CÁRTELES influyen en quién llega al poder; estos GOBIERNOS han sido acusados de NEXOS con el CRIMEN

Los cargos presentados contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han puesto bajo la lupa la relación simbiótica entre funcionarios mexicanos y los grupos de crimen organizado que deberían combatir.

El 23 de mayo, la fiscalía en México citó a Rocha Moya a declarar en respuesta a su acusación formal en Estados Unidos, donde el mes pasado los fiscales imputaron al exgobernador y a otros nueve funcionarios retirados y en ejercicio por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Este caso de alto perfil, que conecta a funcionarios con la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, es el ejemplo más reciente de la presunta corrupción al interior del Gobierno mexicano, pero está lejos de ser el primero.

• La colaboración entre funcionarios estatales —incluidos secretarios de seguridad, fiscales generales estatales y gobernadores— es una historia más antigua que los 20 años de guerra contra el narcotráfico en México. La corrupción ha sido durante mucho tiempo un componente central de las operaciones del crimen organizado mexicano, y la impunidad resultante ha sido un factor clave en el ascenso de los grupos criminales más poderosos del país.

De acuerdo con InSight Crime estos son los casos emblemáticos de corrupción de alto nivel que dejaron al descubierto la profundidad de los vínculos criminales dentro del establecimiento político de México.

Mario Villanueva Madrid – Gobernador de Quintana Roo (1993-1999)

El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue acusado de hacer tratos con el Cartel de Juárez para garantizar que los cargamentos de cocaína del grupo transitaran de forma segura por el estado. Villanueva fue declarado culpable de recibir entre US$400.000 y US$500.000 por cada envío y de lavar más de US$11 millones en sobornos a través del sistema financiero estadounidense.

Antes de terminar su mandato como gobernador, Villanueva Madrid huyó durante una investigación de las autoridades mexicanas. Poco después de dejar el cargo en 2001, fue acusado formalmente por fiscales estadounidenses en Nueva York. Evadió la justicia hasta mayo de 2001, cuando fue capturado por el ejército mexicano.

Inicialmente, Villanueva Madrid cumplió su condena en el Estado de México. Pero tras una prolongada disputa diplomática entre Estados Unidos y México, se convirtió en el primer exgobernador estatal en ser extraditado de a Estados Unidos, el 8 de mayo de 2010.

• Villanueva Madrid fue posteriormente condenado a 131 meses de prisión por conspirar para lavar millones de dólares en sobornos del narcotráfico que recibió del Cartel de Juárez. Debido a problemas de salud, fue repatriado a México en diciembre de 2016.

Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba – Gobernador de Tamaulipas (1999-2005)

Las autoridades mexicanas emitieron una orden de captura internacional contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en 2012. Sobre la base de los cargos presentados en su contra en México, fue acusado formalmente un año después en Texas por aceptar millones de dólares en sobornos del Cartel del Golfo y Los Zetas.

Los fiscales alegaron que Yarrington, también miembro del PRI, comenzó a colaborar con narcotraficantes cuando era alcalde de la ciudad fronteriza de Matamoros. Según la acusación, Yarrington ayudó a grupos criminales a introducir cocaína en Estados Unidos a través del puerto del Golfo de Veracruz. Posteriormente, invirtió parte de las ganancias ilícitas de estos arreglos en propiedades y empresas de construcción en Texas, de acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI).

• Yarrington huyó de México en 2012. Cinco años después, el 9 de abril de 2017, fue detenido en Italia y extraditado a Estados Unidos un año más tarde. En 2021, admitió haber aceptado más de US$3,5 millones en sobornos y haber utilizado ese dinero para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos.

Aunque Yarrington fue liberado en noviembre de 2024, aún es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, según reportes de prensa mexicanos. En abril de 2025, fue devuelto a México para cumplir una segunda condena por lavado de dinero, según informes de prensa.

