Diciembre de 1988. Las tapas de los diarios titulan: “Rebelión militar”; “Seineldin atrincherado”; “Un muerto, cinco heridos”; “Desplazan tropas”; “Alfonsín regresa al país”.
El foco de la sublevación estaba en Villa Martelli, pero cada tanto, aparecían nuevas unidades militares rebeldes. Los que se desplazaban a reprimir a los amotinados no llegaban o cambiaban de bando en el camino.
En la antesala del despacho del gobernador de Neuquén Pedro Salvatori, medio centenar de jóvenes militantes estaban allí, en gesto de respaldar la democracia. La mayoría eran sobrevivientes de la dictadura, exiliados, ex-detenidos, y los mas, meros sobrevivientes. La radio local LU5 tenía instalado un móvil en la puerta. Cada vez que alguno hacía una declaración, una voz metálica interfería la onda: “zurdos de mierda”, “los vamos a matar”. La pregunta era: ¿la policía provincial acata? Algunos propusieron un cerco de barricadas alrededor de la casa de gobierno. El foco de la rebelión estaba en Buenos Aires, pero no se sabía, en Neuquén, qué sucedía en la Sexta Brigada. Y en verdad, nadie creía posible enfrentar al batallón militar, que tenía su asiento unas treinta cuadras. Con varios años más, familia, hijos, ninguno de los que estaban en la casa de gobierno estaba con ganas de caer en preso o hacerse matar. No hay pánico, solo un clima de “sereno cagazo”, como alguno definió. De pronto corrió ante los ojos la imagen más temida. Un jeep militar con tres oficiales subió por la calle Rioja y se detuvo en la puerta de la gobernación.
Esta era la tercera sublevación militar que sufría el gobierno del doctor Alfonsín. Muchos lo condenan por su laxitud y retroceso en materia de enjuiciamiento y condena a los militares. Pero en esa critica se suele omitir -la hermenéutica- el contexto de la época. Hay que rescatar que al inicio de su gestión Alfonsín creo la CONADEP y llevó a juicio a las tres juntas militares que culminó con la condena de cinco de sus miembros, el 9 de diciembre de 1985.
Este juicio fue casi inédito en el mundo. Recordemos que en los Juicios de Nüremberg fueron condenados a muerte solo doce jerarcas nazis. Es bueno repasar que sucedió en los países vecinos.
En Chile la dictadura duró de 1973 a 1990. En 1990, con el retorno a la democracia, fue elegido presidente Patricio Aylwin. Pero, Pinochet (por ley escrita por él) siguió como Jefe del Ejercito ocho años más, y en 1998 cuando se retiró, asumió como senador nacional hasta su renuncia voluntaria en 2002. Nunca fue condenado por sus crímenes. Convivió con tres presidentes constitucionales Aylwin, Frei y Lagos. Ese fue el precio que pagaron los chilenos para recuperar la democracia.
En Brasil, el 10 de diciembre de 2014, a treinta años de finalizada la ultima dictadura y durante el gobierno de Dilma Roussef se presentó informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, que tuvo mero carácter testimonial. Es decir que, ni Lula da Silva, durante sus dos mandatos 2003 a 2010, se ocupó de enjuiciar a los militares. Y como pudimos apreciar hace poco tiempo, todavía los jefes militares se entrometen en las cuestiones políticas brasileñas.
En Uruguay la dictadura duró de 1973 a 1985. Durante 15 años (de 2005 a 2020) gobernó el Frente Amplio, una coalición que incluyo al ex movimiento guerrillero Tupamaros, del cual participó Jose Pepe Mujica. Pero, recién hace unos meses, el 3 de junio del 2021, la justicia condenó a prisión a siete oficiales militares retirados por delitos de lesa humanidad.
Lo anterior sirve para ubicarnos en que contexto gobernó Raul Alfonsín, y las dificultades que tuvieron todas las democracias del cono sur para resolver la cuestión militar. Esta visto que la mayoría de nuestros vecinos optó por ceder amnistías y concesiones a cambio de avanzar en consolidar el sistema democrático.
