La hacienda como víctima de la Revolución. El caso de San Juan Hueyapan, Hidalgo. El Bable

   Es dudoso que algún miembro de la familia Landero concibiera que la revolución, que es tal o sobre el asunto de la sucesión presidencial, destruyera la hacienda.
   La pérdida familiar de la hacienda era imaginable ya fuera mediante el mal cálculo político o la mala administración económica; sin embargo, la noción de que la institución misma fuera destruida era incomprensible.
Aunque había poco en la experiencia de los Landero que pudiera haberlos preparado para la destrucción de la hacienda, de manera curiosa los principales temas del pasado de San Juan, así como los asuntos que comprendían el grueso de la historia, se recibieron entre 1911 y 1940, sistematizados por la Revolución y establecidos por la destrucción de la hacienda.
A medida que evolucionó el programa de la Reforma Agraria, los pueblos, las aldeas rurales y las pequeñas agrupaciones de gente se convirtieron en el instrumento de destrucción del sistema hacendario.
Las aldeas o cualquier unidad a ellas, fueron facultadas para solicitar a las autoridades del gobierno ya fuera la restitución de la tierra legalmente tomada o la dotación de nuevas tierras.
La ampliación y engrandecimiento de las aldeas existentes fue el principal objetivo de la reforma agraria del siglo XX.
Para poder destruir las haciendas, el gobierno tuvo que reconstituir las viejas dependencias como ejidos.
Además, las rancherías, algunas de las cuales se hallaban dentro de los límites de la hacienda, se convirtieron en la base para la creación de más unidades similares que podían solicitar tierra bajo los programas ejidales.
Así pues, al desarrollarse estos agrupamientos de población y debilitarse la hacienda, el gobierno nacional intervino activamente en la vida del campo, en una forma que era reminiscente de los primeros días de la Colonia.
Al igual que en el siglo XVI, el gobierno buscó controlar el desarrollo social mediante la legislación laboral, las concesiones de tierra y dictando los pormenores de la organización municipal.
   La política del gobierno central no fue consistente a través de los años.
En el siglo XVII, la Corona, sin advertirlo, asistió al crecimiento de los latifundios mediante la venta de arreglos que legalizaban el control particular sobre enormes extensiones de tierra.
Los núcleos de población indígena desocupaban la tierra conforme las haciendas crecían.
En el siglo XVIII, el gobierno quiso reafirmar su control sobre el campo garantizando a las aldeas una posición legal separada y sirviendo como mediador en sus querellas con los hacendados.
   Durante el siglo XIX, el gobierno central tuvo que abandonar las aldeas.
Del periodo de las guerras de independencia hasta 1876, la debilidad del gobierno central hizo a los hacendados los árbitros del campo.
Donde las haciendas eran débiles, regían los caciques locales, y donde éstos se hallaban ausentes casi no existía gobierno.
El reforzamiento del gobierno central después de 1876 representaba la liga de la dictadura nacional con los estados.
Su política conjunta fue en contra de la aldea y en favor de la hacienda.
   Los gobiernos revolucionarios después de 1916, en diversos grados tendían a recrear un aspecto de la política de los gobiernos coloniales mediante la intervención activa en la organización del campo y la creación de los procedimientos legal y administrativo para que las aldeas obtuvieran tierras.
   Con respecto a la región de Hueyapan había dos temas: la recreación de los antagonismos entre la aldea y la hacienda y el reforzamiento de los poderes del gobierno central.
A estos temas se venía a sumar un tercero: la vieja relación de mercado con las minas de Pachuca y Real del Monte que continuó influenciando en el desarrollo del siglo XX.
Aunque las minas continuaron trabajando, el cierre de las refinadoras en 1905 rompió con las relaciones específicas.
La propiedad común de las minas y las instalaciones agrícolas ya no tenía importancia; sin embargo, Pachuca y Real del Monte se convirtieron en el mercado exclusivo para los productos de la región debido a que el estado crónico que guerra civil en México limitaba el comercio con el resto del país.
Cuando las minas comenzaron a sentir la depresión en los últimos años de la década de los 20 y durante los años treinta, la tierra adquirió una importancia relativamente mayor.
   Los cambios económicos durante los primeros años del presente siglo en la hacienda y sus áreas circunvecinas produjeron nuevos problemas y descontentos que el paso del tiempo no tuvo oportunidad de resolver antes del estallido de la revolución.
El cierre de las haciendas refinadoras y el establecimiento de la compañía eléctrica cambió el uso de la tierra y los patrones de empleo.
Más aún, los cambios específicos que los Landero habían llevado a cabo en la organización social y económica de la hacienda habían privado a mucha gente de las tierras de arrendamiento, engendrando de este modo una hostilidad que contribuyó al movimiento de la Reforma Agraria.
   El 29 de julio de 1910, Guadalupe Anaya, administrador de San Juan, escribió a osé Landero, quien se encontraba vacacionando en Alemania “ha pasado mucho tiempo desde que recuerdo haber tenido un año tan magnífico como el presente”.
Muchos observadores de México en 1910 hubieran compartido los mismos sentimientos.
La celebración del Centenario de la Independencia de México había coronado una década de prosperidad económica y casi 35 años de estabilidad política bajo el régimen de Porfirio Díaz.
   Antes de que concluyera el año del aniversario, sin embargo, la paz “porfiriana” quedó interrumpida por el estallido de una revolución política bajo el liderazgo de Francisco I.
Madero.
Pronto siguió la caída de la dictadura de Díaz.
En 1913, el gobierno de madero corrió la misma suerte, y siguieron casi diez años de una guerra civil intermitente y destructiva.
   Durante estos años de revolución, la paz en el campo solo podía ser impuesta por hombres poderosos en los intervalos en que los ejércitos revolucionarios estuviesen en otra parte.