Eugenio Hernández Flores – Gobernador de Tamaulipas (2005-2010)

Otro exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue acusado formalmente por cargos de lavado de dinero en Texas en 2015. Hernández fue señalado de aceptar sobornos de Los Zetas a cambio de permitir que el grupo operara con impunidad en Tamaulipas, y de lavar ese dinero a través de bancos estadounidenses e inversiones inmobiliarias.

Según reportes de medios locales, la policía estatal de Tamaulipas arrestó a Hernández en Ciudad Victoria en octubre de 2017. Su extradición fue aprobada en marzo de 2018 por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero un juez mexicano finalmente la bloqueó. Las autoridades mexicanas retiraron posteriormente todos los cargos y Hernández fue liberado de prisión en 2023.

Genaro García Luna – Secretario de Seguridad Pública de México (2006-2012)

Como exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y secretario de Seguridad Pública del país entre 2006 y 2012, Genaro García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango condenados por vínculos con el crimen organizado.

• En 2019, García Luna fue acusado formalmente en Nueva York por cargos de narcotráfico y por aceptar millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de garantizar el paso seguro de cargamentos de cocaína de varias toneladas.
• En el juicio de 2018 contra Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el que había sido su socio, Jesús “El Rey” Zambada García, declaró haber sobornado a García Luna para que brindara protección al Cartel de Sinaloa.

García Luna residía en Estados Unidos cuando fue arrestado en Dallas, Texas. Tras su juicio en Estados Unidos en 2023, García Luna fue declarado culpable y condenado a 38 años de prisión.

Salvador Cienfuegos – Secretario de la Defensa Nacional de México (2012-2018)

El exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos fue acusado formalmente por fiscales del Distrito Este de Nueva York en 2019 por narcotráfico y lavado de dinero. Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en octubre de 2020 mientras se encontraba de vacaciones con su familia.

Cienfuegos fue acusado de coludirse con el Cartel H-2, una escisión de la Organización Beltrán Leyva (OBL). Sin embargo, el caso pronto se desmoronó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró todos los cargos y devolvió a Cienfuegos a México para ser investigado allí. Los fiscales atribuyeron el giro a “consideraciones importantes de política exterior”.

Cienfuegos fue posteriormente exonerado por los fiscales mexicanos, quienes, tras revisar sus registros financieros durante su tiempo en el cargo, no encontraron irregularidades.

Javier Duarte – Gobernador de Veracruz (2010-2016)

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue declarado culpable de asociación criminal y lavado de dinero tras coludir con grupos criminales locales.

Duarte desapareció en medio de una avalancha de acusaciones de corrupción tras renunciar a su cargo en octubre de 2016. Enfrentaba cargos que incluían peculado y malversación de más de US$26 millones en fondos estatales, así como vínculos con el crimen organizado. Fue arrestado meses después en Guatemala, extraditado a México y condenado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los cargos en su contra.

Aunque Duarte debía terminar de cumplir su condena a principios de este año, actualmente enfrenta nuevos cargos por presuntas irregularidades en el manejo de 5 millones de pesos (US$290.000) de fondos públicos, según reportes de prensa.

Edgar Veytia – Exfiscal general del estado de Nayarit (2013-2017)

Edgar Veytia, exfiscal general de Nayarit, fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico en 2019.

Veytia fue declarado culpable de dirigir a funcionarios corruptos para que apoyaran al Cartel H-2 a cambio de sobornos mensuales.

Durante su gestión, funcionarios estatales liberaron de prisión a miembros y asociados del grupo tras haber sido arrestados por delitos relacionados con las drogas, ordenaron a policías corruptos realizar intervenciones telefónicas y arrestos contra narcotraficantes rivales, y asistieron a grupos del crimen organizado en la ejecución de asesinatos y otros actos de violencia, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Hernán Bermúdez Requena – Exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco (2019-2024)

En septiembre de 2025, las autoridades de Paraguay arrestaron a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, quien era buscado por asociación ilícita, extorsión y secuestro. Bermúdez Requena también fue acusado de liderar una célula criminal local vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocida como “La Barredora”, durante su tiempo en el cargo.

