Los cortes de suministros acechan a las familias más vulnerables: “Del estrés que tienes, te bloqueas” Infobae
Dolors vive en el barrio de la Barceloneta, en Barcelona. Trabaja en el cuidado de personas mayores cuando estas son operadas, pero cuando se recuperan, se queda sin empleo, y sin recursos en muchas ocasiones, “a veces trabajo, a veces no. No es fijo”. Desde la pandemia, para Dolors se ha vuelto muy complicado llegar a fin de mes y desde 2022 tiene deudas. En total, calcula que serán unos 150 euros lo que debe entre facturas de luz y agua, porque no siempre puede pagarlas, “lo primero es el alquiler y comer”, cuenta. Su situación la convierte en una víctima más de la pobreza energética.
El pasado invierno calentaba su casa con una estufa de butano, “pero no era suficiente para hacer cálidas las estancias” y también tenía que hacer frente al gasto. El precio de este combustible fue limitado el año pasado porque no paraba de subir. El real decreto aprobado a finales de junio de 2022 al respecto estableció que el precio de una bombona de entre 8 y 20 kg sería de 19,55 euros. Esta medida ha sido prorrogada hasta el próximo 31 de diciembre de 2023, pero el 1 de enero de 2024 seguirá haciendo frío. El coste de mantener caliente una casa habrá cambiado, pero el sueldo de muchos españoles que no llegan a fin de mes y la itinerancia del trabajo de Dolors, no.
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El 31 de diciembre también es la fecha en la que expira la prohibición de cortar el suministro de agua, luz y gas a los hogares que tengan una deuda contraída con las compañías. Durante la pandemia, el Gobierno aprobó un real decreto ley con esta medida. En principio, duraría tanto como el estado de alarma, sin embargo, se ha ido prolongando hasta el día de hoy, pero esta medida expirará el 31 de diciembre. Esto se traduce en que, a partir del 1 de enero, las empresas suministradoras podrán dejar casas sin luz, agua o gas. Además, la deuda que hayan contraído durante estos tres años no desaparece, y en caso de no poder pagarla, las consecuencias volverán a ser las de siempre.
Esta semana, Dolors recibió una carta de su compañía que le recordaba cuál era su situación. Sin embargo, ella intenta no pensar demasiado por la ansiedad que le genera, “del estrés que tienes, te bloqueas”, asegura. Ha encontrado una mano amiga en la Aliança contra la Pobresa Energètica, donde la ayudaron a obtener el bono social de electricidad, un descuento del 25% en la factura eléctrica para consumidores vulnerables.
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“¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!”
Aliança contra la Pobresa Energètica es un movimiento social asambleario que nació en 2014 para luchar por el acceso universal a los servicios básicos de agua y energía. Cada 15 días celebran una asamblea a la que acuden personas y familias que atraviesan una situación de pobreza energética y comparten los casos de manera colectiva para buscar soluciones entre todos.
Allí se plantean todo tipo de cuestiones, explica Irene González, una miembro del grupo. “Vienen casos más sencillos, como personas que no tienen una factura optimizada, es decir, que podrían tener el bono social y no lo tienen, y que podrían no pagar mantenimiento y rebajar sus facturas o tener ayuda”, explica y añade que también hay casos más complejos, “personas que están en situación de ocupación en precario o personas con deudas o que no están informadas de que en Cataluña se aprobó la condonación de la deuda, y que les han llegado un montón de denuncias por deuda o que vienen a preguntar qué significa que está condonada”.
Bajo el lema “¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!”, también hacen incidencia para conseguir legislaciones más justas. Su principal reivindicación es que “se legisle la prohibición de cortes de luz, agua y gas a las familias vulnerables”. También piden que se conmute la deuda que cargan en sus espaldas muchas familias desde 2020 y a la que tendrán que hacer frente en solo unos meses, “habrá un montón de familias con las que se retomará el proceso de corte tal y como se dejó hace tres años”, advierte
Los hogares fríos en España duplican la media europea
España se sitúa en el sexto puesto en el ranking de los países cuyas familias tienen menor capacidad para mantener su hogar adecuadamente caliente. Las proporciones más altas de personas que no pueden en Bulgaria (22,5%), Chipre (19,2%), Grecia (18,7%), Lituania y Portugal (ambos 17,5%), España (17,1%) y Rumania (15,2%), según el último informe de Eurostat.
En el caso español, el incremento de ese porcentaje de hogares fue de 2,9 puntos desde el 14,2 de 2021. Pero más sorprendente es el incremento desde el año anterior a la pandemia. En 2019, los hogares españoles que no podían mantener sus hogares a una temperatura adecuada se situaba en el 7,5%. Una cifra que se acercaba mucho a la media europea para ese año que se situó en el 6,9%.
