberado bajo fianza desde el pasado 9 de noviembre de 2023 enuna audiencia pública en Illinois, en la que el juez Jorge L.
Alonso le concedió una petición sinoposición para que El Transformerpudiera llevar su caso fuera de prisión, hay temor por parte de laorganización protectora de derechos humanos de que se pierda el rastro de los testimonios de estenarcotraficante que podrían echar luz sobre lo que en realidad aconteció en aquella trágica noche en elestado de Guerrero.
A pesar de que el Centro Miguel Agustín Pro Juárez ha realizado seis peticiones –que constan deescritos y actos de investigación– para obtener el testimonio clave de Pablo Vegas Cuevas, tanto elgobierno mexicano como el estadunidense han hecho caso omiso y ahora podría ser demasiado tardepara acudir a esa vía de conocimiento.
El tiempo, hoy, no les juega a su favor, luego de que El Transformer pagó la fianza de 200 mildólares y cooperó de manera activa con las autoridades norteamericanas.
Ante ello, el Centro AgustínPro guarda sospechas fundadas de que Vega Cuevas se convierta en testigo protegido, y entonces,ahora sí y en definitiva, se pierda todo rastro de la información de la que él dispone sobre loacontecido en Ayotzinapa el viernes 26 de septiembre del 2014.
Si se convierte en testigo protegido como ha pasado con otros narcotraficantes, la causa estaráperdida.
Peticiones para que hable El TransformerMILENIO obtuvo las peticiones que revelan que desde 2016 y hasta el 2020, durante lasadministraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la organización proderechos humanos ha requerido de manera formal el apoyo de las áreas de enlace internacional delgobierno mexicano para entrevistar a Vega Cuevas.
Pero hasta el día de hoy ningún funcionariomexicano ha logrado que el Departamento de Justicia estadunidense les otorgue acceso a esepersonaje.
Aquella noche de septiembre de hace 10 años desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela NormalRural de Ayotzinapa.
Desde entonces el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) yel Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañan a las familias de losmuchachos en la lucha por saber qué les sucedió y por qué desaparecieron.
Y el testimonio de Pablo Vega Cuevas es clave para saberlo.
Durante el 2016 se presentaron dos peticiones; en 2018 realizaron dos escritos más para que sedesahogaron pruebas relacionadas con Pablo Vega, detenido en Estados Unidospor delitos denarcotráfico de heroína y otras sustancias prohibidas.
Mientras que en 2019 presentaron otro escrito a la Comisiónpara la Verdad Ayotzinapa para solicitar lo mismo, y en 2020 extendieron otro escrito a la UnidadEspecial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, con la misma petición.
En total, son seis escritos que solicitan actos de investigación o que promueven diligenciasrelacionadas con el caso y con Pablo Vega ante las autoridades en Chicago, Illinois, y también algobierno mexicano.
Pero los responsables de uno y otro lado acusan haber recibido los documentospero sin darle mayor cauce.
Por ello las exigencias, ahora de palabra, al día de hoy no paran.
El 11 de noviembre de 2023, en una mesa de diálogo entre el gobierno federal y las familias de los 43jóvenes, entre los reclamos que hacían a Rosendo Gómez Piedra, el fiscal del caso, se encontraba laliberación de El Transformer.
Los afectados recordaron que durante años le habían pedido queintentara una aproximación con los abogados del narco y las autoridades norteamericanas, sin que estohubiera sucedido todavía.
La primera pista: Guerreros UnidosA las 07:00 horas del 4 de octubre de 2014, fue detenido Gonzalo Souza Neves, El Güero o El Uruguayo, integrante del cártel llamado Guerreros Unidos.
Un simple comunicadode prensa que envió la entonces Procuraduría General de la República (PGR) refería que “labores deinteligencia de las instituciones de seguridad permitieron ubicar y detenerlo en la colonia San RafaelOriente”.
Añadía que “se presume que traficaba los estupefacientes hacia Chicago, Illinois”.