• Tras hacerse públicas las acusaciones, Bermúdez Requena huyó de México. Después de su arresto en Paraguay en septiembre de 2025, fue extraditado a México, donde permanece bajo custodia. Su juicio está programado para iniciar el 1 de junio de 2026.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca – Gobernador de Tamaulipas (2016-2022)

En 2021, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), se convirtió en el quinto gobernador de Tamaulipas acusado de vínculos con el crimen organizado.

Un año antes de que concluyera su mandato, la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra.

En mayo de ese año, los fiscales mexicanos acusaron a Cabeza de Vaca de crimen organizado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alegó que también desvió fondos públicos y facilitó la importación y el contrabando ilegal de combustible, práctica conocida en México como huachicol fiscal, según reportes de medios locales.

A medida que estas acusaciones salieron a la luz, Cabeza de Vaca huyó de México al dejar el cargo y reside en Estados Unidos desde 2022. Sigue negando cualquier irregularidad y alega persecución política. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una solicitud de extradición en mayo de 2026, pero los procedimientos aún no han concluido.

Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa (2021-2026)

Rocha Moya fue gobernador del estado de Sinaloa hasta que pidió licencia a principios de mayo tras ser acusado formalmente por fiscales del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y delitos con armas de fuego.

Según los fiscales estadounidenses, Rocha Moya presuntamente se asoció con la facción de los Chapitos del Cartel de Sinaloa, liderada por los hijos de El Chapo, para facilitar sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos. La acusación también incluyó a otros nueve funcionarios, dos de los cuales se entregaron a las autoridades estadounidenses, según The Guardian.

• Rocha Moya también es sospechoso de haber ganado las elecciones de 2021 con ayuda de los Chapitos, quienes secuestraron e intimidaron a los rivales políticos de Rocha Moya, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA). Rocha Moya ha negado esta y todas las demás acusaciones en su contra.

Acusan a 21 alcaldes de nexos con el crimen organizado

El pasado 23 de septiembre comenzó a fluir la información: tras un operativo de fuerzas federales, Miguel Sánchez Altamirano, el presidente municipal morenista de Juchitán, acababa de ser detenido.

Se le imputaban delitos graves, específicamente, nexos con un grupo del crimen organizado que mantenía al municipio sumido en un clima de violencia desde hace meses, principalmente por los asesinatos ligados al “cobro de piso” a comerciantes y transportistas.

• Junto con Miguel Quetu, como también se conoce al edil más votado en la historia de Juchitán, había caído una segunda persona apodada “La Parka”, mientras que su suplente, Mariano Rosado, se había dado a la fuga. Un día después fue detenido un tercer sujeto, el excomisionado de la Policía Municipal.
• A todos se les imputaban presuntos vínculos con “Los Cromos”, una célula criminal que funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec y a la cual se le atribuyen 70 por ciento de los 957 homicidios dolosos cometidos en esta región en de 2022 a la fecha.

Aunque lo sucedido en Juchitán acaparó los reflectores nacionales por varios factores —como un presunto intento de policías municipales de rescatar al edil o las más de 48 horas que pasó la ciudad sin alcalde antes de que el Congreso del Estado de Oaxaca formalizara la desaparición de poderes y designara a un comisionado municipal—, no se trata de un caso aislado. De hecho, solo en los últimos dos años al menos 25 presidentes municipales han sido detenidos mientras estaban en funciones; de ellos, 21 están acusados de delitos vinculados a la delincuencia organizada.

