Taddei se fue, pero el escándalo sigue: el INE necesita una limpieza a fondo

Guadalupe Taddei cayó de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, pero el problema político e institucional que deja detrás no se resuelve con su renuncia. La funcionaria cuya llegada celebró Andrés Manuel López Obrador terminó abandonando la conducción del árbitro electoral en medio de graves señalamientos sobre contratos millonarios, relaciones con proveedores, posibles conflictos de interés y presunto tráfico de influencias. Ahora corresponde demostrar que la exigencia de limpieza expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por legisladores relevantes de Morena no fue solamente una reacción ante el escándalo. Porque una cosa es desprenderse de una funcionaria cuestionada y otra, mucho más importante, investigar hasta el fondo lo ocurrido, deslindar responsabilidades y recuperar la credibilidad de una institución decisiva para la democracia mexicana.

Ayer lunes 26 de octubre, la Cámara de Diputados recibió formalmente la renuncia de Taddei, con efectos a partir de ese mismo día. Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció el inicio del procedimiento constitucional para elegir a quien ocupará la presidencia del Consejo General durante el periodo restante del mandato, que concluye en abril de 2032. Mientras tanto, deberá garantizarse una conducción provisional que permita mantener los trabajos institucionales y los preparativos electorales.

El desenlace comenzó a conocerse el domingo 25, cuando el propio INE difundió un comunicado anunciando la renuncia, retirado poco después sin una explicación suficiente. Apenas unos días antes, Taddei había rechazado separarse del cargo, defendido su actuación y denunció una campaña de descalificación. El tránsito entre aquella resistencia y su salida definitiva refleja la profundidad de una crisis que no puede presentarse como una simple controversia política ni como una decisión administrativa ordinaria.

Las revelaciones que precedieron su renuncia incluyen presuntas irregularidades en contrataciones de bienes y servicios electorales, posibles simulaciones de competencia entre empresas vinculadas, conflictos de interés y operaciones financieras que podrían implicar triangulación de recursos. Entre los empresarios señalados aparecen los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, relacionados con compañías proveedoras como Corporativo Zeg y Cajas Graf, involucradas en operaciones millonarias con autoridades electorales.

Las cantidades referidas alcanzan cientos de millones de pesos, pero el problema no se limita al monto. Lo fundamental es establecer si empresas que aparentemente competían entre sí mantenían vínculos que comprometían la autenticidad de las adjudicaciones, si recibieron ventajas indebidas y si funcionarios intervinieron en decisiones que favorecieron intereses particulares. Para ello deben revisarse contratos, registros societarios, expedientes, declaraciones de intereses, movimientos financieros y responsabilidades administrativas.

Uno de los episodios más comprometedores para la imagen pública de Taddei fue la difusión de imágenes de su hijo, Jorge Francisco Piñeda Taddei, en París, acompañado del empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado como proveedor del sector electoral. También circularon referencias a reuniones y celebraciones compartidas por familiares de la entonces presidenta, colaboradores del Instituto y empresarios relacionados con contrataciones públicas. Una fotografía, un viaje o una relación personal no prueban por sí mismos un delito, pero tampoco pueden despacharse como asuntos estrictamente privados cuando existen contratos públicos involucrados. Es indispensable investigar si hubo beneficios indebidos, gestiones para favorecer adjudicaciones o conductas constitutivas de tráfico de influencias.

A esos cuestionamientos se suman los relacionados con Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración del INE, por sus presuntos vínculos anteriores con empresas proveedoras, así como señalamientos sobre otro colaborador cercano a Taddei que habría fungido como representante de una compañía contratista. La investigación deberá determinar si existieron incompatibilidades, intervenciones indebidas u omisiones de funcionarios que tenían la obligación de proteger los recursos públicos.

La Auditoría Superior de la Federación anunció el viernes 23 de octubre una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones del INE y organismos públicos locales electorales, incluyendo sospechas de conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. También se han reportado investigaciones financieras relacionadas con empresas proveedoras. Ya no se trata únicamente de acusaciones ventiladas en la discusión pública: corresponde a las autoridades competentes examinar los indicios, documentar los hechos y determinar las responsabilidades que procedan.

Taddei negó haber incurrido en conflictos de interés y sostuvo que la presidencia del Instituto no intervenía directamente en las adjudicaciones. Tiene derecho a defenderse, presentar pruebas y exigir respeto al debido proceso. Pero su renuncia no puede cancelar las investigaciones ni sustituir las explicaciones que exige la ciudadanía. Si hubo delitos o faltas administrativas deberán sancionarse; si determinados señalamientos carecen de fundamento, también deberá acreditarse.

