El impuesto que nadie aprobó

En Guatemala pagamos un impuesto que no aparece en ninguna ley. Nadie lo aprobó en el Congreso, nadie lo cobra en una ventanilla y, sin embargo, lo pagamos todos los días.

Es el costo de vivir en un país donde demasiadas cosas no funcionan.

Lo pagás cuando una carretera destruida te obliga a gastar más combustible. Cuando perdés dos horas en el tráfico. Cuando un permiso se queda meses en un escritorio. Cuando el dueño de una tienda tiene que invertir en seguridad o, peor todavía, pagar extorsión para seguir trabajando.

Todo eso termina en alguna parte: en el precio del transporte, de la comida, de los servicios. En el bolsillo de las familias.

Yo he pasado buena parte de mi vida trabajando en empresas. Y aprendí algo bastante sencillo: no existen los costos gratuitos. Si transportar mercadería cuesta más, alguien paga la diferencia. Si abrir un negocio es una carrera de obstáculos, habrá negocios que nunca abran. Y si una inversión no llega, tampoco llegan los empleos que pudo haber creado.

Por eso me cuesta aceptar que hablemos de crecimiento económico como si fuera un asunto exclusivo de economistas. El crecimiento también se juega en la carretera que usa un agricultor, en el tiempo que pierde una madre camino al trabajo y en el comerciante que no sabe si mañana podrá abrir.

Guatemala tiene con qué. Somos la economía más grande de Centroamérica, tenemos una ubicación extraordinaria, una población joven y gente que echa punta sin que nadie tenga que enseñarle.

Pero casi dos de cada tres trabajadores siguen en la informalidad. No son personas que no trabajan. Al contrario: muchos madrugan, producen, venden y sostienen a sus familias. Lo que no encuentran es un camino razonable para crecer y formalizarse.

Nos encanta celebrar al emprendedor que sale adelante pese a todo. Yo también lo admiro. Pero ¿por qué tiene que ser una hazaña hacer lo que debería ser normal? ¿Por qué abrir un negocio exige tanta paciencia? ¿Por qué un expediente avanza más rápido cuando alguien tiene cuello?

Ahí está otra parte del impuesto invisible: las reglas no valen lo mismo para todos. He conocido a muchísimos guatemaltecos capaces de competir, producir e innovar al nivel de los mejores del mundo. Nuestra gente demuestra su talento dentro y fuera del país. Lo absurdo es que muchas veces resulta más sencillo desarrollar ese talento lejos de Guatemala que hacerlo aquí.

Y eso debería indignarnos. Porque mientras al ciudadano se le exige cumplir con cada obligación, todavía vemos gobiernos que presumen haber gastado todo su presupuesto. Bueno, ¿y qué mejoró?

En una empresa, si alguien me presenta como gran logro que se gastó todo el dinero, le voy a preguntar qué consiguió. Con el dinero público tendríamos que ser más exigentes, no menos.

Una medicina comprada que no llega al paciente no es un resultado. Una carretera anunciada que no se termina tampoco. Y trasladar un trámite absurdo a una página web solo consigue un absurdo digital.

No estoy diciendo que necesitemos un Estado ausente. Necesitamos uno que haga bien su trabajo: seguridad para vivir y producir, justicia que llegue a tiempo, carreteras transitables y reglas iguales para el pequeño y para el poderoso.

No le pido al gobierno que sea empresario. Le pido que entienda algo elemental: cada hora perdida, cada quetzal desperdiciado y cada oportunidad que se frustra tienen consecuencias sobre personas reales.

Durante años hemos discutido cuánto le cuesta el Estado al presupuesto. A mí me interesa otra cuenta: cuánto nos cuesta a los guatemaltecos que no funcione.

Porque el impuesto más caro no siempre es el que aparece en la factura. Es el que pagamos por todo lo que Guatemala podría estar haciendo y todavía no hace.

*El autor es empresario guatemalteco y Presidente del Programa Político Nacional del Partido Valor.