Los nexos con el narco

De acuerdo con una revisión realizada por La Silla Rota, en los dos años que lleva Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República se han acumulado 25 detenciones de ediles, cuatro de ellas motivadas por delitos del fuero común como asesinatos, desapariciones forzadas, corrupción, desvío de recursos e incluso violación. Los otros 21 alcaldes, que se encontraban en el ejercicio de sus funciones, fueron aprehendidos por delitos del fuero federal y, en específico, son investigados por presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

La primera gran operación ocurrió en noviembre de 2024 en el Estado de México, cuando autoridades detuvieron a siete funcionarios municipales dentro de la Operación Enjambre. Entre ellos estaba María Elena Martínez Robles, entonces presidenta municipal de Amanalco. Las investigaciones relacionaron a funcionarios de distintos municipios con delitos como secuestro, homicidio y delitos contra la salud.

• En Zacatecas, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, exalcalde de Apulco, fue desaforado en octubre de 2024 después de que la Fiscalía estatal solicitó retirar su fuero por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa.
• Permaneció prófugo hasta julio de 2025, cuando fue detenido junto con otras personas señaladas como integrantes del CJNG. El caso también quedó marcado por la elección de 2024, cuando habitantes denunciaron el robo de boletas y señalaron una presunta intervención criminal en favor de Jáuregui.

En Morelos, las investigaciones alcanzaron a los gobiernos de Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla. Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, fueron detenidos en mayo de 2026 en una investigación por extorsión. Días después fue detenido Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, señalado por delincuencia organizada y extorsión y relacionado por las autoridades con una estructura del Cártel de Sinaloa. Los congresos locales iniciaron procedimientos para sustituir a algunos de los alcaldes detenidos.

El caso más reciente es el del también morenista Jorge Lorenzo Lara Cordero, edil del municipio de Suchiapa, en Chiapas, detenido el pasado tres de octubre, acusado de liberar a presuntos narcomenudistas y vinculado a proceso tres días después, el día seis. De hecho, de los 21 alcaldes que fueron detenidos por sus nexos con grupos criminales, ninguno ha salido libre y todos permanecen en prisión: 20 de forma preventiva tras ser vinculados a proceso por los delitos que les imputan, y una alcaldesa incluso ya fue sentenciada.

Además, existen al menos otros cuatro presidentes municipales que se consideran oficialmente prófugos, tras evadir la acción de la justicia y lograr escapar antes de ser detenidos como parte de despliegues policiacos con acciones simultáneas en los territorios que gobiernan. De ellos, a uno se le persigue por el delito de lesiones, que pertenece al fuero común, y tres más huyeron para no enfrentar los delitos que se les imputan y que son de orden federal, específicamente vinculados a la delincuencia organizada.

Se trata de los ediles Francisco Chambé, de Ocozocoautla, Chiapas, emanado del Partido Verde y acusado de colusión con el crimen organizado; de Alfredo Ramírez Hernández, perredista quien gobernaba el municipio poblano de Ahuazotepec y es acusado de extorsión agravada, robo de transporte de carga pesada y narcomenudeo; y Alfonso Baca Sevilla, de MC,quien gobernaba el municipio de Paraíso, en Tabasco, y logró evadir al Operativo Enjambre la Secretaría de Seguridad federal, en agosto pasado; posteriormente apareció en un video asegurando que es inocente de los delitos de acopio de armas exclusivas de las fuerzas armadas, narcotráfico y protección a redes de robo de hidrocarburos. Los tres presuntamente están relacionados con grupos delincuenciales.

Puebla y Chiapas, a la cabeza de las capturas

Al revisar el mapa de las detenciones de presidentes municipales en funciones que son vinculados al crimen organizado, se observa que los golpes a las estructuras criminales que presuntamente protegían o encabezaban estos 21 munícipes detenidos se concentran en los estados del centro y sureste del país, con casos en el Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. La excepción son los dos casos que se han registrado en Jalisco, tras la aprehensión de los ediles de Tequila y Teuchitlán: el morenista Diego Rivera Navarro y el emecista José Ascensión Murguía Santiago, respectivamente.

No figura ni un solo caso en entidades del norte del país. Tampoco se han registrado detenciones en estados históricamente considerados como bastiones de los cárteles de la droga, como Sinaloa, Michoacán o Guerrero. La excepción, otra vez, son las dos detenciones que tuvieron lugar en Jalisco.