Luego del Juicio a las Juntas y de un año de indisimuladas presiones militares, en diciembre de 1986 Alfonsin promulgó la ley de “Punto Final”. Esta ley establecía que los militares que no fueran citados a juicio en los próximos sesenta días, quedaban liberados de la persecución penal. Esa disposición dejó mas expuestos a los militares de menor graduación, que eran los primeros en ser procesados. En abril del 87, la negativa del represor de La Perla, el mayor Ernesto “Nabo” Barreiro, de presentarse a la justicia en Córdoba, detonó la llamada sublevación de Semana Santa.
El coronel Aldo Rico se amotinó y tomó Campo de Mayo. Cuando Alfonsín ordenó sofocar la sublevación, chocó con la negativa -no explicita- de los altos mandos militares. Pasó a la historia el general “tortuga” Alais, quien recibió la orden de movilizarse de Rosario a Campo de Mayo para reprimir a los insurrectos, y demoró dos días en hacer 300 km. Finalmente Alfonsín, respaldado por una multitud en Plaza de Mayo, fue en helicóptero a Campo de Mayo a parlamentar con Rico y regresó diciendo su famosa frase “la casa esta en orden”. Pero tres días después se anunciaba que se suspendían “temporariamente” los juicios a los militares. Y, tal como el presidente había pactado con Aldo Rico, dos meses después promulgó la Ley de Obediencia Debida, que determinó excluir de la responsabilidad penal a los militares por debajo del grado de coronel.
¿Podría haber convocado Alfonsín al pueblo a rodear los cuarteles y enfrentar a los militares?. Tal vez si, tal vez no... Una cosa es ir a una marcha a Plaza de Mayo a pelearse con la montada y los federales. Otra, es ir a sitiar un cuartel con matagatos y alguna escopeta vieja. Por supuesto están los valientes de mesa de café, que siempre dicen “¿por qué Perón no armó al pueblo?”, o en este caso “¿por qué Alfonsin no armó al pueblo?”… Bueno, quien esto escribe puede contar que esa tarde de diciembre de 1988, en la gobernación, éramos medio centenar de animosos militantes que vendríamos siendo el famoso “pueblo en armas”, puestos a enfrentar una fuerza militar de dos mil hombres bien armados y entrenados.
Un año antes, en octubre de 1987, nos toco vivir una situación muy bizarra. El doctor Jorge Rachid (hoy asesor del gobernador Axel Kicillof en materia de COVID) en 1987 era candidato a gobernador del PJ Neuquén. Haciendo campaña visitó el regimiento de Las Lajas, el pueblo donde hoy está el observatorio chino. Quien esto escribe, candidato a diputado provincial entonces, lo acompañaba. Nos recibió en un chalet, rodeado de sus oficiales, el teniente coronel Valiente, un gordito de bigotes con aires de pequeño dictador. Después de algunas frases de circunstancia, el gordito Valiente disparó : “nosotros pateamos puertas combatiendo a la subversión, y estamos preparados para hacerlo de nuevo”. Justamente estaba hablando con personas, por su pasado, encuadraban en esa caracterización de subversivos.
En ese momento, tal vez envalentonados por nuestro carácter de candidatos, le plantamos cara al discurso del gordito. El aire se cortaba con una gillete y no sabíamos si el gordito decidía allí nomas pasarnos a la sala de torturas o qué. Corríamos con cierta ventaja, porque hacer desaparecer a un candidato a gobernador y otro a diputado, ya era mucho. Pero eso no fue todo, Valiente se despachó contra su jefe, el general Martín Balza. Decía cosas como: “ese maricón de Balza”, “alfonsinista de mierda”, y otras delicadezas. No salíamos del asombro que un militar se dirigiese a su jefe directo de ese modo. La frutilla del postre vino en la despedida, Rachid fue liceísta y los militares conservan eso del respeto a los cadetes del año superior. Uno de los oficiales había sido subalterno de Rachid y al saludarlo, dudó y luego casi se cuadró con venia y todo. Nos fuimos riendo, pensando que a éste, el gordo le daba diez días de calabozo por ser subalterno del un subversivo. Pero también muy preocupados por palpar in situ el estado de insubordinación que existía dentro del ejercito. La historia cierra que en enero del 87 Rico volvió a sublevarse en Monte Caseros y Valiente por teléfono, desde Buenos Aires, subleva Las Lajas. Balza le mandó la artillería de Zapala, que luego de intimarlos le dispara tres cañonazos y los valientes de Valiente se rinden incondicionalmente.
