Corte y Gobierno definirán rumbo; SCJN decidirá sobre temas polémicos Imagen.com.mx

Las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome en los próximos meses impactarán en la operación del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, pues el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre la Ley de Seguridad Interior, el Sistema Nacional Anticorrupción o la jurisprudencia para el uso recreativo de la mariguana.
El sentido de las decisiones del máximo tribunal determinará la forma en que participen las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, en lo que respecta a la resolución sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI), pero también impactará en la lucha contra la corrupción, y en las políticas de combate a los cárteles de la droga, por lo que se refiere al consumo de mariguana con fines lúdicos.
Sobre la LSI, el ministro Jorge Pardo, quien lleva las impugnaciones a la legislación, no tiene un plazo para presentar al pleno de la Corte sus proyectos de sentencia y la SCJN tampoco tiene una fecha límite para resolver sobre la constitucionalidad o no de la ley.
Según especialistas en el Poder Judicial, como Javier Martín Reyes, los tiempos promedio de resolución son de 158 días para acciones de inconstitucionalidad y 238 para controversias constitucionales, por lo que se prevé que las impugnaciones se resuelvan pasando el proceso electoral, que como máximo concluirá el 27 de agosto.
Según registros de la Corte, durante la etapa de transición, los ministros también tendrán que resolver la constitucionalidad o no de casos relacionados con el fuero militar y su extensión, los alcances y regulación del derecho de réplica o las sanciones por el contagio de infecciones de transmisión sexual.
El Supremo también deberá pronunciarse sobre un tema en el que Andrés Manuel López Obrador se pronunció poco durante la campaña presidencial: los feminicidios y las alertas de género.
Y es que los ministros deberán pronunciarse sobre las obligaciones que corresponden a las distintas autoridades para investigar y prevenir los hechos de violencia cometidos en agravios de las mujeres, principalmente en el caso de feminicidios.
En sus primeros días de gobierno, Andrés Manuel López Obrador vivirá una serie de renovaciones al interior de la Suprema Corte, pues el 30 de noviembre, el ministro José Ramón Cossío culminará su trabajo y deberá ser nombrado su sucesor.
El 2 de enero, el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, culmina su presidencia y el pleno de los 11 ministros deberá elegir, en sesión solemne, a la próxima cabeza del Poder Judicial de la Federación.
Para esta elección, al igual que la pasada, existe una pugna entre grupos de ministros, pues hay quienes buscan que en la Presidencia de la Corte se mantenga un perfil de carrera judicial mientras que otros desean que alguien externo a la Judicatura sea el nuevo presidente.
Un aspecto que podría generar polémica durante la administración de López Obrador es el de los altos salarios de la cúpula del Poder Judicial de la Federación, en donde existen un total de 13 mil 694 plazas, cuyo salario neto, de acuerdo con registros presupuestales, se eleva al millón de pesos anuales.
El Consejo de la Judicatura Federal es el que más funcionarios en activo tiene.
López Obrador ha manifestado, en diversas ocasiones, que ganará 108 mil pesos mensuales, y que ningún funcionaro podrá ganar más.
En el Poder Judicial, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), seis consejeros de la Judicatura Federal y siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perciben sueldos de poco más de cuatro millones de pesos al año.
En las semanas posteriores a la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador surgió una serie de propuestas para darle un nuevo aire tanto a la Suprema Corte, como al resto del Poder Judicial.
Por ejemplo, el ministro en retiro y expresidente de la SCJN, Genaro Góngora, sostiene que resulta inaplazable dignificar la imagen de la justicia mexicana a nivel internacional, por lo que es urgente acabar con el alto índice de impunidad que a nivel internacional tiene México.
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