La corrupción como amenaza a la democracia Infobae
Decenas de miles de manifestantes se congregaron a mediados de marzo frente al parlamento israelí, en protesta contra la reforma judicial impulsada desde el gobierno y encabezada por Benjamin Netanyahu. Con la presencia de más de 100.000 israelíes, según datos brindados por los organizadores, la protesta dio cuenta del masivo rechazo a la reforma judicial que el oficialismo impulsa y que tendría como objetivo concreto aumentar el poder político sobre los jueces de esta nación.
Sin embargo, más allá de las declamaciones formales, la iniciativa no deja estar teñida de la sombra que recae en el actual primer ministro, sobre quien pesan a la fecha varias acusaciones de corrupción ocurridas durante su anterior mandato y que incluyen sospechas de soborno, abuso de confianza y fraude. La iniciativa es considerada por la oposición y gran parte de la ciudadanía, por tanto, como el intento de Netanyahu y su sector político por influir sobre el proceso en curso que pesa sobre éste.
Con pocos días de diferencia, al otro lado del Atlántico, los abogados del expresidente Donald Trump, negociaban las condiciones de su entrega a la Fiscalía de Nueva York, en el contexto de un escándalo mayúsculo absolutamente inusitado en la historia de los Estados Unidos de América: un expresidente siendo acusado de cargos penales. Circunstancia que para quienes habitamos en el sur del continente puede resultar tristemente habitual, pero que para la nación norteamericana es un hecho sin parangón. Sobre Trump pesa la acusación de haber comprado el silencio de la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña de 2016.
Te puede interesar: Donald Trump fue acusado de 34 delitos graves por falsificar registros comerciales
El 4 de abril, de hecho, Trump se presentó en la justicia declarándose inocente de los 34 cargos que se le imputan, sin por ello dejar de ser protagonista de la vergonzosa secuencia de brindar sus huellas dactilares y ser fotografiado para la ficha policial. Escena casi cinematográfica que seguramente no habrá de borrarse por mucho tiempo de la retina de los estadounidenses. Según expertos que analizan el caso, de ser declarado culpable, el expresidente podría ser condenado a una pena mínima de un año y máxima de cuatro.
Si la mirada trasciende lo estrictamente coyuntural, ambos casos dejan al descubierto un flagelo que parece atravesar a las democracias occidentales y que, como denotan los dos casos anteriores, no deja exentos a regímenes de gran estabilidad y peso institucional como el israelí y el norteamericano. Este flagelo no es otro que la potencial deslegitimación que los sistemas democráticos experimentan cuando el íntegro pacto entre gobernantes y gobernados se rompe; deslegitimación que, como demuestra la historia reciente del Siglo XX, suele ser aprovechada por los extremos ideológicos para avanzar sobre las instituciones democráticas.
En Latinoamérica, nuestras democracias no dejan de estar teñidas con el mismo fenómeno. También durante marzo de este año, la justicia brasileña le exigió al expresidente Jair Bolsonaro a devolver joyas valuadas en millones de dólares que le fueron entregadas como regalo por el régimen de Arabia Saudita. Si bien esta “omisión”, como la han llamado allegados a Bolsonaro, puede parecer menor frente a casos como el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Pedro Castillo en Perú, el “Lava Jato” que supo salpicar al actual presidente del Brasil, Lula da Silva, y la mega causa englobada bajo la denominación de “Caso Odebrecht” que desnudó una trama de corrupción que incluía a políticos y funcionarios de doce países, en lo cierto no deja de generar el mismo efecto.
Se le atribuye a Winston Churchill la frase que define a la democracia como “el peor sistema de gobierno”, a excepción de todos los demás que se han inventado. Si aceptamos, por tanto, que este sistema sigue siendo a la fecha el mejor que hemos podido darnos, es absolutamente fundamental velar por él señalando cuáles son sus principales amenazas, siendo la corrupción una de las más peligrosas.
Según el Índice de Democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU) en 2021, solo el 8,4% de la población mundial vive en democracias plenas, el 35,2% en democracias imperfectas y el 1% en regímenes híbridos. Es decir, en suma, que más de la mitad del planeta no vive bajo sistemas democráticos y que si se eleva la vara de la calidad democrática y se escruta con atención ese 35,2% de democracias imperfectas, el porcentaje puede resultar aún mayor.
Con estos datos en mente, es fácil evidenciar que la deslegitimación del sistema democrático, que muchas veces resulta como consecuencia de la corrupción de los gobernantes, puede en este Siglo XXI ser parte de un efecto dominó que nos aleje del mundo de transparencia, participación ciudadana y división de poderes con el que alguna vez soñamos. Una amenaza que nos remite a la siempre vigente advertencia de Thomas Jefferson: “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”. Aunque eso implique juzgar a nuestros gobernantes siempre que haga falta.
Seguir leyendo:
Un gran jurado en Nueva York acusó formalmente al ex presidente Donald Trump
