Las investigaciones periodísticas tumbaron a Taddei

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE demuestra, una vez más, que cuando fallan los controles internos, cuando los órganos fiscalizadores llegan tarde y cuando las instituciones prefieren mirar hacia otro lado, queda el periodismo para abrir las cloacas del poder.

Su salida ocurre después de una sucesión de revelaciones periodísticas sobre presuntos conflictos de interés, relaciones personales con proveedores e irregularidades en contrataciones del organismo electoral.

Ahí está precisamente la importancia del periodismo.

Las investigaciones de Reforma, Latinus, El Financiero y otros medios colocaron bajo los reflectores relaciones que difícilmente podían considerarse irrelevantes para una institución que maneja miles de millones de pesos y cuya credibilidad depende, precisamente, de mantenerse por encima de cualquier sospecha.

Reforma documentó encuentros entre Taddei y empresarios relacionados con contrataciones del Instituto, mientras Latinus difundió imágenes de un hijo de la todavía consejera presidenta acompañado en París por José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras de organismos electorales.

Mientras ello ocurría, las autoridades responsables de supervisar, vigilar y sancionar los actos fuera de la ley de servidores públicos volteaban la vista hacia otro lado.

Ya con las pesquisas periodísticas, la ASF, por su parte, abrió una investigación de oficio sobre posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, al igual que la UIF.

Desde luego, en este ominoso caso también hay fuego amigo que filtró audios y videos a los medios de comunicación.

Claro, la dimisión de Taddei no resuelve la crisis del INE. Apenas inaugura otra.

Ahora viene el proceso del nombramiento del nuevo presidente del Instituto. En primera instancia, las consejeras y consejeros deberán elegir de entre ellos a una presidencia provisional.

Después corresponderá a la Cámara de Diputados poner en marcha el procedimiento constitucional para designar a quien concluirá el periodo que correspondía a Taddei, hasta 2032.

Ricardo Monreal calcula que el proceso tardará entre cuatro y cinco semanas. La designación definitiva requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes y contempla una convocatoria pública, evaluación de perfiles y los mecanismos constitucionales previstos en caso de que no exista acuerdo político.

El desafío consiste en impedir que la crisis provocada por su salida sea aprovechada para profundizar la politización del árbitro electoral.

Morena y sus aliados tienen una enorme responsabilidad. La persona que llegue a presidir el INE deberá demostrar independencia respecto del gobierno, de la oposición y de cualquier partido. Si el proceso termina convertido en un reparto de cuotas o en la imposición de un perfil identificado con el oficialismo, el relevo habrá servido de muy poco.

Porque el deterioro institucional no comenzó ayer.

Durante los últimos años, el INE ha enfrentado confrontaciones internas, cuestionamientos presupuestales, diferencias entre consejeros y críticas sobre su autonomía. Ahora se agrega una crisis derivada de las investigaciones sobre contrataciones durante la gestión de su presidenta.

Todo ello ocurre cuando ya está en marcha el proceso electoral federal 2026-2027.

El reloj electoral no se detiene mientras el INE se recompone.

Además, la salida de Taddei inevitablemente colocará bajo mayor escrutinio a funcionarios y colaboradores vinculados a su administración y a integrantes de su entorno que ocupen posiciones públicas.

La gran pregunta es si habrá tiempo para reconstruir la nueva estructura operativa del INE antes de las elecciones de 2027.

La institución cuenta con un servicio profesional electoral y una estructura técnica acumulada durante décadas. Eso juega a favor de su continuidad; veremos si el nuevo consejero presidente respeta a los cuadros formados en el Instituto Electoral o mete a sus cuates como lo hizo Taddei.

Cambiar a la persona que ocupa la oficina principal no limpia automáticamente la institución.

Habrá que auditar contratos, transparentar licitaciones, deslindar responsabilidades, revisar los controles internos y explicar públicamente qué ocurrió.

El periodismo hizo su parte al colocar los hechos bajo la luz pública. Ahora corresponde a la ASF, al Órgano Interno de Control, a las autoridades competentes y a la UIF hacer la suya.

En tanto, México necesita un árbitro electoral impoluto y que no vista camiseta partidista alguna.