Mirador Político: Anomalías | Artículo Editorial Aristegui Noticias
Por Jorge Alcocer V.
Las instituciones no son los edificios que las albergan, ni los escritorios o computadoras con que laboran quienes en ellas trabajan. Son las personas las que dan sentido y concreción a las obligaciones y atribuciones que las instituciones tienen confiadas por mandato constitucional o de ley. La solidez institucional depende de quienes laboran en el servicio público. El servicio civil de carrera es una de las mayores riquezas con que puede contar una sociedad en que se valore al gobierno y a quienes gobiernan.
En México el desarrollo del servicio civil en el sector público ha sido a trompicones, zigzagueante. A pesar de que hace años existe una secretaría de Estado responsable del desarrollo y consolidación en ese ámbito, la hoy Secretaría de la Función Pública, lo acontecido en esa materia durante el actual gobierno es un desastre.
La fobia presidencial contra la administración y los servidores públicos tiene dos consecuencias nefastas. Una es la destrucción del capital humano. La otra la militarización sin orden ni freno que está azolando a México.
Sin idea ni experiencia sobre los principios de la administración pública, el presidente sigue empeñado en matar al “elefante reumático”. No lo ha logrado, pero le ha causado daños mayúsculos, que paga la sociedad, como lo estamos viviendo de manera trágica en Acapulco.
Bajo el manto de la “austeridad republicana” los sueldos y prestaciones de la mayoría de los funcionarios de mando medio y superior fueron reducidos drásticamente, como una primera medida para empujar recortes masivos de personal en toda la administración civil. Lo que siguió ha sido el desmantelamiento implacable de áreas clave en todas las dependencias del gobierno, salvo las militares.
Para el arrasamiento del servicio civil las baterías se enfocaron a partir de 2021 en el ataque a los organismos autónomos, y ahora hacia el Poder Judicial Federal (PJF). Protegidos los primeros por la Constitución, el embate afecta a sus organismos de dirección, como en el caso del INAI, que por la protección de la SCJN logró reanudar la operación del Pleno de Comisionados. Contra el PJF el embate incluye incautarle los recursos que sostienen parte de las prestaciones de su personal judicial y administrativo, que no incluye a los 11 ministros de la Corte, y la amenaza de un recorte presupuestal con machete.
En el ámbito electoral, el Plan A fracasó en la Cámara de Diputados. Del Plan B se encargó la Corte, hecho que explica en parte la virulencia presidencial en su contra. La omisión de la mayoría legislativa en el Senado para hacer posibles los nombramientos de magistrados electorales afecta desde abril del año pasado a las 5 salas regionales del TEPJF y a los 32 tribunales locales, a lo que se vino a sumar el reciente rechazo a la terna propuesta para cubrir una vacante de la Sala Especializada; la Corte envió una segunda terna desde hace varias semanas.
La omisión afecta desde esta semana a la Sala Superior ya que, pese a tener cumplidos los trámites reglamentarios sobre las dos ternas de candidatos enviadas por la Corte, el Senado no sesionó esta semana, posponiendo sin fecha cierta designar a quienes cubran las dos vacantes que provoca el término de mandato de dos magistrados.
La renovación por tómbola de la presidencia y tres consejerías del INE produjo un daño colateral que con el arranque del proceso electoral 2023-2024 se torna alarmante. En efecto, siguen sin titular la Secretaría Ejecutiva, cabeza del servicio electoral de carrera, 4 direcciones ejecutivas, 3 unidades técnicas, varias coordinaciones nacionales y direcciones generales de relevancia. También está vacante el cargo de Contralor Interno. Todas esas áreas funcionan con encargados del despacho, designados por la consejera presidenta, quienes por tanto responden a ella, y ella responde por ellos.
Es una anomalía que afecta de manera inevitable las estructuras operativas y las cadenas de mando en el interior del INE, tanto las áreas centrales como los órganos desconcentrados, locales y distritales en las 32 entidades federativas. Afecta también la relación del INE con los OPLE, con los que comparte atribuciones para los procesos locales, y con los tribunales electorales, federal y locales.
No hay precedente de anomalías de tal magnitud, menos aún con el proceso electoral en marcha. Cabe esperar que el Senado cumpla su tarea y realice este mes los nombramientos de magistrados electorales.
Cabe pedir a los consejeros electorales del INE y a su presidenta un esfuerzo de diálogo, sensatez, responsabilidad, para que, en las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y demás áreas en que sus titulares requieren de la aprobación del Consejo General, se cubran las vacantes a la mayor brevedad.
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