Libres, sólo si aceptan irse de EU

Los inmigrantes que entraron al país de manera ilegal no tienen derecho a solicitar fianza mientras están bajo custodia y enfrentan procesos de deportación, incluso si han echado raíces en Estados Unidos, resolvió el viernes un tribunal federal de apelaciones.

En una decisión de 10 votos contra 7, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, determinó que las leyes migratorias vigentes permiten al gobierno federal mantener detenidos a los inmigrantes hasta que sean deportados, sin importar si han hecho su vida en Estados Unidos y carecen de antecedentes penales.

El juez Cory Wilson, designado por Trump, escribió en el fallo del tribunal que, si los inmigrantes indocumentados no han sido admitidos legalmente en Estados Unidos, solo tienen derecho a lo que el Congreso haya establecido en las leyes migratorias. Añadió que, si los inmigrantes indocumentados bajo custodia quieren quedar libres, "pueden hacerlo en cualquier momento aceptando abandonar el país".

En una opinión concurrente, el juez Andrew Oldham coincidió.

"Como esos extranjeros siguen sin ser admitidos legalmente, reciben exactamente los mismos derechos de debido proceso que tendrían si hubieran entrado por un puerto de entrada legal, que son los derechos que el Congreso decida otorgarles", escribió Oldham.

El juez Leslie Southwick, designado por George W. Bush, escribió en su opinión disidente que el fallo ha creado un "muro impenetrable entre la Constitución y estos residentes de largo plazo".

Rebecca Cassler, abogada litigante sénior del Consejo Americano de Inmigración, quien argumentó el caso ante el Quinto Circuito, dijo que el fallo del tribunal es un ataque a los derechos constitucionales de debido proceso, garantizados a toda persona que vive en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio.

"El derecho al debido proceso es una protección constitucional fundamental y está pensado para proteger a todas las personas en este país. Por la decisión de hoy, ese derecho queda vacío para los inmigrantes en Texas, Luisiana y Misisipi", dijo. "Pero la lógica de la decisión del Quinto Circuito amenaza a todos en este país: cuando los tribunales degradan el significado de la libertad para algunos, todos sufrimos las consecuencias".

Esfuerzos de deportación masiva

El caso surge de la detención de tres hombres en Texas, arrestados por policías estatales entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 durante paradas de tránsito de rutina. Los tres han vivido en el país al menos 14 años, trabajaron durante ese tiempo y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Los policías los entregaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que los mantuvieron detenidos sin permitirles ver a un juez.

Ignacio Sosnava Rodriguez, Miguel Angel Gomez Alvarado y Alejandro Villegas Angel fueron liberados finalmente de la custodia de ICE después de que jueces federales determinaron que mantenerlos detenidos sin una audiencia de fianza violaba sus derechos de debido proceso. El gobierno de Trump apeló y argumentó que la ley migratoria federal establece que los inmigrantes indocumentados deben permanecer detenidos hasta su deportación sin audiencias de fianza, una política que puso en práctica en julio de 2025.

La decisión del viernes es una buena noticia para el gobierno de Trump, que ha dado prioridad a la aplicación de la ley migratoria como parte de sus esfuerzos de deportación masiva.

"Gran victoria en el Quinto Circuito sobre la detención obligatoria de extranjeros ilegales, un principio codificado en la legislación de 1996 pero ignorado durante décadas por el estado profundo", dijo en redes sociales James Percival, abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, en referencia a la ley migratoria del gobierno de Clinton que amplió la lista de inmigrantes que pueden ser deportados con mayor facilidad.

‘Rechazo al debido proceso’

Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración (National Immigration Project), que representa a los tres hombres de Texas, dijo que el público en general debería preocuparse porque un tribunal federal considere que el gobierno puede mantener a personas detenidas de manera indefinida y sin justificación.

"Vemos este caso como una afrenta al debido proceso, como el Quinto Circuito rechazando el debido proceso", dijo Willis. "Es realmente una extensión alarmante de este intento de criminalizar a los inmigrantes y mantenerlos detenidos sin ninguna oportunidad de ser liberados, lo que crea un ambiente de miedo".

Willis dijo que su organización aún evalúa qué acción legal tomar y no ha decidido si apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Explicó que los abogados de inmigración anticipan cómo reaccionarán los tribunales de distrito ante este fallo. Muchos jueces de distrito han resuelto que los inmigrantes detenidos en centros de detención tienen derecho a fianza siempre que no representen riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.

Aunque la decisión del viernes se limita al Quinto Circuito, que abarca Texas, Luisiana y Misisipi, el gobierno de Trump ha trasladado a muchos inmigrantes de otros estados a centros de detención en Texas.

Un cambio de política

Según las leyes migratorias federales, el gobierno puede deportar con rapidez a los inmigrantes indocumentados que cruzaron recientemente la frontera entre Estados Unidos y México sin darles la oportunidad de una audiencia de fianza. Pero para quienes habían vivido en Estados Unidos durante meses o años antes de ser detenidos, la ley les daba el derecho de impugnar su detención.

En julio de 2025, el gobierno de Trump anunció un cambio de política y sostuvo que cualquier persona arrestada por agentes de ICE, sin importar cuánto tiempo lleve en el país, no tiene derecho a fianza.

A principios de este mes, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó escuchar un caso distinto pero similar que impugna directamente la política de detención obligatoria del gobierno de Trump.

Según ProPublica, los inmigrantes presentaron más peticiones de hábeas corpus, un procedimiento legal que permite a una persona detenida por el gobierno impugnar su encarcelamiento, en los primeros 13 meses del segundo gobierno de Trump que en los tres gobiernos anteriores combinados.

Desde enero de 2025, los inmigrantes han presentado más de 89,000 peticiones contra el gobierno de Trump para solicitar su liberación.

El fallo del viernes no impide que otros detenidos presenten peticiones de hábeas corpus si entraron al país de manera legal.

Politico encontró que más de 400 jueces federales, designados por presidentes de ambos partidos principales, han resuelto a favor del derecho de los inmigrantes al debido proceso en más de 5,000 casos desde el cambio de política del gobierno de Trump el año pasado.

En comparación, 41 jueces han respaldado la interpretación de la ley del gobierno en 250 casos, según un análisis de Politico de datos del gobierno federal.

El gobierno de Trump apeló algunos de los casos ante tribunales superiores, lo que ha dado lugar a fallos contradictorios.