Por número de casos, Puebla es la entidad con más detenciones de ediles vinculados al crimen organizado, con seis. El caso de los tres hermanos González Vieyra es el foco de atención, al tratarse de capturas resultado de los llamados Operativos Enjambre.

• El 7 de marzo de 2025, en acciones simultáneas, fueron aprehendidos los hermanos Uruviel, alcalde de Chalchicomula, conocida como Ciudad Serdán; Giovanni González Vieyra, de Tlachichuca y Ramiro, gobernante de San Nicolás Buenos Aires; en esa región del oriente de Puebla la familia prácticamente ha mantenido el poder desde hace casi 20 años.

En segundo lugar se encuentra Chiapas, con cinco casos, entidad donde se registró la detención más reciente, en Suchiapa; le sigue el Estado de México con tres casos; Oaxaca, Morelos y Jalisco con dos cada uno, y aparece Veracruz con una detención.

Alcalde de Tequila, Jalisco

En febrero, fue detenido Diego ‘N’, alcalde de Tequila, Jalisco, señalado por presuntamente encabezar una red de corrupción para extorsionar a empresas cerveceras y tequileras.

Como parte del Operativo Enjambre, además del alcalde, fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas del municipio.

Dichos funcionarios están señalados de haber participado en la estructura criminal liderada por el alcalde.

Sin embargo, Diego ‘N’, exalcalde de Tequila, había negado las acusaciones de extorsión a tequileros y argumentó que no existían denuncias penales en su contra.

La mano del crimen, desde las elecciones

Especialistas en seguridad consultados por La Silla Rota señalaron que la cifra de alcaldes detenidos revela que el crimen organizado ha adquirido capacidad para intervenir en elecciones e imponer a presidentes municipales en distintas regiones del país.

Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa, y Rodrigo Peña, especialista en seguridad e investigador del Colegio de México, coincidieron en que los grupos criminales han participado cada vez con mayor claridad en las elecciones durante las últimas dos décadas, mediante violencia, amenazas y financiamiento, con el objetivo de incidir en quién llega al poder municipal y utilizar las estructuras de gobierno para ampliar su control territorial.

Peña definió este fenómeno como “gobernanza criminal”, un esquema en el que el gobierno municipal deja de ser ejercido exclusivamente por la autoridad formal y pasa a construirse mediante relaciones entre funcionarios y organizaciones criminales.

“Es posible afirmar que muchos grupos criminales en el país deciden el rumbo de las elecciones”, sentenció el especialista.

• El caso de Juchitán, Oaxaca, es uno de los ejemplos más recientes. Peña señaló que este tipo de casos hacen visible la relación que existe entre autoridades municipales y organizaciones criminales que adoptan distintos grados de coordinación, subordinación o simulación. “El crimen ya participa en la gobernanza municipal”: Rodrigo Peña

Rodrigo Peña describe estos casos bajo el concepto de “gobernanza criminal”, un esquema en el que el gobierno municipal no es ejercido exclusivamente por la autoridad formal, sino mediante una relación entre redes gubernamentales y grupos criminales.

• El especialista señaló que estas relaciones pueden adoptar distintas formas, desde la coordinación hasta la subordinación o la sumisión abierta. Explicó que el fenómeno ha evolucionado de un control concentrado en actividades como el cobro de piso hacia una intervención directa en la política municipal.

Esto se debe, de acuerdo con Peña, a que las organizaciones criminales ya no buscan únicamente obtener recursos económicos, sino también influir en quién ocupa los cargos públicos. Esto puede ocurrir mediante el condicionamiento de candidaturas, la presión sobre funcionarios y la intervención en procesos electorales.

“Es posible afirmar que muchos grupos criminales en el país deciden el rumbo de las elecciones”, dijo en entrevista con La Silla Rota.

