La Renta Básica Universal: el derecho republicano a vivir sin dominación
REFUTACIONES POLÍTICAS
República es res publica, la cosa pública, la primacía del interés general sobre los intereses particulares, la asociación política de ciudadanos libres e iguales que construyen instituciones para garantizar su existencia colectiva. Pero una República no se realiza simplemente porque una Constitución proclame la libertad y la igualdad. Su verdadera dimensión política comienza cuando esas libertades pueden ejercerse materialmente, sin que la supervivencia de unos dependa de la voluntad arbitraria de otros.
Aquí encontramos una de las grandes contradicciones de las democracias contemporáneas: hemos construido sociedades de ciudadanos “jurídicamente libres”, pero millones de ellos viven sometidos a relaciones de dependencia económica que limitan profundamente su autonomía. Son libres para contratar, pero no siempre para rechazar un salario miserable; libres para elegir, pero frecuentemente sin alternativas; libres para participar en política, pero obligados a dedicar prácticamente toda su existencia a conseguir los medios indispensables para sobrevivir.
¿De qué libertad hablamos cuando la necesidad se convierte en una forma de sometimiento?
La Renta Básica Universal (RBU) constituye una de las propuestas políticas más importantes para enfrentar esta contradicción. No como una política asistencial destinada a administrar la pobreza, sino como una institución republicana orientada a garantizar las condiciones materiales de la libertad.
La tradición republicana ofrece fundamentos filosóficos para comprender esta propuesta. Maquiavelo, en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, advirtió sobre los peligros que representa la concentración del poder para la libertad de la República. Su distinción entre los grandes, que desean dominar, y el pueblo, que aspira a no ser dominado, revela una dimensión esencial de la política: la libertad exige instituciones capaces de impedir que unos impongan arbitrariamente su voluntad sobre otros.
James Harrington, en La República de Oceana, profundizó en esta cuestión al vincular la distribución de la propiedad con la distribución del poder político. Allí donde la riqueza se concentra excesivamente, la igualdad ciudadana corre el riesgo de convertirse en una ficción.
Rousseau comprendió igualmente que la libertad política resulta incompatible con las desigualdades extremas. Su advertencia conserva una extraordinaria actualidad: ningún ciudadano debería ser tan rico como para comprar a otro, ni tan pobre como para verse obligado a venderse. El problema de fondo no es exclusivamente económico; es profundamente político.
La concentración de la riqueza no solamente produce desigualdad en el consumo; también genera relaciones de subordinación. Quien controla los recursos indispensables para la existencia de otro adquiere una capacidad de dominio que puede extenderse al trabajo, a la vida familiar y a la participación pública. Thomas Paine dio un paso decisivo en 1797, cuando propuso en Justicia agraria un sistema de compensaciones económicas financiadas con recursos provenientes de la propiedad territorial. Su argumento partía de una idea revolucionaria: la riqueza natural constituye una herencia común de la humanidad y, por tanto, todos tienen derecho a participar de sus beneficios.
Esta concepción permite comprender la diferencia entre asistencia y derecho. La RBU no debe entregarse porque una persona sea pobre, desempleada o incapaz de generar ingresos. Su fundamento es la pertenencia a una comunidad cuya riqueza es resultado de generaciones de trabajo, conocimiento, cooperación y construcción institucional. Karl Marx, aunque situado en una tradición filosófica distinta, permite profundizar en esta contradicción. El trabajador moderno es jurídicamente libre, pero su necesidad de vender la fuerza de trabajo para subsistir establece una dependencia material que la igualdad formal del contrato no consigue eliminar. La pregunta es inevitable: ¿qué tan libre es una voluntad que no puede rechazar las condiciones que le imponen porque su alternativa es el hambre?
Philip Pettit, uno de los principales filósofos del republicanismo contemporáneo, ha desarrollado la noción de libertad como no dominación. Su planteamiento distingue entre no sufrir interferencias y no encontrarse sometido al poder arbitrario de otro. Una persona puede no estar siendo coaccionada en determinado momento y, sin embargo, carecer de libertad si su existencia depende de la benevolencia de alguien más. El republicanismo no pretende simplemente que los poderosos ejerzan prudentemente su poder: aspira a construir instituciones que impidan que los ciudadanos queden a su merced.
Desde esta perspectiva, la RBU representa una posibilidad concreta de ampliar la independencia económica. Un ingreso individual, periódico, universal e incondicional permitiría fortalecer la capacidad de las personas para rechazar relaciones laborales abusivas, escapar de situaciones de dependencia y participar en la vida pública sin que toda su existencia esté subordinada a la angustia de la supervivencia.
Antoni Domènech, uno de los grandes renovadores del pensamiento republicano, recuperó precisamente esta dimensión material de la libertad. Su reflexión demuestra que la democracia no puede limitarse a universalizar los derechos políticos mientras conserva la independencia económica como privilegio de quienes poseen patrimonio. La libertad republicana exige universalizar las condiciones materiales que hacen posible ejercerla.
Este debate adquiere una importancia todavía mayor ante el desarrollo de la inteligencia artificial, la robotización y la transformación de los procesos productivos. Si la tecnología permite generar cantidades crecientes de riqueza mediante conocimientos acumulados socialmente, ¿por qué sus beneficios habrían de concentrarse exclusivamente en quienes poseen los instrumentos de producción?
La riqueza contemporánea no es producto del esfuerzo aislado de individuos excepcionales. Descansa sobre siglos de conocimiento científico, infraestructura pública, instituciones, educación y cooperación social. Reconocer esa dimensión colectiva no significa negar la iniciativa privada o la social, sino establecer que el progreso económico debe contribuir también a ampliar la libertad de todos.
Por supuesto, una RBU requiere financiamiento sostenible, una estructura fiscal progresiva y una articulación responsable con los derechos sociales existentes. No puede convertirse en pretexto para privatizar la salud, mercantilizar la educación o desmantelar la seguridad social. Tampoco basta una transferencia monetaria para eliminar todas las relaciones de dominación. Su sentido republicano consiste en complementar y fortalecer el Estado social, no en sustituirlo.
En México, donde la Constitución reconoce derechos sociales y donde la política de bienestar ha adquirido una creciente centralidad, discutir la RBU significaría abrir una nueva etapa de reflexión sobre la relación entre ciudadanía, trabajo, riqueza y libertad. No se trataría simplemente de ampliar los programas sociales, sino de explorar la posibilidad de reconocer un piso universal de independencia económica como derecho de ciudadanía. La cuestión fundamental no es cuánto dinero puede entregar el Estado a los ciudadanos, sino qué condiciones materiales debe garantizar una República para que sus integrantes puedan vivir sin someterse a la voluntad arbitraria de otros.
La Renta Básica Universal es, en este sentido, una de las propuestas más radicalmente republicanas de nuestro tiempo. Porque desplaza la discusión de la caridad hacia el derecho, de la asistencia hacia la autonomía y de la simple supervivencia hacia la libertad.
Una República no puede conformarse con ciudadanos formalmente iguales y materialmente subordinados. Su finalidad no es administrar la dependencia, sino construir las condiciones para superarla.
Porque la libertad no consiste solamente en tener derecho a decidir, sino en disponer de las condiciones materiales para hacerlo. Y donde la existencia depende del permiso de otro, la República sigue siendo una promesa incumplida.
SDP Noticias
