Trump se juega el poder el 3 de noviembre: entre sus exabruptos y el futuro de México

Donald Trump no aparecerá en las boletas electorales del próximo martes 3 de noviembre, pero buena parte de su poder político estará en juego. Los estadounidenses decidirán si el presidente conserva un Congreso dominado por los republicanos o si los demócratas recuperan espacios capaces de imponerle contrapesos durante los últimos dos años de su mandato. La diferencia puede ser considerable no solamente para Estados Unidos, sino para México, cuya economía, seguridad y estabilidad comercial están estrechamente vinculadas con decisiones que se toman en Washington. Trump seguirá siendo presidente cualquiera que sea el resultado, pero las condiciones políticas en las que ejerza el poder podrían cambiar sustancialmente.

Y llegará a esa cita electoral envuelto, una vez más, en una sucesión de declaraciones que parecen diseñadas para provocar controversia. La más reciente ocurrió el domingo pasado, durante un mitin en Michigan, cuando arremetió contra Noruega, a la que llamó, literalmente, «país de mierda», porque no le concedieron el Premio Nobel de la Paz. No satisfecho con insultar a una nación aliada de Estados Unidos, afirmó que tampoco quería recibir inmigrantes noruegos por esa misma razón. La escena resulta especialmente llamativa porque Noruega figura entre las democracias de mayor ingreso por habitante del mundo y porque el mandatario estadounidense atribuye al país una decisión que corresponde a un comité independiente.

Trump llevaba semanas manifestando su enojo por el Premio Nobel de la Paz 2026, otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay, reconocida por su trayectoria en materia de derechos humanos. Había llegado a calificar aquella decisión como una mancha imborrable para Noruega, reclamando que sus supuestos méritos como pacificador internacional merecían el reconocimiento. El presidente noruego no elige al galardonado, ni lo hace su gobierno, pero semejante distinción institucional parece importar poco cuando Trump decide convertir una frustración personal en un conflicto diplomático.

Durante aquel mismo mitin también arremetió contra las políticas migratorias francesas, responsabilizó a la inmigración de problemas sociales europeos y volvió a presumir sus gestiones sobre Groenlandia, asegurando que había conseguido un acuerdo de grandes alcances con Dinamarca. Son asuntos de naturaleza muy distinta, mezclados en un discurso en el que conviven las reivindicaciones personales, las amenazas políticas y las afirmaciones grandilocuentes. No todas sus declaraciones se traducen en decisiones de gobierno, pero tampoco pueden considerarse irrelevantes cuando provienen del presidente de la principal potencia económica y militar del planeta.

El problema no consiste solamente en la vulgaridad del lenguaje. Un presidente puede expresar desacuerdos con otros gobiernos, cuestionar decisiones internacionales y defender políticas migratorias restrictivas. Lo preocupante aparece cuando las diferencias diplomáticas se plantean mediante descalificaciones nacionales, cuando se confunden las instituciones independientes con los gobiernos o cuando una distinción honorífica se convierte en motivo de hostilidad hacia ciudadanos de otro país. La política exterior exige algo más que capacidad de provocar titulares.

Y mientras Trump acumula semejantes episodios, Estados Unidos se aproxima a una elección que puede alterar los equilibrios institucionales de su propio gobierno.

Las elecciones intermedias renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 posiciones del Senado, contando las elecciones ordinarias y especiales. También estarán en disputa numerosas gubernaturas, legislaturas estatales y otros cargos públicos. No se trata de una elección presidencial, pero sí de una consulta política sobre los primeros dos años del segundo gobierno de Trump, sus políticas económicas, su relación con el Congreso y el rumbo que los estadounidenses desean para el resto del periodo.

Actualmente los republicanos controlan ambas cámaras, aunque con márgenes reducidos. La Cámara de Representantes constituye un terreno especialmente sensible porque pequeñas variaciones en distritos competitivos pueden modificar la mayoría legislativa. En el Senado, las condiciones son diferentes por la distribución de los escaños en disputa, la duración de los mandatos y las particularidades de cada estado. No necesariamente ambos órganos terminarán bajo el control del mismo partido.

