Víctimas ante la amnistía, esperanzas y miedos El Siglo de Torreón

¿Hay que elegir entre justicia y verdad para pacificar un país? Lucía Díaz, una madre “buscadora” cuyo grupo ha encontrado más de 300 cadáveres en fosas clandestinas a lo largo del Golfo de México, aunque no el de su hijo, no querría tener que optar nunca entre castigar a los responsables de un crimen o saber el destino de una persona desaparecida.
“Sería una terrible decisión”.
Por eso ahora vive días de zozobra, entre el miedo y la esperanza.
Después de doce años de violencia en México, con más de 200,000 asesinatos y 35,000 desaparecidos, el proceso de consultas que acaba de iniciar el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para elaborar una ley de amnistía que pacifique el país provoca tantas incertidumbres como expectativas.
Algunos creen que las heridas son demasiado profundas como para hablar de perdón.
Otros la consideran necesaria para lograr la paz.
“Nosotras, las madres, nos inclinaríamos más por negociar, tratar con los criminales para que nos den información que nos pueda llevar hasta nuestros hijos, en lugar de simplemente meter a la gente a la cárcel”, explicó Díaz, madre de Guillermo Lagunes, desaparecido en 2013.
Eso, en parte, no es nuevo.
Cuando Díaz y los voluntarios del colectivo “Solecito” rastreaban las lomas del estado de Veracruz era porque manos anónimas les habían entregado un mapa de fosas, evidentemente elaborado por los asesinos o miembros del cártel que querían calmar sus conciencias.
“He vivido en este infierno durante cinco años”, confesó Díaz.
“Creo que mi respuesta sería ‘ya díganme dónde está mi hijo’”.
Los futuros titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad, Alfonso Durazo, han dejado claro que explorarán todos los instrumentos legales disponibles con los derechos de las víctimas como eje y sin pasar por la impunidad.
Entre los beneficiados por la amnistía, adelantaron, podrían estar presos por delitos no violentos, jóvenes utilizados por los cárteles como informantes o mujeres que transportaban pequeñas cantidades de droga, una actividad que en el futuro podría incluso ser despenalizada.
A falta de más definición, la idea ya tiene detractores.
“Hay muchas víctimas directas e indirectas que han quedado desamparadas (…) yo no creo que esa ley de amnistía pueda representar un acto de justicia para la gente que ha sufrido secuestros, que tiene algún ejecutado”, afirmó Manuel Olivares, de un centro de derechos humanos del sureño estado de Guerrero.
Olivares trabaja en lugares como Chilapa, una de las ciudades más violentas del país donde los cadáveres desmembrados, quemados y apilados en carreteras o las fosas clandestinas son algo cotidiano.
“[La amnistía] no va a traer la paz, la reconciliación, mientras no se ataquen las causas de la delincuencia organizada: el desempleo, los bajos sueldos, la falta de educación o de oportunidades para los jóvenes, apoyo para el campo”, indicó.
Tampoco cree que la población acepte a alguien que se dice arrepentido.
En el vecino estado de Michoacán, donde en 2013 muchos civiles hartos de la violencia optaron por alzarse en armas y tomar la justicia en sus manos, hablar de arrepentidos chirría porque exmiembros del cártel de los Caballeros Templarios “perdonados” por las autoridades por luchar contra el grupo luego se reorganizaron en otras bandas.
“Si la amnistía fuera para personas que luchamos por algo bueno, estaría bien”, comentó Héctor Zepeda, uno de aquellos civiles que se mantiene como comandante de las autodefensas de una localidad de la costa michoacana.
Zepeda sabe que las autoridades quieren apresarlo como a más de un centenar de sus compañeros porque, aunque antes eran aliados, ahora solo son gente armada en situación irregular.
El equipo de López Obrador ha hablado también de aplicar la amnistía a los presos políticos, pero queda por definir quienes entrarían en categoría.
Entre los optimistas con las propuestas del futuro gobierno está Juan Carlos Trujillo.
Dos de sus hermanos desaparecieron en Guerrero y otros dos en Veracruz.
“Después de diez años de búsqueda me di cuenta que lo que desapareció en este país fue la justicia, así que optamos por intentar acceder a la verdad”, dijo.
A su juicio, es necesario apostar por la pacificación que propone López Obrador porque “la violencia no se puede combatir con más violencia”.
No obstante, advirtió que desde la perspectiva de las familias esto “no significa perdón y olvido” sino comprender a quienes fueron utilizados por estructuras criminales.
Fernando Ocegueda contestó la llamada de la AP mientras muestra a un convoy de fuerzas federales el camino a una nueva “narcofosa” en Baja California.
Su hijo de 23 años desapareció en 2007 y su grupo fue el primero en mostrar, dos años después, evidencias de que cientos de cadáveres habían sido disueltos por los criminales para borrar evidencias.
“El nuevo sistema de justicia penal ya permite muchos de esos casos de amnistía de los que se habla ahora, no se necesita reformar nada”, señaló apuntando que, si acaso, se podrían rebajar sentencias a delincuentes que den información.
“Queremos trabajar con ustedes, aportar todo lo que hemos hecho”, pidió Yolanda Moran, cuyo hijo fue secuestrado por militares en 2008, a la futura secretaria de Gobernación en el primer encuentro de Sánchez Cordero con quienes la inacción de las autoridades les hizo pasar de víctimas a detectives.
“Olvido jamás.
Verdad y justicia ahora les corresponde a ustedes proporcionárnoslo”, subrayó.
Las expectativas generadas son altas y la palabra más repetida es “verdad”.
“Me preocupa que sigan poniendo por delante la ley de amnistía, que es la última parte del asunto”, aseguró en ese mismo acto Javier Sicilia, un poeta al que se le acabaron los versos en 2011 tras el asesinato de su hijo y cuyo grito, “Estamos hasta la madre”, se convirtió en un movimiento espontáneo de víctimas que recorrió todo el país visibilizándolas.
“Si no hay verdad, ¿qué vamos a amnistiar si ni siquiera tenemos a los criminales, si ni siquiera sabemos qué pasó?”.
El escritor pidió al futuro gobierno que no utilice el tema de la paz “como un show” al que se invita hasta al papa Francisco, como ya se ha hecho, sino que ponga a trabajar a las instituciones en un proyecto real y con presupuesto.
Para académicos como Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia especializado en crimen organizado, la clave son dos palabras: “justicia transicional”, o los instrumentos extraordinarios que se usan ante crímenes de lesa humanidad en guerras o dictaduras o para superar violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Según Buscaglia, este tipo de justicia debería tener dos pilares en México: la creación de comisiones de la verdad y la instalación de tribunales internacionales para procesar los crímenes de mayor impacto.
Las primeras deben salir de la sociedad civil y estar dirigidas por ella, mientras que los segundos deben ponerse en marcha por decisión de López Obrador para lanzar un mensaje claro contra la impunidad.
En otros países, estas comisiones lograron esclarecer casos inescrutables para la justicia y es en ese marco donde se debe hablar de amnistía, reparación o beneficios a cambio de confesiones, apuntó el académico.
El equipo de presidente electo se declaró a favor de este tipo de comisiones, aunque sin entrar en detalles.
"Si a las victimas les das un sistema de reparación de daños, aunque sea parcialmente, pero se les reconoce la injusticia, las víctimas no requieren cárcel, ni sangre”, aseguró Buscaglia basándose en su experiencia en otros países.
“En general dan perdón en la medida que sea de abajo hacia arriba.
Si el perdón se les impone, no funcionará, habrá resentimiento y se dividirá al país”.
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