Uno de los apodos de Souza Neves no era una ocurrencia muy creativa: él en efecto había nacido enMontevideo, Uruguay, hace 32 años, y llegó a México en 2003 en compañía de su primo, que erafutbolista y jugaba en un equipo de Iguala, Guerrero.
Rubio y corpulento, en la única fotografía que sehizo pública el día de la detención, El Uruguayo hacía una mueca que recordaba a un nene a puntode llorar.
Pero su detención no era la de cualquier detenido en posesión de drogas: “La historia de El Uruguayollamó la atención al GIEI en 2016.
"Eso fue lo que alimentó en ellos la idea de que había que buscarmás en el tema de los autobuses”, recuerda Santiago Aguirre, director del Centro Pro, en entrevista unviernes por la tarde desde su oficina en la Ciudad de México.
La historia del ciudadano uruguayo se conoció realmente a partir de un amparo resuelto en 2016 afavor de Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos.
Las familias y losactivistas supieron de la existencia del sudamericano a través de una libreta de contactos de Sidronio.
Las familias sostienen que la omisión por parte de las autoridades demoró la investigaciónde laprimera causa conocida en México, en la cual se investigó cómo operaban los autobuses que partíandesde Guerrero hasta Illinois.
A partir de que se revelara esto, fluyó información de otro líder de Guerreros Unidos: Pablo VegaCuevas, apodado El Transformer, detenido desde finales del 2014 en Illinois por narcotráfico y queera ubicado como líder de esa organización en ese estado de la Unión Americana.
Fue entonces que los activistas quisieron entrevistarse con él para recabar información crucial sobre loocurrido aquel 2014, pero fue hasta diciembre del 2016 que el Centro Agustín Pro –en representaciónde los familiares– solicitó a la PGR que a través de la asistencia jurídica internacional, pidierainformación a la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois para intentar tener acceso a Vega Cuevas.
Querían que el criminal les contara todo lo que sabía de la noche de Iguala.
Porque Vega sí tenía información.
Según una intercepción de llamadas realizada por las autoridadesnorteamericanas como parte de una investigación por tráfico de droga en contra de El Transformer, aldía siguiente de la desaparición de los estudiantes él mismo ordenó a lugartenientes del grupo criminalque hicieran “un plantón todos lo de transporte y que sea en contra del presidente, que se haga unademanda colectiva en contra del gobernador y procurador y el presi también”.
Santiago Aguirre, director del Centro Agustín Pro explica: “Queríamos ver si era factible que lasfamilias de Ayotzinapa presentaran algún argumento [en Estados Unidos] de que tenían algún tipo deinterés jurídico en el juicio y que parte de que lo que se iba a dirimir ahí les interesaba.
Pero nosdijeron que no, es muy restrictivo porque su delito [de Vega Cuevas] era crimen organizado y no nosiban a reconocer ningún interés”.
Hoy las familias están peor que en aquel momento.
De hecho, están en uno muy crítico: después desiete años en prisión por cargos relacionados con tráfico de drogas, Pablo Vega Cuevas puede llevar eljuicio fuera de prisión, en virtud de que se le concedió una fianza de 200 mil dólares en la corte deEstados Unidos.
Está esperando una sentencia desde la comodidad de una casa, como lo dio a conocerMILENIO la semana pasada.
Además de ello, los fiscales de aquel país han reconocido su cooperación, lo que podría ayudarle auna eventual liberación a través de colocarlo en el programa de testigos protegidos –como ha ocurridocon otros narcotraficantes–, lo que haría que los padres de los jóvenes normalistas, ahora sí, pierdanese rastro para siempre.
Historia de una batallaEse viernes la calle donde se ubica el centro Agustín Pro está repleta: vendedores ambulantes, puestosde tacos a reventar.
A unas cuadras está el mercado de San Cosme, donde las chicas que colocan uñasse convierten en maquiladoras ambulantes, preparan las manos de sus clientas para la fiesta del fin desemana.
Muchos se preparan para el descanso, ya no quieren trabajar.
Pero no es el caso de Santiago Aguirre.
