Llaman a regular transporte escolar de escuelas públicas Excelsior

Jonás LópezEl pasado 15 de noviembre, Elizabeth, de 12 años, subió al transporte escolar en la alcaldía Álvaro Obregón y no se supo mucho más de ella hasta cuatro días después, cuando apareció en Pachuca, Hidalgo.
La joven finalmente regresó con su familia, pero el caso puso una vez más a la luz cómo existen servicios de transporte escolar que operan fuera de toda regulación.
La vagoneta en la que Elizabeth abordó carece de placas de servicio público, no cuenta con una cromática que la identifique y no pasa por una revista vehicular que garantice las condiciones de seguridad de los pasajeros.
El chofer –cuya identidad no está en padrón alguno– aseguró a Excélsior que nunca supo en qué momento bajó la adolescente, ya que ni siquiera la ubicaba.
Por eso especialistas urgen a las autoridades a regular este tipo de servicio que atiende a los alumnos de escuelas públicas de nivel básico en vagonetas y microbuses pirata.
Consultados por este diario, consideraron que es necesario crear una norma especial o ajustar la Ley de Movilidad, un emplacamiento para saber cuántos y cuáles vehículos existen, y un padrón de los operadores y personal que atiende a los menores.
Los expertos dijeron que el transporte escolar se ha convertido en un servicio necesario para los padres de familia, quienes no pueden recoger a sus hijos debido a que están obligados a cumplir con los horarios laborales que no coinciden, principalmente, con la hora de salida de los alumnos.
Pero el servicio afuera de escuelas públicas se ha implementado de manera improvisada, en vehículos regularmente antiguos y sin medidas de seguridad vial, como cinturones de seguridad para cada alumno, que en muchos casos tienen vidrios polarizados y las autoridades no conocen quiénes son los operadores.
Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), indicó que la Ley de Movilidad y el Reglamento de Movilidad no prevén lineamientos para regular el servicio que se brinda en escuelas públicas y sólo está enfocado a las empresas formales que atienden los colegios privados.
Por lo que consideró que es necesario se realice un programa para regular este servicio, porque el caso de Elizabeth, evidenció lo frágil que son los controles y la seguridad en este servicio irregular.
“Ante la necesidad y los costos que cobran estas empresas que se dedican al transporte escolar profesional, los padres se ven obligados a improvisar con algún prestador del servicio informal que no te da ninguna certeza porque no tienen ni seguro y que lo que hacen es un colectivo particular para poder llevar a los niños a las escuelas.
“Es un tema muy delicado y que tiene que haber una regulación muy estricta en virtud con lo que ha pasado con la niña Elizabeth.
“No hay mayor control, no hay mucha reglamentación en el tema de transporte escolar, hay que tener un padrón, saber quién es el conductor, cuál es la cromática, cuáles son las placas especiales para el transporte escolar; es necesario regular el transporte escolar”, consideró.
Rosales indicó que, aunque cae en la responsabilidad recae en la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública federal, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México también debería involucrarse, debido a que son los alumnos de sus planteles los directamente involucrados.
En la Ciudad de México existen cuatro mil 947 escuelas públicas de nivel básico y, aunque al ser un servicio irregular no existe una cifra establecida, los especialistas no descartaron que exista una flota de similar cantidad de vehículos irregulares ofreciendo transporte escolar improvisado.
Roberto Remes, especialista del ramo conocido como Rey Peatón, coincidió en que es necesaria la regulación del servicio.
Se consultó con la Semovi las acciones llevadas a cabo para regular y ordenar este servicio, pero al cierre de esta edición aún no había brindado información al respecto.
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