50 sindicatos irán a la Justicia en reclamo de $688 mil millones de las obras sociales que retiene el Gobierno

El enfrentamiento entre el sindicalismo y el Gobierno por las obras sociales se pondrá al rojo: unos 50 sindicatos piloteados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) harán en las próximas horas una presentación conjunta ante la Justicia en reclamo de que el Ministerio de Economía libere unos 688 mil millones de dólares que tiene retenidos y que los devuelva al sistema sindical de salud.

En el escrito se denunciará al ministro Luis Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque mantiene “pisado” dinero que corresponde a las obras sociales: serían, por un lado, 288 mil millones de pesos en un plazo fijo en el Banco Nación, que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (que paga los reintegros a las obras sociales) y, por otro, unos 400 mil millones de pesos en Fondos FIMA que se acumularon por una deuda que abonó OSDE ante su incumplimiento en los aportes generados por los adherentes voluntarios al sistema de obras sociales.

La decisión de ir a la Justicia se tomó anteayer en un encuentro que Barrionuevo mantuvo con gremios de su sector en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), a los que sumó la UOM Capital, que lidera Roberto Bonetti. La denuncia judicial también cuenta con el aval del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, que maneja OSECAC, la obra social más numerosa del país (1.200.000 afiliados).

Pero, en los hechos, la presentación judicial se convertirá en un desafío a la CGT, que sigue analizando qué hacer ante la aguda crisis financiera de las obras sociales, pero hasta ahora no adoptó “ninguna medida concreta”, como cuestionan en el barrionuevismo, pese a 3 reuniones infructuosas de sus dirigentes con el ministro de Salud, Mario Lugones, como anticipó Infobae.

Barrionuevo, además, rechazará el paro parcial de 2 o 4 horas que impulsa la CGT tras la visita del Papa León XIV e insistirá en realizar un paro general de 36 horas, con movilización, para exteriorizar su oposición a las políticas del gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, su gremio, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), hará el 16 de noviembre un paro nacional y una movilización ante el Ministerio de Capital Humano en demanda de que la Secretaría de Trabajo le firme la certificación de autoridades por su triunfo electoral de diciembre pasado y que le homologue su último aumento salarial.

Un grupo de abogados está finalizando la redacción del escrito, en el que, además de la devolución de los fondos que tiene retenidos Economía, se reclamará al Gobierno que actualice el valor del nomenclador por el cual el Estado paga los medicamentos, congelado desde hace unos tres años, con lo cual las obras sociales están recuperando un 10% de lo que abonan en ese rubro.

El origen de los 288 mil millones de pesos que debe hoy el Estado al sistema de obras sociales surge de una partida adicional de casi 148 mil millones de pesos que el ex ministro de Economía Sergio Massa, a pedido de la CGT, incorporó en 2023 en el Presupuesto Nacional, destinada al financiamiento de prestaciones críticas como discapacidad en el sistema sindical de salud.

Ese dinero fue restituido parcialmente desde entonces a las obras sociales y su monto se incrementó porque está depositado en un plazo fijo en el Banco Nación.

Los 400 mil millones de pesos restantes que el Gobierno tendría retenidos provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, bajo disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud, que fue creado en 2016 y es donde se destinaron los millonarios recursos del acuerdo de pago con OSDE.

Esta prepaga fue denunciada en enero de 2017 por Swiss Medical, su principal competidora, por no haber ingresado al Fondo Solidario de Redistribución los aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios, reclamo que derivó en una denuncia de la UFISES (Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social).

Finalmente, en septiembre de 2017 se llegó a un acuerdo por el que se aceptó el ofrecimiento de pago de OSDE por unos 8 mil millones de pesos, fondos que se destinaron esos recursos inicialmente al fideicomiso de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Y en 2019, mediante el decreto 251, se trasladaron los fondos disponibles de ese acuerdo al Fondo de Emergencia y Asistencia para financiar el auxilio a las obras sociales.

Desde ese momento, con los fondos retenidos por el Estado y por la conjunción de varios factores, se acentuó la crisis financiara de las obras sociales con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

En un intento por lograr alguna solución, la CGT mantuvo tres reuniones reservadas con el ministro Lugones en la sede de la UOCRA, aunque los sindicalistas se quejan de que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar la crisis de las obras sociales que los expertos califican de “casi terminal”.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

El sanitarista Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, director de la obra social de Obras Sanitarias y asesor de la CGT, dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.