Sentado en una mesita donde reposan unos documentos, seacomoda sus lentes circulares, esos con los que ha aparecido en tantas fotografías en la prensa a lolargo de estos años.
Los papeles son los escritos mediante los cuales solicitaron –primero a la PGR yluego a la FGR– que desahoguen la probanza relacionada con información que llegó al expedientePGR/SDHPDDS/OI/001/2015, el del Caso Iguala.
Y hay una petición directa: quieren una entrevistade Pablo Vega Cuevas.
Los litigantes del Centro Agustín Pro acompañan a los familiares de los estudiantes, quienesobtuvieron el carácter de víctimas dentro de esta averiguación previa.
Durante la administración deEnrique Peña Nietolas peticiones para entrevistar al narcotraficante se hicieron a través de laSubprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (Sajai), a través de esa área de la entoncesPGR, pues en ese momento había un tratado de cooperación que evitaba la asistencia por medio de lascancillerías.
Con el mecanismo se podía acudir directamente hasta el Departamento de Justicia deEstados Unidos.
Los solicitantes pretendían que las autoridades les dieran información de Pablo Vega, su cuñadoAlexander Figueroa y otros integrantes de Guerreros Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía de Chicago,Vega importó narcóticos, heroína y cocaína de México a Illinois, a menudo escondiendo losnarcóticos en autobuses comerciales de pasajeros que viajaban desde Guerrero a Chicago.
Como semencionó antes, la primera petición se realizó en diciembre del 2016.
El Centro Agustín Pro presionó a la PGR para que buscara la manera, por vía de la asistencia jurídicainternacional, de obtener lo que había en Estados Unidos en el caso del Transformer.
Paralelamentecomo organización decidieron ir a Chicago, hablar con abogados, con catedráticos e investigadores.
Pero no consiguieron su objetivo.
Finalmente en 2017 Alfredo Higuera Bernal, entonces fiscal del Caso Ayotzinapa, obtuvo de laFiscalía de Illinois una primera parte de los intercambios de WhatsApp que sostuvieron integrantes deGuerreros Unidos a lo largo de 2014, esos que habían interceptado agentes de Estados Unidos y queayudaban a entender qué había pasado las siguientes horas y días luego de que ocurrió la desaparición.
“Nosotros vimos [los mensajes] y encontramos que efectivamente había referencias a lo que estabapasando con los normalistas”, recuerda Santiago Aguirre.
Por ejemplo, el mensaje que envió en septiembre Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos, a suhermano Adán Zenén, respecto de que “ya llevaban 60 paquetes ya guardados y varios con sanpedro”, refiriéndose a losestudiantes de Ayotzinapa.
“Cuando se revelan esas conversaciones volvimos a pedir que fueran a entrevistar a Pablo VegaCuevas antes de que saliera [de prisión].
Se acabó el sexenio de Peña Nieto y no se movió más [elasunto]”, refiere Aguirre.
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Pero fue durante el presente sexenio, que empezó en diciembre de 2018, cuando se presentaron lamayoría de las peticiones, cuatro.
Nueva administración, nueva esperanza fallidaApenas inició el actual gobierno, familiares y activistas continuaron su presión: creían que había másinformación en el expediente de Vega Cuevas, y reconocen que cuando llegó el comisionadoAlejandro Encinas todo parecía fluir muy bien, al buscar diálogo entre la administración obradorista yla del presidente Joe Biden.
Incluso logró algo sin precedentes: en una reunión que tuvo el presidente Andres Manuel LópezObrador con la vicepresidenta Kamala Harris, abordaron el tema Ayotzinapa.
AMLO, en 2021,incluso reveló que se dio la petición de un expediente necesario, lo que abrió la puerta para que elfiscal del caso, Omar Gómez Trejo, volara a Illinois para solicitar los mensajes completos de losteléfonos celulares, ya que a lo largo de los años apenas habían llegado algunos extractos de ellos.
Fue este fiscal quien logró recabar más información sobre los mensajes entre Vega Cuevas y otrosintegrantes de Guerreros Unidos.
