La DEA usa NARCOS infiltrados para sus INVESTIGACIONES

El infierno está pavimentado de buenas intenciones. Esa máxima resume la advertencia lanzada por la oficina del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que encontró deficiencias en una de las políticas más polémicas empleadas por Washington contra los cárteles mexicanos de la droga:

• Permitir que sus fuentes confidenciales —narcotraficantes que accedieron a convertirse en informantes— cometan actos ilícitos bajo dirección de agentes estadunidenses para fundamentar investigaciones o mantener sus fachadas.

En esencia, que violenten la ley vendiendo armas o drogas… para un supuesto bien mayor.

En un reporte poco habitual sobre uno de los temas de mayor sensibilidad para la agenda antinarcóticos de Estados Unidos, el inspector encontró salvaguardas incompletas para evitar que esas operaciones terminen contribuyendo al fortalecimiento de las organizaciones que buscan debilitar.

Es decir, que el remedio termine siendo peor que la enfermedad y que las propias autoridades alimenten accidentalmente al crimen que quieren combatir.

“Sin políticas adecuadas, la ATF, la DEA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos no han minimizado los riesgos asociados con las actividades ilícitas, como la contribución activa del gobierno al fortalecimiento de organizaciones criminales”, advierte el informe 27-003, publicado el 28 de octubre.

• El documento revisa políticas, no reconstruye una operación específica en México. Reconoce que las agencias cumplen sustancialmente con las directrices generales, pero identifica brechas en la supervisión de actividades con bienes peligrosos y en las instrucciones que deben recibir las fuentes.

Y se agrega otro riesgo. Aunque Washington utilice a una fuente, ésta conserva sus intereses y objetivos propios:

“El uso de informantes confidenciales es una poderosa herramienta para hacer cumplir la ley, pero también entraña un riesgo inherente para el Departamento debido a la posible vinculación de los informantes con actividades ilícitas y a que su cooperación está motivada por remuneraciones u otros beneficios”.

• La explicación de cómo operan estos permisos da una idea de cómo, en su lucha contra los cárteles, Washington se creó un andamiaje burocrático que usa para permitir a sus informantes delinquir, pero bajo el argumento de que se sirve a un objetivo pragmático:
• Un narcotraficante que colabora con la DEA o la ATF puede enfrentar una situación en la que participar en una transacción ilícita le permita conservar su acceso a la organización y obtener pruebas. ¿Qué decisión toma la agencia para no perder a esa fuente valiosa de información?

En este dilema ético, por encima de todo, tiene que haber autorización. Al escritorio de un funcionario debe llegar una propuesta que implica permitir una conducta criminal específica.

Las Directrices del Fiscal General sobre el Uso de Informantes Confidenciales, actualizadas en 2002 y aplicables a DEA, ATF y Marshals según la auditoría, regulan las llamadas Otherwise Illegal Activities, u OIA: actividades que serían ilegales sin autorización.

El permiso exige justificar la necesidad de obtener pruebas esenciales que no estén razonablemente disponibles por otros medios, o prevenir determinados daños graves. Además, los beneficios deben superar los riesgos.

Las actividades de mayor riesgo requieren aprobación previa y escrita del agente especial a cargo y del fiscal federal jefe competente. Las de segundo nivel requieren la autorización de un mando superior de campo. El plazo ordinario no puede superar los 90 días.

Pero hay límites: no se puede autorizar a la fuente a participar en actos de violencia, fabricar pruebas u obstruir la justicia. Tampoco se trata de una licencia general para vender drogas o armas. La conducta autorizada debe quedar delimitada y supervisada.

El dilema persiste: ¿hasta dónde puede permitirse que una investigación avance dentro del mundo criminal sin terminar facilitando su funcionamiento?

Las armas que siguieron circulando

El primero y más conocido es el caso de la Operación Rápido y Furioso, el de mayor nivel y el que más se recuerda como una violación a la soberanía de México, al haber permitido a un informante organizar la venta de decenas de armas para el Cártel de Sinaloa, como parte de una investigación del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.

Cuando cruzó la frontera, el embarque se perdió y varias de esas armas terminaron siendo empleadas en homicidios por todo territorio mexicano.

En un principio, la operación, autorizada por la fiscalía de Arizona y la oficina de Phoenix de la ATF, tenía un objetivo justificable a los ojos de las agencias de EU:

Reconstruir y desarticular las redes de tráfico que llevan rifles de asalto desde armerías en estados fronterizos a manos de los cárteles de la droga.

Pero el resultado, además de un escándalo internacional, fue un número no cuantificado de mexicanos asesinados y cárteles armados con distintos tipos de fusiles, incluidos Barrett calibre 50.

Para entender específicamente el papel de los informantes, hay un antecedente todavía más directo: Wide Receiver.

En esa operación, un vendedor de armas trabajó formalmente como informante de ATF y realizó ventas a compradores interpuestos.

Los investigadores no obtuvieron las aprobaciones exigidas para esas actividades ilegales, según la revisión del inspector general de 2012.

Otro ejemplo es el de los gemelos Flores, Pedro y Margarito, cuya cooperación aportó pruebas al caso contra Joaquín el Chapo Guzmán. De saque, la idea era útil: aprovechar el acceso de los dos narcotraficantes para obtener información sobre el Cártel de Sinaloa.

En 2008, durante su cooperación desde México, los hermanos negociaron con Guzmán y su hijo una entrega de 20 kilos de heroína que recibió un agente encubierto en Illinois. La Fiscalía señaló expresamente que el pago fue conocido y autorizado previamente por el gobierno para avanzar en la investigación.

Pero mientras colaboraban, los Flores también facilitaron la llegada de 276 kilos de cocaína a Chicago sin reportarla a las autoridades. La droga fue distribuida en vez de decomisada y las ganancias regresaron a México, a fortalecer una organización criminal.

El precio del bien mayor

La pregunta que se abre es si el gobierno puede romper la ley para mantener la ley. La profesora de derecho de Harvard Alexandra Natapoff, especialista en el sistema estadounidense de informantes, ha cuestionado los costos de negociar con criminales y el mensaje que esas decisiones envían a las comunidades afectadas.

“Hemos anunciado (…) que el delito y el castigo son moralmente negociables”, sostuvo en una entrevista publicada por Harvard Law Today en noviembre de 2022.

Natapoff no propone eliminar toda colaboración: reconoce situaciones en las que sus beneficios pueden justificar los costos. Su crítica apunta a la amplitud de las negociaciones y a la insuficiente rendición de cuentas sobre sus consecuencias.

• Las auditorías permiten conocer otra parte de la mecánica con la que Washington administra a sus fuentes: el dinero. No todos los informantes son narcotraficantes, pero algunos de los colaboradores vinculados al crimen pueden recibir pagos u otros beneficios por sus servicios.
• En el Servicio de Alguaciles, la auditoría de octubre describe fondos enviados a cuentas bancarias de agentes, quienes los retiran y entregan a los informantes. Aunque existe un sistema de aprobación y documentación, el OIG advierte riesgos de fraude y seguridad. Personal del FBI planteó también la posible utilidad de las criptomonedas.
• La ATF utiliza fondos de caja en efectivo. Otra auditoría, la 26-089, publicada en septiembre de 2026, documentó que sus oficinas en México pagaron 47 mil 400 dólares a informantes confidenciales y fuentes ocasionales de información entre noviembre de 2022 y junio de 2025.

La DEA, por su parte, utilizaba efectivo o cheques, según una auditoría de 2016. Ese antecedente documenta el mecanismo de entonces, sin establecer que sea hoy su única forma de pago./Agecias-PUNTOporPUNTO