Vinculan a proceso a 5 hombres por despojo de terrenos del Gobierno de Sonora en San Carlos
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas por su probable responsabilidad en el delito de despojo de terrenos propiedad del Gobierno estatal, ubicados en San Carlos, municipio de Guaymas, cuyo valor total asciende a cientos de millones de pesos.
De acuerdo con los hechos expuestos ante la autoridad judicial, los imputados José Guadalupe “N”, Gabriel Francisco “N”, Jesús Armando “N”, Juan de Dios “N” y Héctor Alonso “N” ocuparon diversas fracciones de tres polígonos estatales situados en la colindancia norte del bulevar Tetakawi, sin contar con autorización ni derecho que justificara su ocupación.
La investigación señala que en dichos terrenos se realizaron actos materiales de despojo que afectaron la disponibilidad de los inmuebles, cuya propiedad y posesión corresponden al Gobierno del Estado, a través de Bienes y Concesiones.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó los datos de prueba correspondientes. Tras analizar los elementos expuestos, el juez resolvió vincular a proceso a los cinco imputados e imponerles prisión preventiva justificada como medida cautelar.
En relación con publicaciones difundidas en redes sociales que presentan el caso como una detención arbitraria y señalan que Héctor Alonso “N” tiene autismo, la FGJES precisó que la detención se derivó de una orden de aprehensión judicial por hechos investigados como presunto despojo.
Según la información disponible de la audiencia, dicha condición no fue manifestada por el imputado ni por su defensa durante la diligencia. Por ello, la Fiscalía señaló que no corresponde dar por acreditada esa afirmación únicamente a partir de una publicación. También sostuvo que, durante la detención, el probable responsable no mostró signos de dicha condición.
La dependencia reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio público, el cumplimiento de la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.
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Asimismo, indicó que, si se acredita legal y médicamente que alguno de los imputados presenta una condición del espectro autista, esta no implica por sí misma una exención automática de responsabilidad penal. Sin embargo, las autoridades deberán considerar las circunstancias particulares del caso y garantizar los apoyos, ajustes y salvaguardas que correspondan conforme a la ley, con pleno respeto a sus derechos.
Finalmente, la Fiscalía señaló que, si las personas involucradas pertenecen a grupos precaristas, el Gobierno del Estado buscaría atender sus necesidades de vivienda. No obstante, advirtió que no permitirá la apropiación de terrenos que forman parte del patrimonio estratégico de Sonora, aun cuando, según la dependencia, se pretenda presentar a los involucrados como víctimas de la autoridad.
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