El problema incluye además la concentración de facultades administrativas. Las modificaciones legales de 2024 ampliaron las atribuciones de la presidencia del INE para realizar determinados nombramientos sin aprobación previa del Consejo General, provocando cuestionamientos sobre el debilitamiento de los controles colegiados. También surgieron inconformidades de consejeras respecto de designaciones que, a su juicio, no respetaban suficientemente la paridad de género. Estos antecedentes no demuestran delitos, pero sí justifican revisar los mecanismos internos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.

La crisis tiene igualmente una dimensión histórica y política que no puede ignorarse. Durante décadas, quienes hemos participado en organizaciones cívicas y ciudadanas defendimos la construcción y consolidación del Instituto Federal Electoral y posteriormente del Instituto Nacional Electoral. Lo hicimos convencidos de que México necesitaba un árbitro independiente del gobierno, capaz de garantizar elecciones auténticas y superar los tiempos en que el poder político intervenía en la organización de los procesos de los que dependía su propia permanencia.

Desde espacios como CONFÍO en México, el Foro Plural Jalisco, Conciencia Cívica Jalisciense, la Agrupación Valentín Gómez Farías y el Consejo Cívico Ciudadano, entre otras organizaciones, participamos en aquella defensa institucional. Pero jamás asumimos el compromiso de respaldar incondicionalmente a cualquier funcionario que llegara a dirigir el organismo. Por eso, cuando advertimos que las condiciones políticas de la renovación de su conducción debilitaban la confianza pública, tomamos distancia de quienes pasaron a encabezar el INE. Defender una institución no significa conceder inmunidad a sus dirigentes.

Guadalupe Taddei llegó a la presidencia en 2023, en medio de una profunda confrontación entre el gobierno de López Obrador y diversos sectores defensores de la autonomía electoral. Su designación y la de otros tres consejeros se realizaron mediante insaculación en la Cámara de Diputados, al no alcanzarse la mayoría calificada prevista para una elección ordinaria. Fue un procedimiento constitucionalmente permitido, que no debe confundirse con la posterior controversia sobre la integración legislativa de 2024. Sin embargo, su legalidad no eliminaba los cuestionamientos políticos ni dispensaba a la nueva presidenta de demostrar independencia y profesionalismo.

López Obrador cometió entonces un error político considerable al celebrar públicamente la designación de Taddei y defender su honestidad. Dijo que no la conocía personalmente, pero sí a su familia, a la que describió como progresista, democrática y honesta. Un presidente debió guardar mayor prudencia frente a la llegada de quien tendría la responsabilidad de encabezar una autoridad constitucionalmente autónoma. El árbitro electoral no necesita certificados de integridad expedidos desde Palacio Nacional.

Eso no significa responsabilizar al expresidente por irregularidades que eventualmente pudieran comprobarse durante la gestión de Taddei. Sería injusto hacerlo sin pruebas. Pero sí existe un costo político por haber comprometido públicamente su respaldo a una funcionaria cuya conducción terminó envuelta en cuestionamientos de considerable gravedad.

Ese desgaste alcanza también a Morena, aunque debe reconocerse que, frente al escándalo actual, no se ha observado una defensa partidista generalizada comparable a la expresada por López Obrador en 2023. Por el contrario, algunas figuras relevantes del oficialismo han reclamado esclarecimiento y consecuencias.

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena, ha señalado que la salida de Taddei no representa el final de la crisis del INE y que deben establecerse responsabilidades jurídicas y políticas, incluso mediante procedimientos constitucionales cuando correspondan. Ricardo Monreal también ha considerado pertinente revisar las facultades extraordinarias otorgadas a la presidencia del Instituto y ha insistido en que su sustitución debe apegarse estrictamente a la Constitución.

Por su parte, Claudia Sheinbaum exigió que se practicaran todas las auditorías necesarias, que se transparentara absolutamente todo y que no quedara ninguna sombra de corrupción sobre el INE. No exigió públicamente la renuncia de Taddei, pero tampoco salió a defenderla ni a minimizar las acusaciones. Esa posición merece reconocerse, aunque su trascendencia deberá medirse por los resultados y por el respeto a la independencia de las autoridades encargadas de investigar.

Es de esperarse, y sobre todo de desearse, que la postura sostenida hasta ahora por la presidenta y por figuras del oficialismo como Monreal y Ramírez Cuéllar no se diluya una vez consumada la salida de Taddei. La exigencia de investigar, transparentar y deslindar responsabilidades debe mantenerse hasta sus últimas consecuencias, sin encubrimientos ni consideraciones partidistas. Incluso por conveniencia política de Morena, resulta indispensable recuperar la credibilidad del árbitro electoral mediante una depuración institucional seria, sustentada en pruebas, y no mediante un simple relevo de funcionarios. Al partido gobernante tampoco le conviene enfrentar las elecciones de 2027 y 2030 con una autoridad desacreditada, porque cualquier resultado, incluso uno que le favorezca, podría quedar expuesto a cuestionamientos de legitimidad.

