Medicina Legal alerta por crisis financiera: hay déficit de $300.000 millones, falta de infraestructura y de personal, mientras prevé 35.000 necropsias en 2026

La falta de personal, las limitaciones de infraestructura y la presión sobre los servicios forenses mantienen al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ante un panorama complejo.

Su director, Ariel Cortés, advirtió que la entidad enfrenta un déficit presupuestal cercano a los $300.000 millones, mientras aumenta la demanda de procedimientos y valoraciones en distintas regiones del país.

Durante el Congreso Nacional e Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizado en Bogotá, el funcionario señaló que las dificultades financieras pueden comprometer la capacidad de respuesta de la institución. Entre las preocupaciones mencionó la falta de recursos para atender las necesidades operativas y desarrollar nuevas herramientas para apoyar las investigaciones criminales.

La situación coincide con un aumento en el volumen de trabajo. Medicina Legal espera realizar cerca de 35.000 necropsias en 2026, por encima de las aproximadamente 33.000 practicadas durante el año anterior. Los procedimientos están relacionados con homicidios, suicidios y accidentes, incluidos los siniestros de tránsito.

“Estamos haciendo aproximadamente para este año unas 35 mil necropsias que están repartidas entre homicidios, suicidios, todo un tema de accidentes y de accidentes de tránsito, que es otra preocupación que tenemos grande”, explicó Cortés.

Homicidios y valoraciones por violencia sexual entre las cifras de atención

Dentro de las necropsias previstas para este año, los casos asociados con homicidios representan una parte importante de la carga institucional. El director estimó que podrían superar los 15.500 procedimientos, frente a los cerca de 14.500 que tomó como referencia de la actividad anterior.

A esa demanda se suman las valoraciones médico-legales por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. Según Cortés, durante 2025 se registraron alrededor de 16.000 casos de este tipo. De esa cifra, entre 13.500 y 14.000 corresponderían a mujeres menores de edad.

El funcionario cuestionó las condiciones en las que opera la entidad y aseguró que la disponibilidad de recursos humanos y físicos no alcanza para responder a todas las necesidades nacionales. “Yo tengo que calificar que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la cenicienta de la justicia en este país”, afirmó.

Las limitaciones también se reflejan en la infraestructura de algunas sedes. En Cali, las afectaciones ocasionadas por un terremoto impidieron el funcionamiento habitual de las instalaciones, lo que obligó a implementar medidas para mantener parte de los servicios. “Estamos tomando planes de contingencia para que funcione la parte clínica y la parte de laboratorios en algunos sitios que nos ha facilitado la Fiscalía General de la Nación”, explicó Cortés.

Mientras se mantienen esas alternativas para los servicios clínicos y de laboratorio, las labores de morgue y patología se desarrollan en Palmira. El director describió las condiciones como inadecuadas, pese a que allí deben atender los requerimientos forenses del suroccidente colombiano.

Déficit presupuestal y menores fallecidos en operaciones militares

La falta de financiación también podría retrasar la implementación de la ley relacionada con perfiles genéticos para la criminalidad. Cortés indicó que la entidad espera que la Corte Constitucional concluya el estudio correspondiente en febrero de 2027, aunque advirtió que todavía no dispone del presupuesto necesario para poner en marcha esa normativa.

El déficit estimado en $300.000 millones representa uno de los principales obstáculos para responder a las obligaciones actuales y asumir nuevas responsabilidades. La institución debe atender el volumen de necropsias y valoraciones, además de las dificultades operativas que afectan su funcionamiento en diferentes territorios.

Durante su intervención, el director también entregó cifras sobre menores de edad fallecidos en operaciones militares. Desde el 7 de agosto de 2026, Medicina Legal registra ocho casos en esas circunstancias: cinco corresponden a menores de sexo masculino y tres a menores de sexo femenino.

Al considerar el acumulado de lo que va de 2026, la cifra asciende aproximadamente a 17 menores fallecidos, de acuerdo con los datos presentados por Cortés. Los casos se concentran principalmente en Norte de Santander, Guaviare y Arauca. Las edades de los menores reportados oscilan entre los 13 y los 17 años.