La familia política de un colaborador de AMLO es socia de filial de Odebrecht Notinformex

La familia política de Javier Jiménez Espriú e incluso su esposa son socios de la empresa mexicana Idesa, la misma que es socia de Braskem, una filial de Odebrecht que participa en el complejo Etileno XXI, productor monopólico de polietileno en México y que ha provocado pérdidas millonarias a Pemex.
Este caso lo denunció el candidato José Antonio Meade durante el debate de este 12 de junio, aunque el aspirante presidencial no mencionó que Etileno XXI fue un negocio aprobado por él mismo cuando fungió como presidente del Consejo de Administración de Pemex.
La empresa Idesa fue fundada hace más de 60 años por Pascual Gutiérrez Roldán, el ya fallecido suegro de Jiménez Espriú, quien fue propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes por Andrés Manuel López Obrador.
El actual director de la compañía es Patricio Gutiérrez Fernández, sobrino político de Jiménez Espriú y hermano del embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández.
La esposa de Jiménez Espriú, según informó él mismo, es accionista de Idesa.
“Mi señora es tía del actual presidente (de Idesa) y tiene acciones que le dejó don Pascual, pero yo no tengo relación ninguna con Odebrecht”, dijo Jiménez Espriú, en entrevista con Verificado 2018.
El colaborador de López Obrador negó tener cualquier vínculo con Idesa y “mucho menos” representar los intereses de Odebrecht y calificó de “difamación” lo dicho por José Antonio Meade.
En su cuenta de Twitter, el candidato del PRI amplió la denuncia y señaló que Jiménez Espriú es director general de Idesa.
“No he sido nunca director general de Idesa, que es una empresa petroquímica mexicana que fundó mi suegro, don Pascual Gutiérrez Roldán, hace más de 60 años.
 La dirigió él, sus hijos y ahora lo hace el hijo de uno de ellos.
No tiene ninguna relación con los temas de comunicaciones y transportes, donde yo colaboro con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.
 No hay ningún conflicto de interés y como el señor Meade lleva no sé cuántos puntos de desventaja se dedica a difamarme”, dijo Jiménez Espriú a Verificado 2018.
Sin embargo, en la página lopezobrador.
org.
mx, en el perfil de Jiménez Espriú sí dice que fungió como director ca la empresa Idesa.
En las primeras horas de este miércoles, Jiménez Espriú respondió en su cuenta de Twitter:El consorcio Braskem-Idesa se creó en 2010, con la finalidad de operar el complejo Etileno XXI ubicado en Nanchital Veracruz.
El 75% de participación corresponde a la empresa brasileña y el 25% restante a Idesa.
A pesar de que Braskem es una filial de Odebrecht, el consorcio Braskem-Idesa difundió el lunes pasado un comunicado de prensa donde asegura que es una compañia “separada e independiente” de Constructora Odebrecht en México, involucrada en casos de soborno en México y una decena de países de América Latina.
José Antonio Meade “denunció” la relación Jiménez Espriú-Odebrecht en el complejo Etileno XXI, pero no mencionó que fue él mismo quien autorizó —como presidente del Consejo de Administración de Pemex en 2011— la creación de este complejo, como dijo Ricardo Anaya en el mismo debate unos minutos más tarde.
Meade autorizó el contrato entre Pemex y las empresas Idesa y Braskem para instalar la planta petroquímica Etileno XXI.
En la sesión del Consejo de Administración de Pemex realizada el 29 de abril de 2011, los consejeros criticaron que el contrato no hubiese sido analizado por el propio Consejo, máximo órgano de dirección de la petrolera.
Aunque la ley no establecía como requisito que hubiera esta autorización, en este caso era necesario dadas las “implicaciones estratégicas de alto impacto” para la empresa mexicana, según los consejeros.
Meade aclaró que “no existía ninguna obligación de presentar el contrato de suministro al Consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normativa vigente”.
Pemex vendió el etano a Etileno XXI por debajo del precio de mercado, lo que ha representado una pérdida de mil 900 millones de pesos, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública de 2016.
Además, para que Pemex pudiera cumplir con el volumen prometido de etano, tuvo que comprar a otras empresas de Estados Unidos este año.