Existen tres escenarios institucionales diferenciados: que los republicanos conserven ambas cámaras; que los demócratas recuperen una de ellas; o que logren controlar las dos. Cada posibilidad tendría consecuencias sobre presupuestos, fiscalización del Ejecutivo, nombramientos que requieren confirmación senatorial y negociaciones legislativas. Pero sería equivocado suponer que un cambio de mayoría parlamentaria paralizaría automáticamente a Trump o eliminaría sus facultades constitucionales.

El presidente estadounidense dispone de instrumentos ejecutivos importantes en política exterior, migración, seguridad y comercio. También puede vetar legislación aprobada por el Congreso, dentro de los límites previstos constitucionalmente. Por tanto, una mayoría opositora podría incrementar la vigilancia y las restricciones legislativas sin necesariamente impedir todas sus decisiones. Y la conservación del control republicano tampoco garantizaría obediencia absoluta de los legisladores de su propio partido.

Lo relevante para México es comprender que la relación bilateral no depende exclusivamente de las conversaciones entre presidentes. Intervienen el Congreso estadounidense, los gobiernos estatales, las empresas, los sindicatos, las autoridades regulatorias, los tribunales y numerosos intereses económicos que no siempre coinciden con las prioridades de la Casa Blanca.

El asunto más delicado es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Su revisión conjunta del pasado primero de julio concluyó sin que Washington aceptara extenderlo por un nuevo periodo de dieciséis años en los términos existentes. Sin embargo, el tratado no desapareció ni quedó automáticamente cancelado. Continúa vigente y sus mecanismos contemplan revisiones posteriores mientras no se alcance un acuerdo de extensión o se produzca su terminación conforme a las reglas aplicables.

La negociación se desarrolla en un ambiente marcado por desacuerdos comerciales, políticas arancelarias y exigencias sobre el contenido regional de diversos productos. México debe preservar el acceso competitivo a su principal mercado de exportación, pero también necesita claridad sobre las condiciones para invertir, producir y comerciar. La incertidumbre prolongada puede afectar decisiones empresariales de largo plazo, particularmente en industrias que dependen de cadenas de suministro integradas en América del Norte.

Aquí adquiere importancia el resultado del 3 de noviembre. Una nueva composición del Congreso podría modificar la intensidad de las investigaciones sobre la política comercial de Trump, las negociaciones presupuestarias y las presiones de sectores productivos. Pero no debe confundirse esa influencia con la capacidad de ordenar unilateralmente los términos del tratado. La revisión del T-MEC seguirá siendo un proceso entre los tres países, con atribuciones repartidas entre los poderes e instituciones correspondientes.

También existe una dimensión económica que suele quedar eclipsada por las declaraciones presidenciales. México y Estados Unidos comparten cadenas industriales cuya operación cotidiana depende de decisiones tomadas a ambos lados de la frontera. Los componentes automotrices, la electrónica, la maquinaria, los productos agroalimentarios y numerosas manufacturas cruzan fronteras como parte de procesos productivos integrados. Las dificultades comerciales no afectan solamente a los exportadores mexicanos; también pueden incrementar costos para empresas y consumidores estadounidenses.

Esto significa que México no debe construir su estrategia esperando simplemente que Trump encuentre oposición en el Congreso. Los intereses económicos compartidos constituyen un elemento de negociación que debe documentarse, explicarse y defenderse mediante argumentos técnicos, información verificable y coordinación con los sectores productivos.

La migración representa otro terreno de posibles cambios y continuidades. La política fronteriza de Estados Unidos se encuentra influida por decisiones del Ejecutivo, legislación federal, presupuestos, actuaciones judiciales y responsabilidades de gobiernos estatales. Una modificación en las mayorías legislativas podría cambiar la discusión sobre financiamiento y supervisión, pero no significaría necesariamente una transformación inmediata de las medidas migratorias.