Volvamos al inicio de este relato. Esa calurosa tarde, en la antesala del despacho del gobernador de Neuquén Pedro Salvatori, medio centenar de jóvenes militantes estábamos allí cuando llegó el jeep. Del mismo bajó el general Martín Balza. Acompañado por un oficial, ingresó a la antesala con gesto adusto, pero sin violencia. Abrimos paso y pidió ingresar al despacho del gobernador. Se abrió la puerta e ingresamos tras él. “Señor gobernador ,vengo a comunicarle que la VI Brigada de Montaña se encuentra en absoluta normalidad y responde en su totalidad a las autoridades constitucionales. Hemos recibido orden de alistamiento y estamos esperando para movilizarnos hacia Buenos Aires a sofocar los focos sediciosos”.
No terminó la frase que los allí presentes rompimos en un fervoroso aplauso, que además, era una descarga de la tensión acumulada. Hoy Balza recuerda ese día: ”estaba don Felipe Sapag y recuerdo verlo aplaudir con esas manos grandotas que tenía. De allí crucé a Cipolletti, donde estaba el intendente Salto. Había una manifestación cerrándonos el paso y le ordene al chofer ‘Usted siga, despacio pero siga’. Cruzamos lo mas bien entre la gente y en la municipalidad le repetí al intendente lo dicho en Neuquén”.
En el diario Rio Negro de esa fecha puede leerse un comunicado de la “Comisión de Defensa de la Democracia” llamando al pueblo a “mantenerse alerta ante una nueva grave amenaza de golpe de estado” y “a los militantes y activistas a estar dispuestos a una eventual movilización” firmaban Miguel Crocco y Luis Sapag (MPN), Carmen Sponda (El Frente), Carlos Moreno (MTP), Ernesto Contreras (ATE), Ricardo Bandieri (CGT), Jorge Ferreria (FUC) , Juan Cerda y Raul Giglio (vecinal) , Juan Hernandez (secundarios), Nelly Lopez (UCR) y Ariel Kogan y Aldo Duzdevich (PJ).
En sus memorias, Balza recuerda: “Recibí una llamada telefónica del Presidente Alfonsín, quien me consultó sobre la posibilidad -en caso de ser necesario - si podía instalar la sede de su gobierno en la VI Brigada en Neuquén, si la situación se agravaba en Buenos Aires. Le respondí que contara con mi total respaldo, pero que pensaba que el motín no tendría éxito. Y designó a su hombre de confianza absoluta, el director del diario Rio Negro, don Julio Rajneri, con quien coordinamos los aspectos operativos de su eventual traslado” .
Como podemos apreciar en ese relato, esa era la grave situación de debilidad del gobierno de Alfonsín, y la ausencia de mandos militares en otro lugar del país que lo respaldaran con la firmeza de Balza.
La historia de Balza no termina aquí. Dos años después, ya en gobierno de Carlos Menem, el 3 de diciembre de 1990 nuevamente Seineldín vuelve a convocar un cuartelazo. Pero esa vez ya no estaban las condiciones políticas para repetirlo, y Menem pone a Balza (que revistaba en Buenos Aires) al frente de la represión. Quince horas duró el operativo de represión que culminó con la recuperación del edificio Libertador, sede del Comando en Jefe del Ejercito. El motín dejó un saldo de 14 muertos, 100 heridos y 300 detenidos.
Fue la ultima asonada militar de la historia argentina. Han pasado ya treinta años. Para las nuevas generaciones, cuartelazo, asonada o sublevación militar ya casi no significan nada. Para quienes venimos de vivir el siglo XX, hasta parece extraña la frase “fue la ultima asonada militar de la historia argentina”.
No es motivo de esta nota historiar la cuestión militar y de DDHH desde 1983 hasta hoy. Razón por la cual quedan muchísimos temas pendientes.
Solo creí necesario recrear, ese episodio, de aquel lejano diciembre de 1988, en el que un casi desconocido general Martin Balza, se presentó ante las autoridades civiles para afirmar “mis tropas y yo, estamos aquí para defender la democracia”.
Aldo Duzdevich es autor de Salvados por Francisco y La Lealtad-Los montoneros que se quedaron con Perón
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