Familias desplazadas de la Sierra exigen facilidades para comprar viviendas

Cuauhtémoc, Chih.- Decenas de familias desplazadas por la violencia en los municipios serranos de Moris y Uruachi se manifestaron este lunes en el fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, en Cuauhtémoc, para exigir al Gobierno de Chihuahua que les permita acceder a la compra de viviendas a precios accesibles.

Las familias, que aseguran haber abandonado sus comunidades hace más de dos años debido a las amenazas y la violencia relacionada con las disputas entre grupos del crimen organizado, solicitaron que se revise y, en su caso, se anule la subasta mediante la cual 165 viviendas del fraccionamiento fueron adjudicadas a una empresa inmobiliaria particular.

Durante la manifestación, acompañada por integrantes de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), los afectados señalaron que han solicitado en repetidas ocasiones el apoyo de las autoridades para acceder a una vivienda, sin obtener una respuesta favorable.

Representantes de las familias, quienes pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, explicaron que tuvieron que abandonar sus propiedades, ganado, siembras, muebles y herramientas, perdiendo así los bienes con los que sostenían económicamente a sus hogares.

Indicaron que, al llegar a Cuauhtémoc, se enfrentaron a los altos costos de las rentas, lo que los obligó a compartir viviendas entre varias familias mientras buscaban empleo y recursos para cubrir sus necesidades básicas y la educación de sus hijos.

Ante esta situación, señalaron que en febrero pasado ocuparon las viviendas deshabitadas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, con la intención de comprarlas y pagar por ellas al Gobierno estatal. Sin embargo, afirmaron que tuvieron que retirarse “después de ser amenazados y amedrentados por elementos policiales”.

Las familias aseguraron que posteriormente acudieron a distintas instancias municipales, estatales y federales para solicitar una solución, pero no obtuvieron respuesta. También indicaron que la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua (COESVI) subastó el fraccionamiento en junio, y que la empresa Inmobiliaria AHG resultó ganadora.

Como parte de su manifestación, las familias presentaron un documento dirigido al Comité de Enajenaciones, Depuración y Comodatos de la COESVI, mediante el cual solicitan la reversión o anulación de la subasta.

En el escrito, argumentaron que la autoridad estatal vulneró su derecho a la vivienda al vender el conjunto habitacional a una empresa particular, en lugar de ofrecer las casas a familias que necesitan un lugar donde vivir.

También acusaron a la COESVI de no responder por escrito a sus solicitudes de compra y de no publicar en los principales medios de comunicación de Cuauhtémoc la convocatoria para la subasta.

Entre los señalamientos, sostuvieron que la dependencia habría incumplido las bases del procedimiento al vender el fraccionamiento completo a una empresa inmobiliaria, en lugar de recurrir al esquema de compraventa individual a crédito contemplado para personas aseguradas y no aseguradas de Pensiones.

Asimismo, cuestionaron las condiciones de pago de la operación, pues, según el documento, la empresa habría entregado un pago inicial de 4.5 millones de pesos y tendría un año para cubrir los 40.5 millones de pesos restantes.

Las familias también señalaron presuntas violaciones a la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua y a la Ley de Vivienda, al considerar que la venta del conjunto habitacional debió someterse a la autorización del Congreso estatal.

Otro de los señalamientos se refiere a las acciones realizadas en el inmueble después de la subasta. Los inconformes afirmaron que la empresa comenzó a instalar cercas y a realizar propaganda sobre las viviendas, pese a que, según las bases de venta que citaron, existirían restricciones para ejecutar obras o actos de posesión material antes de la firma de la escritura pública.

Los manifestantes sostuvieron que las 165 viviendas fueron adquiridas por un monto total de 45 millones 623 mil pesos, lo que representa un costo promedio de aproximadamente 276 mil 503 pesos por unidad. En contraste, estimaron que la inmobiliaria podría venderlas a precios de entre 800 mil y un millón de pesos cada una.

Por ello, insistieron en que no buscan recibir las viviendas gratuitamente, sino tener la oportunidad de comprarlas de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Víctor Quintana, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, explicó que las familias solicitaron el acompañamiento del organismo ante la falta de respuesta de las autoridades a sus demandas de acceso a una vivienda.

Señaló que las personas afectadas tenían propiedades en Moris y Uruachi, pero tuvieron que abandonar sus comunidades debido a las amenazas y a la destrucción de sus hogares.

Indicó que desde febrero de este año las familias comenzaron a solicitar viviendas al Gobierno estatal y acudieron en repetidas ocasiones a la COESVI, dependencia que, de acuerdo con su testimonio, fue la única que les firmó de recibido sus solicitudes.

Quintana afirmó que las familias habían solicitado la posibilidad de adquirir las casas del fraccionamiento de Pensiones mediante un pago, pero se les informó que se encontraban en malas condiciones. Sin embargo, sostuvo que posteriormente esas mismas viviendas fueron subastadas.

El director de la organización consideró que el caso representa, por una parte, una falta de atención al derecho a la vivienda de las familias desplazadas y, por otra, posibles irregularidades relacionadas con la legislación estatal y las condiciones de la subasta.

Informó que el documento presentado por los afectados sería entregado directamente a la COESVI para solicitar formalmente que se revierta la operación.

Respecto a las acciones que realizarían las familias, Quintana señaló que permanecerían en el lugar hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Por su parte, Edy Fernández, visitador regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), informó que personal del organismo acudió al fraccionamiento en calidad de observador, luego de recibir información sobre la manifestación.
Explicó que el objetivo era verificar que las autoridades respetaran los derechos humanos de las personas presentes.

Fernández indicó que la CEDH mantiene un expediente relacionado con aproximadamente 30 o 40 personas por el desplazamiento forzado interno en la región.

Detalló que el organismo solicitó información a las autoridades municipales de Moris y que ya recibió una respuesta de esa instancia. También informó que se había solicitado información a la Presidencia Municipal de Uruachi y que estaban a la espera de la contestación correspondiente.

En cuanto a la disputa por las viviendas, el visitador señaló que el derecho a la vivienda existe, pero que los señalamientos de posibles irregularidades en la compraventa del fraccionamiento deberán ser atendidos por las vías legales correspondientes.

Explicó que, según la información disponible para el organismo, la operación involucró a las instancias responsables de los bienes de Pensiones y a la COESVI, por lo que las presuntas anomalías deberán esclarecerse mediante los procedimientos respectivos.

De acuerdo con estimaciones de asociaciones civiles y de personas afectadas, alrededor de 250 familias desplazadas han llegado a Cuauhtémoc en busca de condiciones de seguridad y oportunidades para reconstruir su vida luego de salir de sus hogares en Uruachi y Moris.

No tobas han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado o bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por temor a repercusiones