   Siendo que la región de Huasca y de Hueyapan se encontraba bastante retiradas de las principales vías de transporte, el área se encontraba relativamente inmune de las depredaciones serias.
  Según los registros, únicamente dos visitas hicieron las bandas revolucionarias a la hacienda y en ambas ocasiones, la bien organizada administración evitó daños serios.
La primera ocasión, un ejército de maderitas tomó posesión del distrito de Pachuca y Tulancingo, incluyendo Huasca entre mayo 14 y 18 de 1911.
Informados de que San Juan Hueyapan estaba en posesión de una gran cantidad de rifles, los maderistas amenazaron con tomar la hacienda a menos que fueran entregadas las armas.
El administrador sugirió que se registrar la hacienda y los soldados encontraron únicamente un rifle (en lugar de los 440 denunciados) y algunas municiones.
Tomaron las armas unto con cuatro caballos y dejaron un recibo.
Las relaciones fueron amistosas.
El social maderista entregó al lechero de la hacienda pases de salvoconducto para la carretera de Pachuca.
Los soldados y los empleados compartieron una festiva tanda de cerveza.
Cuando un grupo carrancista apareció posteriormente, los trabajadores de la hacienda se encontraban armados detrás de los muros.
Después de las negociaciones y una contribución de animales y granos, el ejército se retiró sin dar batalla.
   Pachuca y Real de Monte compartían la libertad de San Juan contra una guerra abierta.
Las huelgas y los disturbios que caracterizaron los años de 1910 y 1920 en otros distritos mineros, no hicieron progresos en la región de Pachuca.
En las primeras señales de desorden los líderes de las huelgas eran fusilados.
El único desorden en mayo de 1911, fue reprimido por los maderistas.
Más aún, la abundante producción de las minas y la refinadora se transportaba a los Estados Unidos en un tren asegurado que corría directamente de Laredo a Pachuca, tripulado por personal norteamericano.
La continua prosperidad de las minas de Pachuca y Real del Monte proporcionó un mercado para el producto de la hacienda y la región.
   Aunque la región escapó a los efectos económicos destructivos directos de la Revolución no fue inmune a la Reforma Agraria que siguió a la lucha por el poder.
El programa de Reforma Agraria fue articulado por Andrés Molina Enríquez, Antonio Díaz Soto y Gama y Luis Cabrera.
Este programa fue adoptado por las fuerzas de Emiliano Zapata, promulgado como ley por el gobierno de Carranza el 6 de enero de 1915, e incorporado dentro de la Constitución en 1917, y dio a los pueblos el derecho a solicitar tierras o porque ellos habían sido privados de esta o porque la necesitaban para sostener una vida independiente.
   Los dos focos principales de descontento en la región de Hueyapan -la aldea de Huesca y la ranchería llamada el Vite- hicieron solicitudes de tierra casi tan pronto como se promulgó la Reforma Agraria.
   La solicitud de tierra de Huasca, el 23 de marzo de 1916, la firmaban once residentes del pueblo.
El esfuerzo inicial aquí como en la mayoría de los pueblos fue para que se restituyeran las tierras.
La búsqueda en los archivos nacional no pudo proporcionar ninguna prueba de dicha aprobación.
Por lo tanto, el 3 de noviembre de 1917, se presentó una segunda solicitud al departamento agrario que alegaba que el pueblo en una ocasión había recibido tierra del gobierno virreinal, aunque no hubiera prueba legal disponible; sin embargo, era urgente la necesidad que los residentes del pueblo tenían de tierras.
Esta solicitud la firmaban 94 residentes.
Luego siguieron las formalidades legales.
La comisión agraria de Pachuca instruyó a los ciudadanos que eligieran un representante y levantaran un censo y prometieron enviar a un ingeniero para que determinara las necesidades del pueblo.
El censo que se levantó en febrero de 1918, reveló un total de 961 habitantes.
La Comisión Agraria pasó la mayor parte de 1918 levantando objeciones a los procedimientos y exigiendo una tipo diferente de censo, el cual se completó el 15 de octubre de 1918.
Para junio de 1919, el ingeniero todavía no había sido enviado y se había pedido al pueblo que prometiera el pago por las tierras.
No fue hasta 1921, que realmente apareció el ingeniero para tomar medidas e investigar las necesidades del pueblo.
Aunque habían transcurrido cinco años desde la primera solicitud, no se concedió nada de tierras.
   Por cuanto a que los descontentos puramente locales motivaron a Huasca a solicitar tierra, los tempranos campos del siglo XX en la región pudieron haber ocasionado algo de preocupación a los aldeanos más articulados.
El cierre de las plantas refinadoras había restado importancia a Huasca uy amenazaban con reducirla a un adjunto administrativo de las haciendas vecinas.
La consolidación de las haciendas más pequeñas en los límites de Huasca, tales como San José de Ocotillos e Ixtual, que habían sido compradas por los Landero en 1917, junto con las compras de la familia Luna en la ranchería de Bermúdez, privó a los habitantes de Huasca el uso de algunas tierras de pastoreo y para cortar madera.
Estas actividades tradicionalmente se habían combinado con la fábrica de teja y el transporte en mula pero este empleo había sido interrumpido por la Revolución.
Además, en 1916 la antigua hacienda refinadora de San Antonio, junto con algunas hectáreas de tierras de los alrededores se había inundado por la presa que los Landero habían construido conjuntamente con la compañía eléctrica.
El uso de la tierra por la aldea quedó interrumpido aún más.
(Continuará.
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)Fuente:Boortein Couturier, Edith.
La hacienda de Hueyapan, 1550-1936.
Sep Setentas.
México, 1976, pp.
165-174.