Peña explicó que los municipios son particularmente vulnerables cuando combinan instituciones débiles con una ubicación estratégica, como carreteras, puertos o zonas donde existen mercados ilícitos y actividades de extorsión.

De Morena la mitad de los alcaldes presos

Por partido político, Morena encabeza la lista, pues nueve de los ediles con presuntos vínculos con el narcotráfico emanaron de sus filas o llegaron al poder gracias a coaliciones que encabezó; en segundo lugar, figura Movimiento Ciudadano, con sus colores aparecen seis alcaldes actualmente presos. Le siguen el PAN y el PRI con dos casos cada uno, y el PRD, el Partido Verde Ecologista de México y el partido local Chiapas Unido con un presidente municipal detenido cada uno.

El cobro de piso se opera desde el palacio

Vínculos con una red de extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, así como mantener el control del narcomenudeo, el tráfico de personas y los homicidios, además de facilitar un esquema de protección para que grupos criminales operaran con libertad: de todo esto se acusa e investiga a Miguel Quetu, el edil de Juchitán.

Como a él, a la gran mayoría de presidentes municipales detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado se les imputa dicho delito: extorsión agravada. Según la base de datos elaborada con información del recuento periodístico realizado por este medio, 12 de los alcaldes detenidos y procesados enfrentan esta acusación. Tal es el caso de la morenista Blanca Janet Chu López, de Jiquipilas, Chiapas; del panista Agustín Toledano Amaro, de Atlatlahucan, Morelos, y del priista Ari Patrick Mendiola Mondragón, de Almoloya de Alquisiras, en el Estado de México.

• En segundo lugar se ubica el delito de delincuencia organizada, donde se incluye a quienes se les imputa mantener vínculos cercanos con grupos delincuenciales, incluidos cárteles del narcotráfico; este delito se le imputa a 10 de los detenidos, entre ellos los hermanos Uriel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, los tres emanados de Movimiento Ciudadano.

Cinco de los munícipes enfrentan señalamientos por extorsión agravada y delincuencia organizada. De ellos destaca el caso de Tequila, Jalisco, cuyo presidente municipal de extracción morenista, Diego Rivera Navarro, fue detenido el pasado cinco de febrero de este año y fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión agravada y delincuencia organizada. A él se le investiga específicamente por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El problema en cifras

De acuerdo con un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), basado en el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, el primer semestre de 2026 cerró con un total de 6,562 víctimas de extorsión. Esta cifra representa un repunte del 9.17 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en un promedio de 36 personas o negocios afectados cada 24 horas en el país.

• El impacto geográfico de este delito no es homogéneo, sino que se ha ensañado con regiones específicas. Los registros recopilados por la cúpula empresarial sitúan al estado de Morelos a la vanguardia de esta crisis, con la tasa más alta a nivel nacional al registrar 18.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido de cerca por Querétaro con 15.5, Zacatecas con 13.2, la Ciudad de México con 12.7 y Baja California Sur con 12.4.
• El municipio morelense de Cuautla se perfila como el epicentro de la problemática en toda la República, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes. Su presidente municipal en funciones, el panista Jesús Corona Damián, fue detenido desde el 3 de mayo pasado y vinculado a proceso por los delitos de extorsión agravada y delincuencia organizada. A él específicamente se le imputan presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

En contraste, según los expedientes iniciados ante ministerios públicos, entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 5,704 casos de extorsión, argumentando una reducción del 5.11 por ciento respecto a 2025. Esta tendencia a la baja fue respaldada posteriormente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reportó un descenso del 2.8 por ciento en el acumulado de los primeros ocho meses del año.

Pese al choque de cifras entre las autoridades y el sector privado, la verdadera dimensión de la extorsión permanece oculta bajo la impunidad. Según los datos históricos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra de este delito ronda el 97 por ciento, lo que significa que de cada cien extorsiones perpetradas en México, apenas tres llegan a denunciarse de manera formal. El resto, las otras 97, permanecen sepultadas en el silencio./PUNTOporPUNTO