Pero la limpieza del INE debe realizarse respetando su autonomía. No corresponde a la presidenta ordenar una depuración del Consejo General ni imponer a quien sustituya a Taddei. Las responsabilidades deben investigarse por las autoridades competentes, conforme a la ley, sin protecciones políticas ni interferencias del Ejecutivo. La independencia institucional y la rendición de cuentas no se excluyen; por el contrario, deben fortalecerse mutuamente.

También conviene rechazar la idea de que todos quienes defendimos al INE lo hicimos por intereses partidistas o para proteger a sus consejeros. Numerosas organizaciones ciudadanas defendimos un organismo construido para impedir que el gobierno volviera a controlar las elecciones. Hoy, precisamente por esa misma convicción, exigimos transparencia, responsabilidades y una conducción confiable. Nuestra lealtad está con la democracia, no con las personas que temporalmente ocupan los cargos.

Tampoco sería aceptable que las sospechas sobre determinados funcionarios y proveedores se utilizaran para desacreditar indiscriminadamente a toda la institución. El INE cuenta con miles de trabajadores profesionales y capacidades técnicas construidas durante décadas. Los señalamientos de corrupción administrativa no prueban manipulación de resultados electorales ni justifican desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La institución es mucho más que su presidenta, y su operación debe mantenerse mientras se investigan las decisiones cuestionadas.

La sustitución plantea dos responsabilidades inmediatas: garantizar una presidencia provisional que dé continuidad a los trabajos y desarrollar en la Cámara de Diputados el procedimiento constitucional para elegir a la nueva persona titular del Instituto. La designación requiere mayoría calificada y contempla mecanismos de insaculación cuando no se alcanza el acuerdo. Lo indispensable es contar con una conducción profesional, independiente, íntegra y capaz de generar confianza más allá de las afinidades partidistas.

La urgencia se explica por la magnitud de las elecciones de 2027. El próximo 6 de junio México renovará las 500 diputaciones federales y elegirá gubernaturas en 17 entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. También estarán en disputa congresos locales, ayuntamientos y otros cargos públicos.

Desde la reforma político-electoral de 2014, los Organismos Públicos Locales Electorales mantienen competencias propias, pero dependen de una estrecha coordinación con el INE, responsable de funciones fundamentales como el padrón electoral, las listas nominales, la capacitación, la integración de mesas directivas de casilla, la geografía electoral y la fiscalización. Además, la autoridad nacional ha previsto asumir directamente los conteos rápidos de las 17 elecciones de gubernatura. Por ello, cualquier deterioro de su credibilidad puede proyectarse sobre los procesos estatales, aun cuando no exista evidencia de manipulación del voto.

Y en 2030 llegará la sucesión presidencial. México no puede enfrentar esas elecciones con una autoridad electoral sometida a sospechas graves que permanezcan sin esclarecer. La confianza no se decreta ni se recupera mediante comunicados. Mucho menos puede restablecerse cambiando a una persona mientras permanecen intactos los mecanismos que pudieron permitir irregularidades.

La Auditoría Superior de la Federación y las demás autoridades competentes deberán esclarecer las contrataciones cuestionadas, determinar quiénes intervinieron y establecer las consecuencias que procedan. El Instituto tendrá que revisar sus mecanismos de adquisición, prevención de conflictos de interés, supervisión administrativa y controles internos. Y la Cámara de Diputados deberá conducir el relevo sin convertirlo en una negociación para repartir posiciones o asegurar lealtades partidistas.

Las organizaciones ciudadanas tampoco debemos conformarnos con celebrar la salida de una funcionaria ni transformar el episodio en una revancha política. Nuestra exigencia debe ser conocer la verdad, deslindar responsabilidades y recuperar las condiciones de independencia e integridad que México necesita. Quienes defendimos al IFE y al INE no tenemos por qué defender ahora a sus dirigentes. Sería una contradicción con aquello que siempre hemos sostenido.

México no necesita un INE sometido al gobierno, pero tampoco un INE protegido de la rendición de cuentas por el solo hecho de ser autónomo. La autonomía no es impunidad. La independencia no es opacidad. Y defender las instituciones jamás debe confundirse con proteger a sus funcionarios.

Taddei se fue, pero el escándalo sigue. La verdadera limpieza comenzará cuando se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades y se corrijan los mecanismos que hayan permitido las irregularidades que lleguen a comprobarse. Porque en 2027 y 2030 México no puede acudir a las urnas con un árbitro bajo sospecha permanente. Necesita un INE limpio, impoluto, impecable y confiable. No como una aspiración retórica, sino como una garantía democrática.

La confianza ciudadana no se exige ni se improvisa: se merece, se construye y se demuestra.

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