Más controles y más ventas, las exigencias del agro de EU que se suman para México en el T-MEC

México ocupa dos lugares en la agenda del campo estadounidense , siendo un comprador relevante que sus exportadores quieren conservar y un competidor al que algunos productores buscan exigir mayores controles. Esta posición explica las peticiones de distintos sectores que plantean para la revisión del T-MEC , en donde se busca ampliar las inspecciones en huertas mexicanas, proteger sus ventas de leche, agilizar permisos y asegurar el cobro de mercancías.

Los testimonios y documentos entregados al Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos muestran una defensa del comercio regional, acompañada de exigencias para modificar su operación. Las propuestas pertenecen a asociaciones empresariales y productores. Mientras algunos sectores reclaman más vigilancia y medidas contra importaciones que consideran perjudiciales, una coalición agrícola advierte que las restricciones pueden provocar represalias contra sus propias exportaciones. Una de las propuestas más concretas proviene de Western Growers, asociación de productores, empacadores y comercializadores de frutas, verduras y nueces del oeste estadounidense. La organización pide utilizar la revisión del T-MEC para ampliar los protocolos de inspección de inocuidad en México. Su planteamiento contempla que personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) revise unidades agrícolas identificadas como posibles fuentes de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, con poco o ningún aviso previo. También pide contratar y capacitar personal para realizar estas verificaciones. Cuando no sea posible identificar una finca específica, plantea investigar las unidades que aparezcan en el rastreo del producto y, si eso tampoco permite ubicar el origen, efectuar pruebas en campos, instalaciones de manejo posterior a la cosecha o empacadoras de la región involucrada. La propuesta vincula las inspecciones con el acceso al mercado, ya que si los sistemas de una unidad resultan inadecuados, el productor tendría que corregir las deficiencias. Si no lo hace o rechaza el acceso a la inspección, Western Growers plantea impedir la entrada de sus productos a Estados Unidos. La asociación reconoce que funcionarios estadounidenses necesitan consentimiento para realizar inspecciones en otro país. Ante esto, identifica al T-MEC como una vía para ampliar los protocolos.

La vigilancia que busca Western Growers también alcanza las condiciones de trabajo. Según la asociación, la mano de obra representa cerca de 40% del costo de producción de frutas y verduras, e incluso más en ciertos cultivos. Desde esa perspectiva, considera que las diferencias salariales y de estándares laborales generan una desventaja para los productores estadounidenses frente a las importaciones. La organización reconoce cambios positivos en la legislación mexicana y resultados en algunos sectores a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida . Sin embargo, sostiene que la supervisión carece de recursos suficientes y que los ajustes presupuestarios han dificultado la aplicación de las reformas. Su petición es reforzar las disposiciones sobre salarios y protección de trabajadores, además de las medidas contra el trabajo infantil. El argumento combina mejores condiciones para los trabajadores mexicanos con el interés de reducir las diferencias de costos que enfrentan sus competidores estadounidenses. Entre quienes buscan vender a México, la preocupación es que las políticas nacionales reduzcan el espacio para sus productos. Michael Lichte, de Dairy Farmers of America, identifica a México como el mercado de exportación prioritario de la cooperativa y el socio comercial más importante para la industria láctea estadounidense. Las ventas del sector a México fueron de 2,600 millones de dólares durante 2025, por eso se pone atención sobre la estrategia mexicana de autosuficiencia lechera . Según su exposición, uno de sus componentes contempla reducir las importaciones de leche en polvo desde Estados Unidos. Lichte señala que la industria respalda el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria mexicana, pero rechaza intervenciones que restrinjan las importaciones y el comercio.

La agenda también incluye una protección que opera después de que la mercancía cruza la frontera: asegurar su pago. Western Growers pide que México adopte un mecanismo semejante al de la Ley de Productos Agrícolas Perecederos de Estados Unidos, conocida como PACA, que otorga prioridad de cobro a los proveedores de estos alimentos cuando un comprador quiebra. La asociación señala que Canadá adoptó un mecanismo similar en 2024 y busca un compromiso mexicano que complete la protección en los tres países. La naturaleza del producto justifica el reclamo, pues una carga de frutas o verduras no puede recuperarse y revenderse meses después, como podría ocurrir con otros bienes. Para los exportadores, mantener abierto el mercado resulta insuficiente si una insolvencia deja sus ventas sin cobrar. Otros sectores quieren facilitar el ingreso de sus mercancías a México. La U.S. Chamber of Commerce incluye entre sus prioridades los retrasos que atribuye a Cofepris en registros, autorizaciones y renovaciones de plaguicidas y productos químicos agrícolas. También pide previsibilidad para el acceso de papa fresca y decisiones relacionadas con biotecnología. En el transporte de granos, Jamie Beyer, de la American Soybean Association, propone un acuerdo de inspección entre México y Estados Unidos para reducir revisiones y costos ferroviarios. Según Beyer, las diferencias en los criterios sobre presencia de tierra en los granos pueden derivar en fumigaciones que cuestan aproximadamente 70,000 dólares por tren y retrasan el transporte unos dos días. El Meat Institute, por su parte, busca eliminar la exigencia de que certificados sanitarios generados y firmados digitalmente también acompañen los embarques en papel. En este caso, precisa que la cooperación entre autoridades permitiría resolver el problema sin modificar el T-MEC .

Las peticiones encuentran un límite dentro del propio sector agrícola estadounidense: el temor a perder ventas. La Agricultural Coalition for USMCA advierte que nuevas restricciones contra las importaciones agrícolas mexicanas podrían provocar represalias y perjudicar a productores, procesadores y exportadores de Estados Unidos. Su posición es conservar el acceso al mercado y utilizar las herramientas existentes del tratado para atender controversias. Western Growers también reconoce que algunos de sus miembros tienen asociaciones con productores extranjeros o inversiones en fincas fuera de Estados Unidos, además de exportaciones hacia México. La competencia y la integración comercial conviven incluso dentro de las mismas organizaciones. Esa relación deja una negociación compleja para México porque sus compradores quieren mantener el comercio abierto, pero varios también pretenden más controles sobre la producción mexicana. Para otros exportadores estadounidenses, presionar demasiado a su vecino pondría en riesgo al cliente que ayuda a sostener sus propios negocios.