Pero entonces algo se fracturó: gracias al trabajo de Omar Gómez, entre los años 2020 y el 2021 sereveló, a través de los chats de Guerreros Unidos, sobre la colusión con policías, con presidentesmunicipales y hasta con el Ejército Mexicano, una institución tremendamente protegida por elpresidente López Obrador.
Estos mensajes, que forman parte de la causa judicial de Pablo Vega Cuevas, se convirtieron en labase para que Gómez Trejo acusara a militares, no por la desaparición, sino por su vinculación, y dehecho acusó a 20 elementos del Ejército de tener algún grado de participación en los hechos.
“A nuestros ojos eso reitera la relevancia de buscar un acercamiento con Pablo Vega Cuevas y con losmexicanos que están allá [en Illinois] y seguir profundizando.
Es decir, si ya no hay más en losmensajes porque esa fue la versión oficial, no había que descartar que pudiera haber más[información] con las personas involucradas.
Que vayan a entrevistarlo… y esa ha sido nuestrabatalla”.
Durante el actual gobierno el Centro Agustín Pro y las familias se han topado con más dificultades,como la desaparición de la Sajai, que aunque deficiente, existía y daba cauce a las pesquisas.
Ahorasolicitaron a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa(CoVAJ) que se recuperara este tema y que se priorizara el acceso al llamado Transformer.
Santiago Aguirre cuenta que el tema Vega Cuevas ha sido parte del diálogo constante de las familiascon este gobierno.
Y querían entrevistar al Transformer, escuchar qué más sabe de sus hijos antes deque saliera de prisión.
¿Demasiado tarde?A pesar de estas peticiones y de contar con información que revela que Vega es una pieza sumamenteimportante, parecería que ya es tarde: el detenido fue liberado y ahora la solicitud va a contrarreloj.
“Esto muestra que de ambos lados de la frontera hay una aproximación deficiente al procesamiento deestos casos, que involucran las redes de macrocriminalidad que provoca que las perspectivas, lasnecesidades y los derechos de las personas victimizadas por estas redes no se consideren.
En la lógicade los fiscales en Estados Unidos las víctimas mexicanas de estas redes no existen”, considera eldirector del Centro Pro.
Para los fiscales estadounidenses, dice, su única prioridad es el daño que generan las drogas enEstados Unidos; no tienen ni les importa la perspectiva íntima de los desaparecidos en México.
Las autoridades mexicanas son otra historia, pues la desaparición de la Sajai en la FGR significó unaburocratización de los temas que requieren cooperación internacional.
Ello redunda en que este tipode temas se descuiden, aunque sean prioritarios.
En septiembre de 2023 se confirmó la salida del fiscal Omar Gómez Trejo, lo cual interrumpió lacomunicación y la confianza que se había logrado con las autoridades mexicanas.
Entonces asumióRosendo Gómez Piedra, alguien que recibió críticas desde el inicio.
“No tiene ni idea de este tema [el de Vega Cuevas], lo ha descuidado y está más ocupado enenvenenar el caso hablando mal de las organizaciones, de los padres y de las madres.
"Es él quientendría que estar avanzando en entrevistar a Pablo Vega, pero como es incompetente, perdió laconfianza de las autoridades americanas”, critica Aguirre.
Sin embargo, sigue la presión de las familias hacia elgobierno mexicano para que se logre uninterrogatorio con el ‘Transformer’ antes de que logre la libertad definitiva.
El pasado 11 denoviembre, en una mesa entre los padres de los 43 y el gobierno federal se criticó el letargo del actualgobierno con un caso que debería ser también su prioridad.
Pero Vidulfo Rosales, abogado de los padres, confirma que se han dejado de lado diversas líneas deinvestigación del caso Ayotzinapa al igual que la cooperación de ‘El Transformer’.
“La cooperación con testigos relevantes e importantes, los incentivos que se llegaron a ofrecertampoco se están siguiendo.
La prueba es lo de Pablo Vega: cuántas veces se pidió que se buscara unincentivo para esta persona a efectos de que pudiera colaborar, pero nunca se hizo”.
HCM