En materia de seguridad ocurre algo semejante. La cooperación bilateral enfrenta diferencias sobre el tráfico de drogas, el flujo ilegal de armas, las organizaciones criminales, el intercambio de información y el alcance de las operaciones de cada país. México necesita mantener canales eficaces de coordinación sin renunciar a su soberanía ni permitir que una relación indispensable se convierta en un mecanismo de imposición unilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que conducir estas relaciones cualquiera que sea la nueva composición del Congreso. El desafío no consiste en apostar por una victoria republicana o demócrata, sino en construir una estrategia mexicana que pueda funcionar bajo diferentes condiciones políticas.

Esto implica mantener interlocución con la Casa Blanca y, simultáneamente, fortalecer relaciones institucionales con legisladores de ambos partidos, gobernadores, cámaras empresariales, sindicatos y representantes de los sectores industriales estadounidenses que mantienen vínculos económicos relevantes con México.

La diplomacia no puede agotarse en las reuniones presidenciales ni depender exclusivamente de las afinidades personales entre gobernantes. Las decisiones de Washington son resultado de múltiples negociaciones y equilibrios internos. Entenderlos permite identificar oportunidades de cooperación y anticipar riesgos sin alimentar expectativas infundadas.

Hay, además, un elemento que conecta estas elecciones con el futuro político mexicano. El resultado del próximo martes puede influir en las condiciones comerciales, migratorias y diplomáticas que enfrentará el gobierno de Sheinbaum durante los siguientes dos años. Esas circunstancias formarán parte del contexto de las elecciones intermedias mexicanas de 2027 y de las decisiones económicas y políticas que se adopten antes de la sucesión presidencial de 2030.

Pero sería prematuro asegurar que determinado resultado estadounidense beneficiará a una figura política mexicana o perjudicará inevitablemente a otra. La política internacional rara vez funciona mediante relaciones tan mecánicas. Un Congreso dividido puede imponer restricciones, pero también producir acuerdos; uno controlado por el partido presidencial puede facilitar decisiones y, al mismo tiempo, mostrar desacuerdos internos.

Por eso conviene observar no solamente qué partido obtiene más escaños, sino qué facultades tendrá cada mayoría, cuáles serán las prioridades legislativas y cómo reaccionarán los sectores económicos a la nueva distribución del poder.

México necesita prepararse para los distintos escenarios sin caer en la tentación de convertir la política estadounidense en una prolongación de nuestras disputas partidistas. Los intereses nacionales no deberían depender de simpatías por un presidente extranjero ni de preferencias sobre la composición de su Congreso.

Las descalificaciones contra Noruega, las diatribas sobre la inmigración europea y las constantes controversias que Trump provoca con sus declaraciones recuerdan que la relación con Estados Unidos se desarrolla bajo un liderazgo dispuesto a utilizar la confrontación verbal como instrumento político. Pero el vecino del norte también es una democracia federal con instituciones, elecciones, poderes diferenciados y una sociedad que puede modificar la composición de su Congreso.

El 3 de noviembre no se decidirá quién gobierna Estados Unidos hasta 2029. Eso ya quedó establecido en la elección presidencial de 2024. Lo que estará en disputa será una parte fundamental de los contrapesos con los que Trump deberá ejercer el poder durante la segunda mitad de su mandato.

Para México, la pregunta no debería ser solamente cuánto poder conservará Trump, sino qué tan preparado está nuestro país para relacionarse con Washington cualquiera que sea el resultado.

Porque las mayorías en el Congreso estadounidense pueden cambiar en una noche, mientras Trump puede seguir acumulando exabruptos, amenazas y provocaciones. Lo que México no puede permitirse es que su estrategia nacional dependa del humor, los agravios o los caprichos del presidente estadounidense.